La pregunta de Gabriel Rufián al presidente del Gobierno era tan genérica como directa:
Feijóo: “Estamos gobernados por corruptos y yo me voy a encargar de cambiar todo esto”
La pregunta de Gabriel Rufián al presidente del Gobierno era tan genérica como directa:
-¿Qué plan tiene frente a todo esto?
No hacía falta explicar a qué se refería el portavoz de ERC con “todo esto”. Lo había expuesto con detalle cinco minutos antes el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Lo había comentado también, aunque de pasada, el jefe de Vox, Santiago Abascal. Estaba implícito incluso en ese derroche de sonrisas en que se envolvió Pedro Sánchez mientras saludaba al portavoz socialista, Patxi López, nada más llegar al hemiciclo del Congreso para la sesión de control de este miércoles, rodeado de fotógrafos que disparaban sin descanso en busca de algún rictus de preocupación en su rostro. El “todo esto” no podía ser más que el meteorito arrojado el martes sobre la política española: la imputación por graves delitos a José Luis Rodríguez Zapatero, la primera vez que ocurre en la historia de la democracia, un nuevo bombardeo sobre un Gobierno que no sale de una para meterse en otra.
-El plan es seguir gobernando- contestó Sánchez.
Atado al palo mayor, a merced de un huracán, con el fuego enemigo -y hasta algunas ráfagas de amigo- silbándole a pocos metros, Sánchez repite casi obsesivamente que no va a abandonar el barco.
-¿Qué hace todavía ahí, manchando todavía más la presidencia del Gobierno de España?- le embistió Feijóo.
Sánchez lo repitió ante todos: piensa aguantar hasta el verano de 2027. Su plan es volver a presentarse y, pese a la colección de derrotas autonómicas de los últimos meses, obtener de nuevo “una mayoría para seguir gobernando”. Insistió tanto que incurrió en un lapsus y se le escapó que espera lograr apoyos para continuar “ocho años”, una aspiración que ya había expresado recientemente. De inmediato rectificó a “cuatro”. Pero las risas y los murmullos ya recorrían la bancada popular.
Ante el seísmo de la imputación de Zapatero, su gran apoyo en la última campaña electoral, Sánchez traía de La Moncloa una respuesta preparada y no se salió de ahí: “Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”. La llevaba memorizada y la repitió tal cual ante Feijóo y ante Rufián. El portavoz de ERC no cargó contra los jueces como en su primera reacción de la víspera y confesó que las noticias sobre el expresidente le “rompen el corazón”. Se oyeron risas burlonas entre los populares.
Feijóo se cuidó esta vez de caer en conjeturas o especulaciones. El auto de imputación le suministraba material suficiente para ir directamente a los hechos. Y así comenzó, leyendo la lista de delitos que indiciariamente se imputan al ex jefe del Gobierno. Eso le dio pie a preguntar a Sánchez si las gestiones que el juez atribuye a Zapatero a fin de lograr el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra las realizó directamente con él. Porque, adujo el líder de la oposición, el expresidente “no podía delinquir” sin la cobertura del Gobierno. Feijóo colocó alguna frase para festejo de titulares –reescribió el lema del Ejecutivo como “el que pueda robar que robe”-, cumplió la ya rutinaria liturgia de exigir la dimisión del presidente y concluyó ofreciéndose como el hombre que hará limpieza: “Estamos gobernados por corruptos y yo me voy a encargar de cambiar todo esto”.
Sánchez rehuyó las preguntas específicas y se amparó en el pasado. Se extendió en elogiar los logros de Zapatero en el Gobierno, desde la retirada de la guerra de Irak al fin de ETA, con mención expresa a que abandonó el poder sin haber sufrido ningún escándalo. No deslizó el menor reproche a las actuaciones judiciales, pero sí una insinuación de que Feijóo podría tener información privilegiada sobre el caso. Se basó en unas manifestaciones del líder popular el pasado 12 de mayo, en la campaña andaluza, en las que anticipaba novedades sobre la investigación a Zapatero. Las escasas ganas de Sánchez de hablar del asunto quedaron en evidencia cuando, en contra de lo habitual, dejó sin gastar 17 segundos de su tiempo de réplica al líder de la oposición.
Tampoco contestó a las preguntas de Rufián, quien empezó su intervención declarándose “jodido” por las imputaciones que describe el auto de la Audiencia Nacional. “¿Dónde acaba el lobby y empieza el tráfico de influencias?”, inquirió el portavoz de ERC. El presidente repitió letra por letra las mismas frases que ante Feijóo y abandonó el hemiciclo sin esperar más, entre algunos abucheos y tímidos gritos de “dimisión” de la bancada del PP.
Antes, Sánchez se había medido a Abascal, un intercambio que adquirió un cariz inesperado. Vox ha tomado una bandera, la de la “prioridad nacional”, y parece haberse olvidado de todo lo demás. De tal forma que su líder se extendió en la prédica de que los españoles se quedan sin ayudas públicas por culpa de los inmigrantes y solo al final, brevemente, atacó con Zapatero y la corrupción. Tal vez porque esperaba el contraataque de Sánchez, quien, una vez más, se acogió a las denuncias de manejos irregulares en Vox formuladas por los dirigentes que Abascal ha purgado.
La jornada a destajo le tocó al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, destinatario de hasta media docenas de preguntas. El PP le soltó sus miuras más acreditados: Cayetana Álvarez de Toledo, Ester Muñoz y Miguel Tellado. Bolaños llegó un poco más lejos que Sánchez en el apoyo al imputado y declaró: “Por supuesto que confío en el presidente Zapatero”. Muñoz se mostró como la más incisiva y concreta en las preguntas sobre las posibles gestiones del imputado para el rescate de Plus Ultra. El ministro tampoco entró ahí. La portavoz popular dictaminó: “Este Gobierno está acabado”.
Algo muy parecido a lo que expresaría después un diputado de otro grupo, en este caso con un mensaje más preocupante para el Ejecutivo. Josep Pagès, de Junts, no se limitó a reiterar la solicitud de elecciones anticipadas. Cuestionó además la legitimidad del Gobierno para seguir al mando sin mayoría parlamentaria. Subrayó que si la regularización de inmigrantes se hubiese llevado al Congreso habría sido anulada porque su grupo votaría en contra. Tras apuntarse al discurso de que los inmigrantes colapsan los servicios públicos, el diputado de Junts dictó la misma sentencia que la derecha de ámbito nacional repite casi desde el inicio de la legislatura: “Su único objetivo es ocupar el poder por ocuparlo”.
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