Incorporar el conocimiento científico en el diseño y la implementación de políticas públicas permite tomar decisiones informadas gracias a la colaboración estrecha entre la gestión pública y la ciencia. Su importancia se ha visto en los últimos años, durante la gestión de los grandes incendios del verano de 2025, la dana de 2024 o la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en nuestro país no hace mucho que se buscan estas sinergias fuera del contexto de las emergencias que requieren una atención inmediata por parte de personas expertas.
Las 26 personas seleccionadas en la primera convocatoria de Estancias I+P estarán seis meses en distintos departamentos gubernamentales
Incorporar el conocimiento científico en el diseño y la implementación de políticas públicas permite tomar decisiones informadas gracias a la colaboración estrecha entre la gestión pública y la ciencia. Su importancia se ha visto en los últimos años, durante la gestión de los grandes incendios del verano de 2025, la dana de 2024 o la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en nuestro país no hace mucho que se buscan estas sinergias fuera del contexto de las emergencias que requieren una atención inmediata por parte de personas expertas.
Con ese objetivo nació hace dos años la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), que este martes presenta la primera edición de la convocatoria Estancias I+P. Durante los próximos seis meses, integrará a 26 científicos y científicas en distintas dependencias de la Administración General del Estado (AGE). Impulsado junto a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), este será el primer programa en España “diseñado para resolver retos de asesoramiento científico”, en el que “la comunidad investigadora tiene la oportunidad de transferir su conocimiento en la toma de decisiones”, explica la nota de prensa de la ONAC.
Estas 26 personas pondrán su conocimiento al servicio de la resolución de retos como el impacto ambiental de la ganadería, los riesgos derivados de los agentes biológicos, las tendencias industriales o las condiciones laborales de las nuevas formas de empleo, entre otros. Para ello, se incorporarán durante medio año a la Administración del Estado, en instancias como la Subdirección General de Medios de Producción Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno o la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias del Ministerio de Interior.
Estos son tres de los profesionales elegidos:
Análisis de datos para medir las emisiones de la ganadería
Javier Plaza Martín está acostumbrado al tratamiento estadístico complejo de grandes bases de datos. Este doctor en Ingeniería Agrónoma, graduado además en Ciencias Ambientales y con un máster en análisis avanzados de datos multivariantes y big data, se especializó en el uso de nuevas tecnologías para mejorar la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, un conocimiento idóneo para abordar la propuesta que le lanzan desde la Subdirección General de Medio y Reproducción Ganadera, dependiente del Ministerio de Agricultura.
“España se ha postulado como el primer país en la comunidad europea en tratar de estimar las contribuciones de gases de efecto invernadero a un nivel muy preciso. Para ello, va a hacer falta un tratamiento estadístico de los datos derivados de la plataforma española Ecogran, donde los ganaderos ya introducen los datos básicos de su sistema de producción”.
La misión de Javier es dar un aval estadístico de esos datos para que los resultados derivados de los mismos tengan la mayor fiabilidad posible, con el fin último de conocer mejor el escenario actual de emisiones. “Así, se podrá intentar que las ganaderías adopten lo que se conoce como las mejores técnicas disponibles para intentar alcanzar los objetivos de sostenibilidad medioambiental tanto a nivel nacional como internacional», explica el experto.
Comprender las claves del bienestar laboral en las plataformas
En 2021, España aprobaba la Ley Rider para asegurar que los repartidores de las plataformas digitales sean asalariados y no falsos autónomos que, además, exigen a estas empresas una transparencia en sus algoritmos. Desde entonces, los modelos de trabajo vinculados a la digitalización no han parado de extenderse, sin un conocimiento detallado de las condiciones laborales de quienes desempeñan multitud de roles que hace falta conocer mejor para garantizar su bienestar.
Ana Isabel Gil Lacruz desempeña su investigación junto a un equipo multidisciplinar de economistas, psicólogos, sociólogas o enfermeros que se encarga de analizar el bienestar laboral desde múltiples aristas. Ahora, ella, en solitario, se incorpora a la Dirección General de Nuevas Formas de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para proporcionar estudios científicos que permitan fundamentar la toma de decisiones en torno a las condiciones laborales de estas nuevas formas de trabajo.
“Mi principal papel será analizar estadísticas de encuestas públicas que nos proporcionan evidencia sobre las condiciones laborales de las personas que trabajan mediante plataformas. El objetivo es elaborar documentación que facilite al Ministerio la toma de decisiones y la comunicación con otro tipo de agentes implicados, como divulgadores sociales o empresas”. Además, reconoce, “esto también es una toma de contacto para que, quienes trabajamos en la universidad, desarrollemos habilidades que nos permitan comunicar nuestros conocimientos o adaptarlos a las necesidades que surgen en las administraciones”.
Un catálogo de laboratorios biológicos para reducir riesgos
Del mismo modo que cada sustancia química peligrosa lleva asociada una ficha técnica de seguridad, con sus características y modos de tratamiento, la información sobre los microorganismos de las instalaciones de contención biológica puede recogerse para garantizar el menor riesgo posible a quienes trabajan con ellos.
Es el paralelismo con el que Abel Martínez Rodrigo explica, simplificándolo mucho, su misión en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. “Mi objetivo será ayudar a crear una base de datos unificada que recopile los centros con instalaciones de contención biológica de nivel 3 y 4, que se rigen por diferentes permisos y dependen de distintos organismos”.
Para ello, deberá aportar su conocimiento sobre los microorganismos que requieren métodos de contención porque son importantes en el ámbito de la salud animal. Esta información servirá para elaborar las fichas de actuación de cada uno de ellos, que recojan sus características y riesgos. Así, se podrá agrupar un conocimiento fundamental para el gobierno nacional y los regionales, así como para la transferencia del conocimiento a la sociedad.
Todos ellos valoran muy positivamente la iniciativa, con la que esperan que el aprendizaje sea en ambos sentidos. Gil ya conocía la existencia de iniciativas similares en otros países y tiene ganas de “trabajar de otra manera” y que su trabajo “no se quede solo en el ámbito académico, sino que tenga impacto en las empresas”. Para Plaza, es muy importante que la interacción entre las instituciones científicas y la administración pública sea “lo más estrecha posible para que pueda generar beneficios a nivel social”, y espera conocer mejor cómo funciona por dentro la institución a la que se incorpora, algo en lo que coinciden todos los entrevistados. Por su parte, Martínez destaca la importancia de “generar red ante los retos y problemas que surgen, y comprender mejor cómo las administraciones gestionan el asesoramiento experto”.
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