El Gobierno ha decidido salir al contrataque frente al goteo de casos que le afectan con la denuncia de una especie de conspiración para derribarlo “con métodos no democráticos”, según ha explicado en los pasillos del Congreso Óscar Puente, que ha comparecido como una especie de portavoz oficioso del Ejecutivo para dar explicaciones sobre el contenido del auto del juez Santiago Pedraz. Aunque Puente no ha querido apuntar directamente a la justicia o a la UCO o a la UDEF, que investigan los casos más relevantes, y se ha lanzado más bien contra el PP; el ministro ha dejado sospechas sobre todos. “Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un Gobierno al que se quiere derribar no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos, y eso es inmoral. No vamos a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos no democráticos”, ha lanzado.
El PSOE, que alega que los pagos a Díez eran indetectables para la auditoria externa que hicieron, niega haber “ordenado, amparado ni cooperado” la presunta trama para “desestabilizar” procesos judiciales
El Gobierno ha decidido salir al contrataque frente al goteo de casos que le afectan con la denuncia de una especie de conspiración para derribarlo “con métodos no democráticos”, según ha explicado en los pasillos del Congreso Óscar Puente, que ha comparecido como una especie de portavoz oficioso del Ejecutivo para dar explicaciones sobre el contenido del auto del juez Santiago Pedraz. Aunque Puente no ha querido apuntar directamente a la justicia o a la UCO o a la UDEF, que investigan los casos más relevantes, y se ha lanzado más bien contra el PP; el ministro ha dejado sospechas sobre todos. “Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un Gobierno al que se quiere derribar no en las urnas, sino con otras artimañas, con métodos no democráticos, y eso es inmoral. No vamos a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos no democráticos”, ha lanzado.
Puente ha dicho que hay que dejar trabajar a la justicia, pero a la vez ha unido todos los casos, incluido el de Zapatero, el del hermano de Pedro Sánchez o su mujer, el del ex fiscal general, para concluir: “Tengo muy claro lo que está sucediendo. Parece que los tiempos de la justicia y la política se acompasan de manera sorprendente. ¿Qué probabilidades hay de que coincidan un caso que llevaba años y estas investigaciones?”, ha dicho sobre el juicio a la operación Kitchen y los últimos escándalos. A diferencia de Puente, un peso pesado del Gobierno y la dirección federal, Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, no ha esgrimido esa teoría de la persecución. La número tres de los socialistas ha asegurado en un mensaje en redes sociales que la formación “no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto” del juez Pedraz por el que han sido imputados, entre otros, su predecesor Santos Cerdán, la fontanera Leire Díez y la actual gerente de Ferraz, Ana María Fuentes.
El ministro, por su parte, también ha dudado de lo que señala el auto del juez Pedraz, basado en informes de la UCO, porque, según ha explicado, al menos dos personas supuestamente chantajeadas según ese auto ya han salido a decir que no fue así. Se refiere, por un lado, a Leticia de la Hoz, abogada que llevó la defensa de Koldo García en el caso mascarillas. El juez Pedraz señala en su auto que la trama liderada por Cerdán ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para que negase haber llevado 90.000 euros a Ferraz a través de la letrada, que negó este miércoles en un comunicado haber ofrecido ninguna cantidad de dinero a la empresaria, imputada en múltiples estafas.
El otro ejemplo al que ha aludido Puente es el de José Grinda. El auto judicial sostiene que el entonces fiscal anticorrupción habría sido objeto de un intento de soborno de 300.000 euros para que ofreciera información sobre el fiscal jefe, Alejandro Luzón. Sin embargo, el entorno de Grinda aseguró este miércoles a la Cadena SER que jamás recibió un soborno, ni siquiera un intento de ofrecimiento de pagos a él o su entorno.
Puente insiste en que la militancia socialista “está indignada” con esta sucesión de hechos, que él “no cree en las casualidades”, y ha recordado que un medio de comunicación (El Confidencial) adelantó que la UCO iba a entrar en la sede del PSOE y nadie investiga esa revelación de secretos mientras el fiscal general cayó por otra que, según él, no se demostró. “Hay causas judiciales que en otros casos no se producen. Hoy vemos cómo el secretario de Estado de Interior con el PP declara en un juicio en el que se ha dicho que se sacó el nombre de Rajoy de varios informes porque obligaron al policía que lo llevaba a hacerlo. Se juzga al hermano de Sánchez por trabajar de músico, lo que es, cuando la hermana de Moreno Bonilla logró una plaza con una candidata que tenía 11 puntos más y no pasa nada”, ha denunciado Puente, que ha verbalizado así algo que se comenta en muchos sectores del PSOE: que detrás de todos estos movimientos hay una maniobra orquestada para destruir a Sánchez y al Gobierno progresista.
La familiar del presidente andaluz obtuvo en 2019 una plaza pública con menos puntos que otra aspirante. Esa candidata impugnó, por supuesto, enchufismo del nombramiento de Dolores Moreno como directora de un conservatorio. María Dolores Moreno logró el 14 de junio de ese año la plaza de nueva directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga. Consiguió el puesto a través de un concurso extraordinario de méritos entre docentes del conservatorio, un procedimiento inusual para la sustitución provisional del anterior director del centro, que se jubiló el pasado junio. Según un informe reservado de la Inspección educativa, al que tuvo acceso EL PAÍS, obtuvo en el concurso 38,20 puntos sobre 50 posibles. Frente a ella, Esperanza Utrera, otra competidora por la misma plaza, obtuvo 49,50 puntos. La Fiscalía de Málaga archivó en febrero de 2020 las diligencias abiertas para investigar el procedimiento por el que se designó a la hermana del presidente de la Junta de Andalucía. El ministerio público concluyó que su designación se realizó “cumpliendo lo establecido en la norma”.
Puente también ha puesto en cuestión el caso Zapatero. “Zapatero se dedica más o menos a lo mismo que otros expresidentes en España y en el mundo. Y, sin embargo, al presidente Zapatero se le somete a una investigación en la que parece prescindirse de una circunstancia que para mí es vital desde el punto de vista jurídico, y es que este señor desde el año 2011, parafraseando a la señora Díaz Ayuso, es un ciudadano particular, no es un cargo público. Por tanto, no está sometido a las obligaciones que tiene un cargo público. Y este es un elemento esencial que parece estarse obviando no solo en la propia actuación judicial, sino también en el análisis que se hace de ella. Es algo asombroso”, ha insistido.
“Estoy en muchos grupos con muchos militantes socialistas, lo que hay es una profunda indignación. Esto va a tener el efecto contrario. Hay hartazgo por las filtraciones, por las coincidencias. Ayer se publicó algo falso, que había un registro en Ferraz por financiación ilegal, justo antes de la sesión de control. No creo en las casualidades y no me chupo el dedo”, ha rematado.
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