La escalada del crimen organizado y los atentados contra dirigentes políticos convierten la seguridad en el principal desafío del próximo presidente tras el fracaso de la ‘Paz Total’ de Gustavo Petro La escalada del crimen organizado y los atentados contra dirigentes políticos convierten la seguridad en el principal desafío del próximo presidente tras el fracaso de la ‘Paz Total’ de Gustavo Petro
Colombia afronta la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo bajo el peso de las armas sobre la democracia, una amenaza que creía … estar dejando atrás. El fracaso de la estrategia de ‘Paz Total’ impulsada por Gustavo Petro ha dejado un escenario marcado por el fortalecimiento del crimen organizado, el aumento de la violencia política y los atentados contra candidatos y dirigentes públicos. Analistas, organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad advierten de que el país atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años en cuanto a garantías democráticas.
El episodio más grave ocurrió hace menos de un año. El 7 de junio de 2025, el senador de la oposición y precandidato presidencial de Centro Democrático, Miguel Uribe, sufrió un trágico atentado por el que falleció semanas más tarde. El político, de 39 años, murió por graves heridas de bala tras más de dos meses en estado crítico en un hospital de Bogotá, su ciudad natal. Pero este no ha sido un hecho aislado.
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Hace apenas dos semanas, en Cubarral, una localidad situada a unos 120 kilómetros al sur de la capital, dos hombres ametrallaron el vehículo de Julián Cardona, excandidato a la alcaldía del municipio e integrante de la campaña presidencial de la senadora Paloma Valencia, tercera en intención de voto para este domingo. Cardona sobrevivió gracias al blindaje del coche en el que viajaba. Sin embargo, el mismo día, apenas doce horas más tarde, el exalcalde Rogers Mauricio Devia y su asesor Eder Fabián Cardona, ambos vinculados a la candidatura del ultraderechista Abelardo de la Espriella (la segunda fuerza después del aspirante oficialista), murieron en un atentado casi idéntico en la misma zona.
12.000 de recompensa
La campaña electoral transcurre así en un clima de extrema tensión. El avance de organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC ha condicionado el desarrollo de los actos políticos en numerosas regiones del país. La expansión de estas estructuras criminales ha incrementado la presión sobre alcaldes, gobernadores y aspirantes a cargos públicos.
La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre la gravedad de la situación. El organismo de derechos humanos ha subrayado que los ataques resultan especialmente preocupantes al producirse en pleno proceso electoral y por afectar directamente al ejercicio de los derechos políticos en varios territorios. La fragilidad institucional ha quedado aún más expuesta cuando Rafaela Cortés, gobernadora de Meta –donde ocurrieron los últimos atentados–, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos, unos 12.000 euros, a quienes aportaran información sobre los responsables de los magnicidios.
La escalada de violencia coincide con el deterioro de la estrategia de seguridad impulsada por Gustavo Petro desde su llegada al poder en 2022. El presidente apostó entonces por la ‘Paz Total’, un ambicioso plan que pretendía poner fin al conflicto armado mediante negociaciones simultáneas con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales. Aunque el gobierno logró varios ceses al fuego para proteger a la población civil, son muchos los que sostienen que las negociaciones facilitaron el rearme y la expansión territorial de los grupos.
El balance al final de la legislatura muestra una enorme distancia entre el ideal planteado y el resultado. Las estructuras armadas han reforzado su presencia en distintas regiones del país y han ampliado su control sobre economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la minería clandestina. Para la analista política Sandra Borda, el principal reto del próximo mandatario será precisamente restaurar la seguridad. La experta incide en que el diálogo con las organizaciones permitió que muchas de ellas aumentaran tanto su número de integrantes como su dominio territorial.
Las conversaciones con el ELN, la guerrilla más antigua de Colombia, atraviesan un bloqueo casi permanente. Aunque las partes alcanzaron acuerdos parciales y mantuvieron un cese al fuego relativamente prolongado, el proceso se fracturó cuando el Gobierno abrió negociaciones separadas con una facción regional en Nariño enfrentada a la dirección central del grupo. La cúpula acusó entonces al Ejecutivo de actuar con «doble juego» y respondió con nuevos ataques que rompieron el diálogo. Este mismo miércoles, a tan solo cuatro días de las elecciones, al menos doce soldados colombianos resultaron heridos en un ataque perpetrado por el ELN en el departamento caribeño de La Guajira, al norte del país.
La situación tampoco ha evolucionado favorablemente con las disidencias de las FARC. El Gobierno intentó articular un único canal de negociación, pero la fragmentación interna del grupo impidió cualquier avance sólido. Mientras algunos sectores estaban dispuestos a negociar, las facciones con mayor poder económico optaron por preservar las ganancias derivadas del narcotráfico y la minería ilegal. Esa división desembocó en una nueva fase de enfrentamientos en el suroeste del país, donde el Ejército batalla una cruda guerra contra el ala liderada por ‘Iván Mordisco’.
La ‘Paz Total’ ofrecía un esquema de sometimiento a la justicia a cambio de beneficios penales, pero la falta de un marco jurídico claro –consecuencia de un Congreso fragmentado que no lo ha aprobado– debilitó esta vía. En el caso del Clan del Golfo, considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia, las negociaciones también han sufrido constantes interrupciones. Durante el proceso de diálogo, el gobierno reactivó operaciones militares contra ellos y la organización retomó su interés en el control de las rutas del narcotráfico y la minería clandestina. Los avances se limitaron a frágiles treguas localizadas en ciudades como Medellín y Buenaventura.
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