Políticos y ONGs critican una normativa que extiende las detenciones hasta 30 meses y permite los registros domiciliarios para realizar deportaciones Políticos y ONGs critican una normativa que extiende las detenciones hasta 30 meses y permite los registros domiciliarios para realizar deportaciones
Meses después de que los vídeos de agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) llevando a cabo detenciones de migrantes en EE … UU desataran la indignación en todo el mundo, las instituciones europeas han llegado a un acuerdo sobre la directiva de retornos, que permite a los Estados miembros crear centros de deportación fuera de la Unión Europea (UE). La normativa también extiende las detenciones hasta dos años, prorrogables hasta 30 meses (incluso a niños), y permite a la policía allanar domicilios para cumplir las órdenes de deportación, medidas que según ONGs y numerosos políticos no son tan diferentes a las implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, al otro lado del Atlántico.
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A falta de que el Parlamento y el Consejo Europeo le den su visto bueno –algo que podría ocurrir este mismo mes–, las capitales y la Comisión Europea defienden que este reglamento permitirá al bloque comunitario una mejor gestión migratoria y que acelerará los procesos de deportación de las personas cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas. «Estas nuevas normas nos darán un mayor control sobre quién puede venir a la UE y sobre quién puede quedarse y quién debe abandonar nuestro territorio», defiende el comisario de Migración, Magnus Brunner. Los datos más recientes de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) apuntan que el bloque emite cerca de 450.0000 órdenes de salida de su territorio, mientras que los retornos efectivos están entre el 20 y el 30%.
Estos datos hicieron que varias capitales, entre ellas Roma, presionaran al Ejecutivo comunitario para reformar la directiva de retornos, una medida que no convence a España. Esta misma semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que España no acepta el reglamento tal y como está redactado porque «se pueden vulnerar los valores de la UE y la legislación internacional» con medidas como la devolución de familias con menores a centros de deportación en terceros países. El texto permite la detención de menores no acompañados y familias con niños «como medida de último recurso» y «por el período apropiado más corto, teniendo en cuenta el interés del menor».
España no acepta el nuevo reglamento porque «puede vulnerar los valores de Europa», dice Grande-Marlaska
España no está sola en sus críticas al reglamento de retornos. La eurodiputada de los Verdes Mélissa Camara aseguró que el texto acordado «debilita los derechos procesales, prolonga los períodos de detención y respalda las prácticas del ICE, al permitir que las autoridades lleven a cabo redadas domiciliarias».
Las deportaciones a terceros países preocupan a las ONG, que denuncian que se puede acabar trasladando a estas personas a países que no son seguros, llevando a cabo detenciones arbitrarias y otras violaciones de Derechos Humanos y de la Ley Internacional. Critican, además, que convertir los retornos forzosos en la opción predeterminada para las personas en situación irregular pone a esta población especialmente vulnerable en riesgo de sufrir violencia y violaciones de Derechos Humanos, como su reclusión en centros masificados.
Medidas de emergencia
La legislación incluye también «medidas de emergencia» cuando los países europeos tengan a un gran número de personas esperando para ser deportadas. Entre ellas, está la posibilidad de que los gobiernos puedan pasar por alto ciertas garantías durante la detención, limitando la revisión judicial de los arrestos.
Se introducen, igualmente, fuertes medidas punitivas con prohibiciones de entrada al territorio comunitario que las ONGs como PICUM –red de organizaciones para asegurar justicia social y Derechos Humanos para personas indocumentadas– consideran «desproporcionadas». Estos vetos se determinarán a nivel nacional y existe la posibilidad de imponer una prohibición de entrada de por vida en los casos en los que se alegue un riesgo para la seguridad nacional (frente al máximo de 10 años actual). Las multas son mayores, se reduce la asistencia financiera tras la deportación y se introducen sanciones penales para aquellos que no cooperen durante el proceso de deportación.
PICUM denuncia que el objetivo de la directiva es reducir el número de personas que viven de forma irregular en la UE, sin considerar las causas de base que llevan a estos migrantes a estar sin papeles y sin darles la posibilidad de regularizar su situación. «Este reglamento va a crear un sistema draconiano de detención y deportación», critica la responsable de incidencia política de PICUM, Silvia Carta. Asegura que el texto pactado entre el Consejo y la Eurocámara «redobla la represión y el castigo» a los migrantes con el encarcelamiento en centros de deportación, detenciones más largas y la separación de sus familias.
«Al otro lado del Atlántico vemos la violencia y el miedo generados por la brutal aplicación de la ley de inmigración por parte del ICE. Europa debería aprender de los perjuicios de ese modelo, en lugar de construir su propia versión», señala la representante de esta ONG.
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