Hacienda ha dado su brazo a torcer y ha suspendido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este miércoles, postergándolo al próximo 4 de septiembre, según trasladan fuentes del departamento. La decisión llega tras la petición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular de aplazar al menos hasta septiembre la reunión, convocada para abordar un asunto de gran calado y con muchas aristas: la reforma del sistema de financiación diseñada por el ministerio. Los 11 consejeros autonómicos del PP realizaron su solicitud a través de una carta enviada el lunes al responsable de la cartera, Arcadi España, en la que reclamaban más tiempo e información para estudiar la propuesta.
Los consejeros del PP solicitaron el lunes posponer la cita, alegando falta de tiempo e información para analizar la propuesta del ministerio, que la retrasa al 4 de septiembre
Las autonomías del PP solicitaron el lunes posponer la cita, alegando falta de tiempo e información para analizar la propuesta del ministerio

Víctor Lerena (EFE)

Hacienda ha dado su brazo a torcer y ha suspendido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para este miércoles, postergándolo al próximo 4 de septiembre, según trasladan fuentes de Hacienda. La decisión llega tras la petición de las comunidades gobernadas por el PP de aplazar al menos hasta septiembre la reunión, convocada para abordar un asunto de gran calado y con muchas aristas: la reforma del sistema de financiación diseñada por el ministerio. Los 11 consejeros autonómicos realizaron su solicitud a través de una carta enviada el lunes al responsable del departamento, Arcadi España, en la que reclamaban más tiempo e información para estudiar la propuesta.
“Las comunidades autónomas firmantes seguimos sin disponer de la información imprescindible para analizar en profundidad la propuesta”, alegaban en la misiva los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP —Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León—, además de los representantes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La misiva también reproducía la crítica de fondo al nuevo modelo, que se ha convertido en una especie de mantra para la práctica totalidad de los territorios: el proyecto de reforma nace de un acuerdo bilateral entre el Gobierno y ERC, y no de una negociación multilateral.
El ministerio envió el pasado 10 de julio las primeras cartas técnicas a las consejerías autonómicas para trasladarles el borrador del nuevo sistema y anexos específicos sobre su impacto en cada autonomía. El planteamiento era el mismo que había presentado el pasado enero la entonces responsable de Hacienda, María Jesús Montero, y que preveía inyectar 21.000 millones adicionales al sistema. Pero con un matiz importante: la propuesta no estaba cerrada y el departamento se abría a negociar.
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