Hoy hace justo un año que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó una sentencia histórica para toda Europa. Por primera vez un tribunal reconocía la vulneración de derechos fundamentales que supone la falta de acción de las administraciones frente a la contaminación procedente de la ganadería industrial. Entre ellos el derecho a la salud, la vida, al agua, la integridad física y la propiedad privada.
Es urgente restaurar la zona, y que la población pueda disfrutar de su derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano
Hoy hace justo un año que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictó una sentencia histórica para toda Europa. Por primera vez un tribunal reconocía la vulneración de derechos fundamentales que supone la falta de acción de las administraciones frente a la contaminación procedente de la ganadería industrial. Entre ellos el derecho a la salud, la vida, al agua, la integridad física y la propiedad privada.
Durante décadas, multitud de comunidades han tenido que soportar la degradación de su entorno y han visto cómo la contaminación empeoraba su calidad de vida ante la indiferencia de las autoridades. Esto ha cambiado para la comunidad de As Conchas, que tras 15 años de denuncia por la contaminación del agua ha logrado una sentencia histórica. Ahora, cuando las administraciones no actúen, los tribunales pueden exigir responsabilidades por vulnerar los derechos fundamentales de la población.
La población de As Conchas ha sufrido la degradación de su embalse y el entorno más cercano durante años: deterioro del agua, problemas inexplicables de salud y malos olores. Los tribunales confirman que sus derechos se han visto vulnerados y señalan a un responsable: las administraciones que debieron actuar ante la contaminación derivada de más de 300 macroexplotaciones porcinas a lo largo del río Limia.
La sentencia, anunciada hace un año, es ahora firme y ejecutable tras la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir los recursos presentados por la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Supone la confirmación de que esta situación era evitable y que constituye una vulneración de derechos fundamentales. A su vez, obliga a las administraciones a poner fin a la degradación del embalse y restaurar los derechos vulnerados.
Esta es una victoria del pueblo de As Conchas y de todas las personas que se unieron y decidieron organizarse para acudir a la justicia y exigir la protección de sus derechos sin normalizar lo inaceptable. Pero no es solo una victoria local. Esta vía marca un precedente más allá del ámbito local, y es un mensaje inequívoco a las administraciones para que cumplan con su obligación en la protección de los derechos humanos y del medio ambiente.
A lo largo de dos décadas, la comarca de A Limia ha vivido la expansión de macroexplotaciones de ganadería industrial. En 2023, las cabezas de ganado rozaban los dos millones de cerdos, una cifra desproporcionada para un territorio de unos 25.000 habitantes. La magnitud de la presión ambiental ha tenido consecuencias evidentes sobre el entorno y la vida cotidiana de sus habitantes.
Todo esto conlleva un grave riesgo para la salud de la población que lleva años denunciando la situación y temiendo por su integridad y la de su familia. Los informes periciales alertan de niveles extremos de contaminación por nitratos y bacterias en el embalse de As Conchas. A esto se suma la existencia de superbacterias resistentes a antibióticos, consideradas por la Organización Mundial de la Salud como una de las 10 principales amenazas para la humanidad.
Ha pasado justo un año desde la sentencia y cinco meses desde que el Supremo inadmitió los recursos de la Xunta y la Confederación. Sin embargo, las administraciones siguen sin moverse de forma eficaz y urgente. Por eso, toca preguntarse: y ahora, ¿qué? La sentencia es clara. Es el momento de exigir que se establezcan medidas contundentes para poner fin a la degradación del embalse y restaurar los derechos vulnerados.
Ahora, las administraciones condenadas solo pueden acatar la decisión de los tribunales y asumir un deber que tendrían que haber puesto en práctica tiempo atrás para defender los derechos de la población. Los magistrados les obligan “a adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno” y para “devolver el pleno disfrute de los derechos fundamentales” y el “abastecimiento de agua potable limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas a fin de devolverles el pleno disfrute de su derecho humano al agua”.
Esto se traduce en que las entidades públicas, conocedoras de los impactos y daños ocasionados por los vertidos de la ganadería industrial, ahora tendrán que impulsar y adoptar planes y programas para atajar la contaminación existente. Asimismo, deberán impulsar mecanismos de coordinación para realizar análisis de calidad del agua y establecer medidas.
Con la llegada de episodios de calor, las vecinas y vecinos ya están sufriendo nuevos brotes de toxicidad en el embalse, pero ahora la Xunta y la Confederación tienen que establecer acciones correctivas sin demora. La prioridad es proteger a la ciudadanía y, para ello, es necesario prohibir cualquier tipo de uso del agua para el baño, la pesca y otras actividades recreativas que puedan poner en peligro su salud e integridad.
En un contexto de creciente expansión de modelos productivos intensivos y la presión que suponen sobre los recursos naturales, el caso de As Conchas demuestra que la contaminación del entorno es una cuestión de derechos fundamentales. Y es responsabilidad de las administraciones prevenir, actuar y garantizar la protección efectiva de la ciudadanía.
As Conchas simboliza la constatación de que la justicia ambiental y los derechos fundamentales están estrechamente vinculados. Su alcance va más allá de lo local y representa una inspiración para las comunidades afectadas por la ganadería industrial en toda Europa. La ciudadanía puede y debe exigir responsabilidades cuando las instituciones no cumplen con su deber.
La resolución del tribunal marca un punto de inflexión. Ahora es urgente restaurar la zona, y que la población pueda disfrutar de su derecho a la salud, al agua y a un medio ambiente sano. Sabemos que esta sentencia va a generar un precedente para que en ninguna otra zona sufran la situación de las vecinas de As Conchas. La sentencia es clara: la salud, el agua y una vida digna están por encima de la ganadería industrial.
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