La vivienda se parece a un puzle. Todos sabemos cuál es la imagen que queremos conseguir, pero seguimos sin colocar la pieza que permite empezar a encajar las demás. Esa pieza es la reforma de la ley del suelo.
Esta medida no resolvería el problema inmobiliario por sí solo, pero contribuiría a aumentar la oferta de pisos
La vivienda se parece a un puzle. Todos sabemos cuál es la imagen que queremos conseguir, pero seguimos sin colocar la pieza que permite empezar a encajar las demás. Esa pieza es la reforma de la ley del suelo.
Hace tiempo que la vivienda se convirtió en el principal cuello de botella con capacidad de estrangular el crecimiento económico. O, como ha explicado con acierto Antón Costas, en un agujero negro que impide que los buenos datos macroeconómicos mejoren el día a día de las personas. Porque podemos hablar del crecimiento del PIB, del empleo o de la fortaleza de determinados indicadores. Pero al margen de cualquier estadística, pesa más que, para miles de ciudadanos, encontrar una vivienda asequible se haya convertido en una quimera.
La inflación preocupa porque reduce el poder adquisitivo de las familias. Basta con ir al supermercado para comprobarlo. Sin embargo, aún más inquietante resulta la dificultad de alquilar o comprar una vivienda, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas con mayor actividad económica. Estamos ante un problema que trasciende el mercado inmobiliario. Limita la capacidad de las empresas para atraer trabajadores allí donde más empleo se genera, retrasa la emancipación de los jóvenes, condiciona los proyectos familiares y termina afectando a la natalidad, a la movilidad laboral y, en definitiva, al potencial de crecimiento de España.
Por eso sorprende que una cuestión de esta trascendencia haya terminado convertida en un elemento más de la confrontación política. Que la vivienda ocupe un lugar central en el debate público es una buena noticia. Lo preocupante es que ese debate no sirva para acelerar las soluciones, sino para agravar el enfrentamiento. Los ciudadanos difícilmente entienden que, ante un problema que todos reconocen, los acuerdos brillen por su ausencia.
Porque el diagnóstico, en realidad, está bastante claro. España necesita construir unas 120.000 viviendas al año. El número de hogares crece a un ritmo muy superior al de la oferta disponible, y ese desequilibrio explica buena parte de las tensiones que vivimos. Como ocurre en la medicina, una vez diagnosticada la enfermedad, lo verdaderamente importante es acertar con el tratamiento.
Sería ingenuo pensar que existe una solución única. La vivienda es un problema alambicado en el que intervienen múltiples factores: financiación, disponibilidad de suelo, agilidad administrativa, colaboración entre administraciones, capacidad constructiva o falta de mano de obra, entre otros muchos.
Pues bien, en estos momentos lo más urgente y trascendental sería la reforma de la ley del suelo. No resolverá por sí sola el problema, pero sí puede desbloquear uno de los principales obstáculos que hoy frenan el aumento de la oferta. Por eso consideramos acertado que el Gobierno quisiera incorporarla al real decreto que finalmente no se aprobó el pasado martes, por la falta de apoyos parlamentarios.
Una falta de apoyos que resulta aún más difícil de entender cuando, en el fondo, existen más puntos de encuentro que de discrepancia. Las principales fuerzas políticas coinciden en la necesidad de incrementar la oferta de vivienda y también en la conveniencia de reforzar la seguridad jurídica del desarrollo urbanístico. Incluso las distintas propuestas que se han planteado en torno a la modificación del artículo 55 presentan más similitudes de las que muchas veces transmite el debate político.
Precisamente por eso ha llegado el momento de despolitizar esta cuestión. La vivienda no puede seguir siendo rehén de la aritmética parlamentaria. Estamos hablando de una preocupación que afecta directamente a millones de ciudadanos y que exige una mirada de largo plazo, capaz de situar el interés general por encima de los intereses partidistas.
La reforma de la ley del suelo responde, además, a un principio de puro sentido común. Hoy, un defecto formal en la tramitación urbanística puede provocar que todo un procedimiento tenga que retrotraerse, incluso cuando ese error sea perfectamente subsanable y no altere el fondo del expediente. Esa situación genera una enorme inseguridad jurídica que termina paralizando inversiones y retrasando durante años el desarrollo de nuevos suelos.
Como consecuencia, promotores e inversores retrasan el inicio de proyectos hasta tener la certeza de que no serán anulados por cuestiones meramente formales. Mientras tanto, el suelo edificable tarda mucho más en llegar al mercado y las viviendas que necesitamos siguen sin construirse. No es una cuestión de falta de capacidad del sector, pues no olvidemos que las constructoras españolas son líderes mundiales. Lo que pedimos es un marco normativo que aporte estabilidad y permita trabajar con reglas claras.
A ello se suma una burocracia que, en demasiadas ocasiones, desafía cualquier lógica. No puede ser que se tarde más en obtener una licencia que en ejecutar una obra. Esa realidad encarece los proyectos y dificulta que la oferta llegue al mercado con la rapidez que exige la demanda. Agilizar los procedimientos administrativos no significa rebajar garantías, sino hacer compatible la seguridad jurídica con una Administración más eficaz.
La vivienda constituye hoy uno de los grandes retos de nuestra sociedad y merece una respuesta a su altura. Frente a los agoreros y los argumentos populistas y catastrofistas, los datos muestran que no estamos ante la situación que desembocó en la crisis financiera de hace más de una década. El problema ya no es el exceso de construcción, sino precisamente el contrario: la falta de oferta suficiente para atender las necesidades de la población.
Por eso es el momento de tender puentes. De reforzar la coordinación entre administraciones, mejorar la interlocución entre todos los actores implicados y buscar acuerdos amplios que permitan avanzar.
La vivienda no entiende de calendarios electorales. Y la reforma de la ley del suelo no es una reivindicación sectorial. Es una herramienta necesaria para construir más casas, reducir la inseguridad jurídica y empezar a responder, con hechos y no solo con diagnósticos, a la mayor preocupación de los españoles. Cuando el problema nos afecta a todos, la responsabilidad debe ser compartida. Y esa responsabilidad exige diálogo, consenso y la voluntad de anteponer el interés general a cualquier cálculo político.
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