Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, ambos jueces, se conocen por ese pasado común desde mucho antes de que ambos ocuparan una cartera ministerial en 2018, en aquel primer ejecutivo de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy, al que se bautizó como el “Gobierno bonito”. Cada uno llegó, sin embargo, por caminos distintos. Marlaska fue entonces una de las sorpresas de un gabinete nombrado forzosamente con celeridad. Nadie esperaba que el presidente le llamara, no tanto por la que se suponía una cercanía al PP ―fue elegido en 2013 vocal del Consejo General de Poder Judicial a propuesta de los populares― como porque solo unos meses antes había rehusado encabezar una lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid con nulas posibilidades de éxito. Y, sin embargo, lo hizo para que ocupara el Ministerio del Interior y Marlaska aceptó sin dudarlo.
Las discrepancias entre ambos ministros por la crisis de Ceuta son el último episodio de la difícil relación que mantienen desde que entraron en el primer ejecutivo de Sánchez
Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, ambos jueces, se conocen por ese pasado común desde mucho antes de que ambos ocuparan una cartera ministerial en 2018, en aquel primer ejecutivo de Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy, al que se bautizó como el “Gobierno bonito”. Cada uno llegó, sin embargo, por caminos distintos. Marlaska fue entonces una de las sorpresas de un gabinete nombrado forzosamente con celeridad. Nadie esperaba que el presidente le llamara, no tanto por la que se suponía una cercanía al PP ―fue elegido en 2013 vocal del Consejo General de Poder Judicial a propuesta de los populares― como porque solo unos meses antes había rehusado encabezar una lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid con nulas posibilidades de éxito. Y, sin embargo, lo hizo para que ocupara el Ministerio del Interior y Marlaska aceptó sin dudarlo.
Robles, sin embargo, aparecía en las quinielas de ministrables desde que se vislumbró que Rajoy podía ser defenestrado. Era diputada, llevaba tiempo colaborando estrechamente con Sánchez y este la había convertido en su portavoz parlamentaria. En su currículo destacaba además que con Felipe González de presidente ya había ocupado un puesto destacado: secretaria de Estado de Interior en el seno de aquel experimento de 1994 que fue unir las carteras de Justicia e Interior en manos de otro magistrado, Juan Alberto Belloch. Por ello, su nombre se barajó para ser, precisamente, la que ocupara la cartera que finalmente recayó en Marlaska e, incluso, que con ella se repitiera la unión de este ministerio con el de Justicia. Finalmente, Sánchez le ofreció Defensa, que ella aceptó solo cuando le aseguró que este ministerio recuperaba el mando directo sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que con el PP había pasado a depender de vicepresidencia.
Un antiguo colaborador del ministro del Interior asegura que el enfrentamiento entre ambos existe desde que los dos tomaron posesión de sus cargos. ¿Hubo algún hecho concreto que lo desencadenara? “Simplemente nunca ha habido buena relación”, añade esta misma fuente. La diferencia ahora es que ese enfrentamiento se ha hecho más visible que nunca a cuenta de la crisis provocada por la llegada a nado a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 80.000 migrantes irregulares. El martes pasado, mientras Robles aseguraba durante su comparecencia en el Congreso que el CNI había avisado de movimientos sospechosos al otro lado de la frontera que apuntaban a un intento de salto masivo, Marlaska aprovechaba la rueda de prensa del Consejo de Ministros para contradecirla e insistir, como ya había hecho días antes, que no hubo nunca un informe del servicio secreto en el que se “atisbara” lo que finalmente pasó. El Gobierno y el PSOE han querido minimizar el choque, pero con poco éxito.
Ahora visibles, las discrepancias y roces duran ocho años, “con algún que otro episodio de guerra sucia”, aseguran fuentes conocedoras de los mismos. Cuando Marlaska asumió la cartera, se encontró con que Robles había colado al magistrado Félix Azón, una persona de su confianza, como director general de la Guardia Civil, un cuerpo policial de carácter militar cuyos nombramientos principales deben ser consensuados por ambos ministerios. Cuando fue ratificado en Interior con el primer gobierno de coalición con Podemos, Marlaska lo cesó sin consultar con su compañera de gobierno. La respuesta de Robles fue no asistir al acto de toma de posesión de la que pasaba a ser nueva máxima responsable del instituto armado, María Gámez. No sería la última vez que la ministra tendría un gesto similar. Tampoco acudió al que se celebró cinco meses después, en el que el general Pablo Salas asumió el cargo de director adjunto operativo (DAO). El motivo: tampoco se le consultó el nombramiento.
Junto a la Guardia Civil, el otro foco de tensiones entre ambos ha sido el ámbito de actuación de sus ministerios en las diferentes crisis de muy distinto signo que han sacudido España en los últimos años. Desde la pandemia a la anterior entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta, la de mayo de 2021, sin olvidar la tormenta Filomena. Durante el confinamiento, Robles intentó que los militares, desplegados en la llamada Operación Balmis, pudieran realizar funciones policiales. Marlaska se negó. Al ministro del Interior también le molestó el despliegue sin consultar de la Unidad Militar de Emergencia (UME) durante el temporal de nieve que paralizó parte de España. Pero lo que terminó de envenenar la relación entre ambos entonces fue la decisión de Marlaska de cesar de manera fulminante, en enero de 2021, a un oficial de la Guardia Civil que hacía de enlace con el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) por haberse vacunado contra la covid cuando no le correspondía. Junto a él habían recibido aquella primera dosis de manera irregular otros militares, entre ellos el jefe del EMAD, el general Miguel Ángel Villarroya, hombre de la máxima confianza de Robles, y que se vio obligado a dimitir para enfado de la ministra.
Las tornas cambiaron meses después, cuando se produjo el anterior salto masivo a la ciudad autónoma. Entonces trascendió que se habían devuelto a 55 menores no acompañados a Marruecos sin respetar los procedimientos legales. Aquella expulsión, que acabaría con una condena a inhabilitación a la entonces delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, puso a Marlaska en el ojo del huracán. Cuando Robles fue preguntado en una entrevista por aquella polémica, cuestionó sutilmente la capacidad de su compañero de Gobierno para afrontar aquella crisis migratoria. Lo que no sabían entonces ninguno de los dos es que sus teléfonos móviles habían sido infectados por el programa espía de origen israelí Pegasus ―también lo fueron los terminales de Sánchez y del ministro de Agricultura, Luis Planas―, un episodio que acabó siendo investigado por la Audiencia Nacional.
Aparentemente dormida en los últimos tiempos, Ceuta ha hecho rebrotar esta pugna de un modo inusitado. Y no solo por la polémica sobre el papel del CNI en la crisis migratoria, sino también por la visión que cada uno tiene del papel que ha jugado Marruecos en ella. El pasado 12 de agosto, durante su visita a Ceuta, Robles rompió el guion fijado desde La Moncloa de no señalar al país magrebí y, tras recorrer la ciudad y conversar con varios vecinos, afirmó: “Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas. A Ceuta y Melilla no se las toca”. Era su respuesta a las declaraciones de Rabat en las que reclamaban la soberanía de las dos ciudades norteafricanas. Marlaska, sin embargo, evita una y otra vez hacer cualquier gesto que pueda molestar a Marruecos y, para ello, insiste una y otra vez en que la colaboración con el país magrebí es “extraordinaria, excepcional”. Tanto en esto como en la polémica sobre la existencia o no de una alerta del CNI, el ministro se siente respaldado por el presidente al ver que el Gobierno ha asumido su posición frente a la de Robles. Como en los relatos por capítulos, la guerra continuará.
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