Tenían una carrera por delante, y muchos la vieron truncada por sus filiaciones políticas, su actividad profesional o simplemente por ser mujeres y llevar pantalones. Son al menos 511 personas vinculadas a la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) que fueron depuradas por las autoridades franquistas a partir de 1939. Por primera vez en sus 87 años de historia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación de España, creado por el dictador Francisco Franco sobre las cenizas de la JAE, publica un archivo con toda la información existente de estas depuraciones y sus víctimas. Los responsables de la investigación esperan ahora que sus familias puedan colaborar para completar su historia vital, pues de muchos no se sabe ni qué cara tenían, porque no hay fotos; solo las frías referencias de los archivos.
El mayor organismo científico de España reúne por primera vez las historias de más de 500 personas que sufrieron la depuración del régimen de Franco tras la Guerra Civil
Tenían una carrera por delante, y muchos la vieron truncada por sus filiaciones políticas, su actividad profesional, o simplemente por ser mujeres y llevar pantalones. Son al menos 511 personas vinculadas a la Junta de Ampliación de Estudios que fueron depuradas por las autoridades franquistas a partir de 1939. Por primera vez en sus 87 años de historia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el mayor organismo público de investigación de España, creado por Franco sobre las cenizas de la JAE, publica un archivo con toda la información existente de estas depuraciones y sus víctimas. Los responsables de la investigación esperan ahora que sus familias puedan colaborar para completar su historia vital, pues de muchos no se sabe ni qué cara tenían, porque no hay fotos; solo las frías referencias de los archivos.
El año que viene se cumplen 120 años de la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, una institución que fomentó como nunca antes estancias en el extranjero para los científicos españoles, y cuyo presidente vitalicio fue el primer Nobel de Medicina español, Santiago Ramón y Cajal. Durante décadas existió la narración de “brocha gorda”, a menudo interesada, de que el CSIC, creado en noviembre de 1939 para “la restauración de la clásica y cristiana unidad de las ciencias”, fue heredero de la JAE, y que hubo una continuidad completa entre ambos, explica la historiadora del CSIC Ana Romero. Ese relato es mentira, advierte: “Lo que este proyecto pone de manifiesto es que son muchas las rupturas y muy pocas las continuidades”, añade la investigadora, que ha dirigido durante dos años y medio el trabajo de buceo en 13 archivos oficiales y otras fuentes documentales para sacar a la luz las más de medio millar de historias de personal vinculado a la JAE depurado por el franquismo.

Por primera vez se han tenido en cuenta los casos no solo de investigadores científicos y catedráticos, sino del resto del personal necesario para hacer ciencia: la gente que trabajaba en el servicio, administración, taxidermia, preparación de muestras, dibujantes, archiveros. El catálogo incluye una detallada relación de los muchos destinos que tuvieron los depurados, desde los que pudieron seguir trabajando sin problemas, en ocasiones después de una doble investigación por parte de las autoridades republicanas y las fascistas, a las diferentes condenas, como la destitución sin paliativos publicada en el BOE seguida en muchos casos del exilio, la sanción, el recorte a la mitad del sueldo, la imposibilidad de ascender durante años, y otros castigos que en algunos casos se prolongaron hasta prácticamente la muerte de Franco, en 1975. “Este exceso de nomenclatura indica muy bien el exceso de la represión, y por eso hemos decidido mantenerlo”, explica Romero.
El nuevo archivo digital abierto al público se ha presentado hoy en un acto en la sede central del CSIC, en la calle de Serrano de Madrid, en cuyo friso hubo una loa a Francisco Franco durante décadas, eliminada desde 2010. El nuevo repositorio es parte del trabajo de esta institución para cumplir la ley de Memoria Democrática de 2022 y deshacerse de su legado franquista, incluida la retirada de los retratos del primer presidente, José Ibáñez, y su primer secretario general, el sacerdote vinculado al Opus Dei José María Alvareda, y el cambio de nombre de uno de sus 121 institutos: el Instituto de Química Física Rocasolano es ya el Instituto Blas Cabrera, en homenaje al insigne físico represaliado y exiliado. En el archivo figuran tanto los grandes nombres de represaliados como el fundador de la oceanografía en España Odón de Buen o el naturalista Ignacio Bolívar Urrutia, como otros que nadie conocía hasta que arrancó la investigación.
