La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite en calidad de testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el denominado caso Leire Díez, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara una conversación entre ambas que se produjo el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundió su Carta a la Ciudadanía (24 de abril de 2024), una charla en la que la fontanera ofreció a la dirigente socialista “ayuda cualificada” para dar la vuelta al asunto “como un calcetín”. Las fiscales también han pedido a Pedraz que averigüe si Díez y sus colaboradores acudieron a reuniones en la Fiscalía General del Estado los años en los que la supuesta red estuvo activa, ya que de las conversaciones analizadas se desprende que ofrecían pactos a investigados a cambio de información útil para su misión.
Anticorrupción también quiere saber si Díez y sus colaboradores acudieron a reuniones en la Fiscalía General del Estado cuando la presunta trama estuvo activa
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite en calidad de testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el denominado caso Leire Díez, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara una conversación entre ambas que se produjo el día en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difundió su Carta a la Ciudadanía (24 de abril de 2024), una charla en la que la fontanera ofreció a la dirigente socialista “ayuda cualificada” para dar la vuelta al asunto “como un calcetín”. Las fiscales también han pedido a Pedraz que averigüe si Díez y sus colaboradores acudieron a reuniones en la Fiscalía General del Estado los años en los que la supuesta red estuvo activa, ya que de las conversaciones analizadas se desprende que ofrecían pactos a investigados a cambio de información útil para su misión.
Los investigadores recogen extractos de esa conversación entre Díez y Narbona en una nota a pie de página de uno de los informes que forma el sumario del caso Leire Díez, en el que Pedraz investiga la presunta existencia de una organización criminal, integrada por la exmilitante socialista y liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se dedicaba a buscar información con la que poder desbaratar las pesquisas judiciales y policiales que afectaban al partido y al Gobierno. Ese día, Sánchez comunicó que se retiraba a reflexionar tras conocerse que su mujer, Begoña Gómez, estaba siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En ese contexto, de acuerdo con dicho informe, Díez habló por WhatsApp con Narbona de “reconducir” los ataques al presidente, dar “ayuda cualificada” y dar la vuelta al asunto “como un calcetín”. Esto “se lo habías contado a Santos el otro día”, le dijo la dirigente socialista.
En su momento, Narbona rechazó haber recibido “ninguna información” de Díez sobre “acciones para reconducir los ataques” contra Sánchez y su entorno familiar mediante causas judiciales. La presidenta del PSOE explicó que entendió que se trataría de más datos para exculpar a la familia del presidente y que se limitó a remitir a Díez a Cerdán por su condición de secretario de Organización. Por su parte, fuentes de Ferraz reiteraron que Narbona no recibió ningún archivo ni contenido y que no tuvo más llamadas de la exmilitante socialista, a la que conoció años antes en Santander. Ahora, esas mismas fuentes expresan su “pleno respaldo” a la presidenta socialista y garantizan la “plena colaboración” del partido con la Justicia, al tiempo que enmarcan la petición en una iniciativa de la Fiscalía que, subrayan, en todo caso deberá ser valorada y resuelta por el juez instructor. Desde el partido transmiten “máxima tranquilidad” y sostienen que Narbona ya ha ofrecido explicaciones “contundentes” sobre estos hechos. Las mismas fuentes recalcan que el PSOE “no tiene nada que ocultar” y que su “único interés” es que la investigación permita esclarecer los hechos “cuanto antes”.
En el mismo escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Anticorrupción pide a Pedraz que reclame a la Fiscalía General del Estado las “reuniones mantenidas” en su sede entre abril de 2024 y junio de 2025 en las que hubieran participado la propia Díez; Jacobo Teijelo, uno de los abogados a cargo de la defensa de Cerdán; el también letrado Ismael Oliver, que representó al exasesor ministerial Koldo García; y el empresario Javier Pérez Dolset; todos imputados en esta causa. En la lista figura una quinta persona que no está investigada: Antonio José García Cabrera, abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo. “En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas”, instan las fiscales. Su petición se debe a que la UCO apuntó que Díez fue al menos a cuatro reuniones en el cuartel general del ministerio público, ubicado en la calle Fortuny de Madrid, así como que tenía “contacto directo” con el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Información bancaria y fiscal del PSOE
El juez ha resuelto ya sobre algunas de las peticiones que le han hecho las fiscales y la UCO. Así, en un auto, al que también ha tenido acceso EL PAÍS, Pedraz autoriza a recabar información bancaria y fiscal del PSOE. En concreto, pide a Hacienda que le entregue la información que tenga, de los años 2024 y 2025, sobre cuentas donde el partido aparezca como titular, autorizado o “cualquier otra figura”, con el detalle de “imposiciones, disposiciones o cobros en efectivo”, así como sobre relaciones societarias, las facturas emitidas y recibidas, y sobre ”operaciones con terceras personas».
Esa misma información, así como si se acogieron a la denominada amnistía fiscal, la reclama respecto al ex alto cargo socialista Gaspar Zarrías, Teijelo, Oliver y las empresas de los tres, ya que el juez sospecha que se usaron para camuflar los pagos ordenados por Cerdán, con dinero del PSOE, a la presunta trama. Idéntica orden da en relación con la empresa Crónica Libre y el Grupo Iki, porque la UCO cree que esa empresa podría haberse usado para ocultar los pagos del PSOE al medio digital de la periodista Patricia López —ya fallecida— y a la que las pesquisas perfilan como una de las aliadas de Díez. La Guardia Civil indica que esos pagos “pudieran haberse llevado a cabo a través de una campaña publicitaria en Cataluña”, por lo que consideraba necesario ”profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC». El instructor requiere asimismo toda la información sobre las relaciones comerciales del PSOE y del PSC, así como de Crónica Libre, con el Grupo Iki en esos mismos años.
Además, la UCO pretendía que el juez autorizara a recabar información bancaria del PSOE, Zarrías, Teijelo, Oliver y Crónica Libre, pero el instructor lo delimita y encarga a los investigadores identificar las cuentas concretas en las que Díez recibiera pagos relacionados con los hechos que se investigan y las cuentas de las que procederían esos pagos “a fin de que sean esas cuentas bancarias las que sean aportadas a la causa”.
La nacionalidad española de un exviceministro venezolano
Entre las peticiones formuladas por Anticorrupción que todavía no tienen respuesta de Pedraz, destaca una para que el instructor recabe del Ministerio de Justicia un informe sobre las gestiones que se han hecho en torno a la solicitud efectuada por el exviceministro venezolano Nervis Villalobos para obtener la nacionalidad española y sobre el estado en el que se encuentra. Este asunto es uno de los que el juez menciona como posible premio de la trama a Villalobos por su colaboración y la de su abogado (Oliver).
Al margen de Narbona, las fiscales instan a citar a una veintena de testigos, entre ellos José Norberto Uzal, un ex alto cargo del PP condenado por un macrofraude de hidrocarburos. También piden imputar a Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García, a la que los investigadores apuntan como vehículo para ofrecer un soborno de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano, que declaró que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz, para que cambiara su declaración.
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