“Este trabajo estaba por hacer; no sabíamos ni quiénes eran, ni cuántos, ni en qué circunstancias fueron depurados”, explica Eloísa de Pino, presidenta del CSIC. Durante el acto se han recreado las historias de tres personas que representan diferentes variantes de la depuración. Ricarda Monero Fernández era empleada de servicio de la Residencia de Estudiantes. Por su participación en un comité durante la guerra fue condenada a la separación definitiva del servicio junto a otros trabajadores. Rafael Méndez Martínez, médico becado por la JAE y profesor de la Universidad Central de Madrid, fue reintegrado tras el proceso de depuración republicana. No se sabe si fue depurado por los franquistas, pero acabó en el exilio, primero como profesor de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y luego como director de laboratorio en el Instituto Nacional de Cardiología de México. La química Carmen García Amo, que trabajó antes de la Guerra en la búsqueda de metales baratos que pudieran sustituir al platino, fue rehabilitada en su puesto tras el conflicto y aparece también como informante en el expediente de depuración de un catedrático.
Romero destaca otras historias, como la del físico Santiago Peña de Rubíes, profesor de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid desde 1913 que durante la guerra fue el conservador del material científico del Instituto Nacional de Física y Química. Tras el conflicto, un tribunal militar le condenó a 20 años de prisión, y murió de neumonía en la cárcel en 1940. Los datos del químico Alberto Chalmeta Tomás, catedrático de Farmacia antes de la guerra, muestran una trayectoria llena de preguntas sin respuesta. Fue director del Centro de Experiencias y Estudios del Batallón de Guerra Química, asimilado de comandante y director del laboratorio de sueros y vacunas durante la contienda, y condenado a 16 años de reclusión por los franquistas. En 1949, un documento lo vincula al Sindicato Vertical de Industrias Químicas como director técnico de los Laboratorios Profidén. Después de la muerte de Franco se trasladó a París, donde murió, probablemente en 1987.
Mujeres
El nuevo archivo tiene un apartado específicamente dedicado a las mujeres depuradas. “Normalmente no las encuentras por sus nombres”, explica Romero, “sus voces no aparecen en los archivos, casi siempre están en carpetas de sus jefes o de sus maridos”. Hay muchos vacíos, como los de las jóvenes que se formaron en el Laboratorio Foster de la Residencia de Señoritas que dirigía María de Maeztu. “Estas mujeres aparentemente no pasaron el proceso de depuración porque no tenían una adscripción contractual, eran precarias, pero sí fueron represaliadas. Muchas se fueron al exilio, otras no terminaron la carrera y montaron sus farmacias. Por eso hemos querido marcar esta agrupación”, razona Romero.

La convención social era llamarlas señoritas, no doctoras, aunque lo eran. Es el caso de las hermanas Vigón, hijas del general monárquico Juan Vigón Suero-Díaz, que se pensaba que eran una única persona, cuando en realidad eran dos doctoras.
María del Carmen Pescador del Hoyo era doctora en filosofía y letras y aspirante al magisterio secundario en la sección de Historia del Instituto Escuela en 1930. Trabajó con Claudio Sánchez Albornoz entre 1932 y 1936 en el Instituto de Estudios Medievales del Centro de Estudios Históricos. En su expediente, elaborado por la Policía de la Comisaría de León, se la acusó de haber sido alumna de Sánchez Albornoz, de ser prometida de José Yuste Blázquez —apartado del servicio de Correos y Telégrafos de León el 15 de agosto de 1936— y de vestir pantalones, según el nuevo archivo. Se le impuso una sanción que incluía la prohibición de solicitar cargos vacantes durante cinco años, la postergación durante cinco años para avanzar en el escalafón, y la inhabilitación para desempeñar puestos de mando o de confianza, con especial prohibición de servir en bibliotecas donde pudiera tener comunicación con público juvenil. Como consecuencia de la sanción, fue trasladada desde la Biblioteca Pública de Zamora al Archivo de la Delegación de Hacienda de la misma provincia. En septiembre de 1941 inició un recurso contra la resolución de su expediente de depuración, lo que llevó a la reapertura del expediente, aunque la sanción quedó firme. En 1953 fue nombrada jefa de sección del Archivo Histórico Nacional (AHN) de Madrid.
De todos los expedientados, explica Romero, un 60% pudo continuar su carrera mientras otro 40% acabó en el exilio, apartado de su puesto o muerto en la cárcel. La investigación ha descubierto también que muchos de los documentos que deberían estar en el archivo han desaparecido, probablemente a propósito. Muchos de los documentos que faltan pueden estar en manos privadas, en archivos familiares, por ejemplo. Uno de los objetivos de la publicación de hoy es que los familiares de los afectados puedan contribuir ahora a completar la información, a veces fría y telegráfica, de las sentencias de depuración.
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