La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha vuelto a poner en el foco las ayudas públicas que se dieron a algunas compañías consideradas estratégicas y que se han visto salpicadas por distintos casos de corrupción. Los préstamos del Gobierno otorgados en 2020 y 2021 a Air Europa, Tubos Reunidos, Duro Felguera y Plus Ultra han sido cuestionados en sede parlamentaria, pero también han servido de artillería legal en los tribunales, donde la oposición y asociaciones de ideología cercana están personados como acusaciones populares en causas en las que se investigan el tráfico de influencias.
La justicia indaga si existieron irregularidades en la concesión de ayudas públicas a estas compañías durante la pandemia
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su intermediación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha vuelto a poner en el foco las ayudas públicas que se dieron a algunas compañías consideradas estratégicas y que se han visto salpicadas por distintos casos de corrupción. Los préstamos del Gobierno otorgados en 2020 y 2021 a Air Europa, Tubos Reunidos, Duro Felguera y Plus Ultra han sido cuestionados en sede parlamentaria, pero también han servido de artillería legal en los tribunales, donde la oposición y asociaciones de ideología cercana están personados como acusaciones populares en causas en las que se investigan el tráfico de influencias.
Las ayudas se canalizaron a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) ―dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)―, que se creó en julio de 2020 y se dotó de 10.000 millones de euros para dar oxígeno a empresas que atravesaban dificultades económicas como consecuencia de la pandemia. Este instrumento de emergencia recibió más de 70 solicitudes de apoyo financiero temporal. Finalmente, con el apoyo de asesores externos, se aprobaron 30 expedientes ―12 empresas turísticas, siete industriales, cinco del sector de ingeniería, cinco aerolíneas y una del sector servicios― por un importe de 3.256 millones de euros, el 32,5% de la dotación del fondo. En torno al 65% del dinero prestado ha sido ya devuelto.
Pese a que el Tribunal de Cuentas ha respaldado todo el proceso que rodea a los expedientes de rescate y, en su informe de fiscalización de septiembre de 2024, señaló que la tramitación de los expedientes se ajustó a la normativa, siguen existiendo sombras de dudas sobre algunas de las ayudas.
Plus Ultra es uno de los rescates más controvertidos. La ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea, concedida el 9 de marzo de 2021, ya estuvo bajo la lupa del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, dirigido por Esperanza Collazos por presunta malversación. Los denunciantes aseguraban que la aerolínea del empresario Julio Martínez Sola no cumplía los requisitos necesarios para recibir la ayuda, ya que no entendían por qué fue considerada “estratégica” con la reducida cuota de mercado que tiene. También advirtieron que la empresa ya se encontraba en crisis a finales de 2019 y que esta situación se había escondido con un préstamo de un banco radicado en Panamá. No obstante, la investigación, que llegó a paralizar el último tramo pendiente de pago ―la medida cautelar fue levantada por un juez sustituto para evitar el riesgo de insolvencia―, fue archivada definitivamente en enero de 2023 por un defecto formal, ya que la compañía fue imputada fuera de plazo.
Sin embargo las sospechas continuaron. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción reactivó la investigación tras recibir información de Francia y Suiza sobre un posible blanqueo de capitales. La Audiencia Nacional rechazó su competencia, por lo que se hizo cargo de las diligencias la misma jueza de Madrid que ya había investigado el rescate. Así, la magistrada Esperanza Collazos dirigió las primeras pesquisas para aclarar si el dinero público transferido se había utilizado para hacer devoluciones de préstamos a cuentas en el extranjero de una presunta organización criminal dedicada al lavado de fondos ilícitos procedentes de Venezuela. Finalmente, la investigación saltó de nuevo a la Audiencia Nacional el pasado marzo, poniendo en el centro de la trama a Zapatero por su colaboración con Análisis Relevante, la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez y que asesoró a Plus Ultra en el rescate.
En medio de todo, la Audiencia Nacional investigaba ya la trama de corrupción en cuya cúspide se sitúa a la exmilitante socialista Leire Díez, quien fue detenida en diciembre de 2025 junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Las pesquisas se centran en si esta red usó su influencia en operaciones en las que se concedieron ayudas y contratos, entre ellos el rescate aprobado en 2021 a Tubos Reunidos por el importe de 112,8 millones de euros.
Las ayudas para afrontar la covid-19 permitieron que la siderúrgica vasca no quebrara, pero la asfixia continuó. Y los aranceles impuestos por la Administración Trump terminó de rematar al grupo. Así, el pasado 12 de mayo entró en concurso de acreedores ante la posible entrada en “insolvencia inminente” por la deuda neta de 264 millones de euros. Además, para superar la crisis, la empresa presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) por el que se contemplan 300 despidos.
Durante la fase clave de aprobación de las ayudas, la entidad pública operó bajo una presidencia interina, con el vicepresidente Bartolomé Lora, en sustitución de Vicente Fernández, que en octubre de 2019 dimitió por su imputación en el caso Aznalcóllar, del que la Audiencia de Sevilla absolvió el pasado diciembre. Pero aunque Fernández no estaba al frente, los investigadores buscan pistas de si intervino en otros rescates como en Tubos Reunidos, antes de que Belén Gualda cogiera el mando el 30 de marzo de 2021.
Otra de las empresas rescatadas es Duro Felguera, con 120 millones de euros aprobado en marzo 2021, el mismo día que a Plus Ultra. La tramitación de la siderúrgica asturiana, que está pendiente de que la justicia dé luz verde al plan presentado para reestructurar la deuda de más de 270 millones de euros, también está bajo sospecha de los partidos de la oposición por similitudes con la aerolínea y el grupo industrial vasco. Además de la conexión que el grupo asturiano pudo tener con Venezuela ―está previsto que el próximo octubre se juzgue a exdirectivos de la compañía y exministros venezolanos por sobornos en el país caribeño―, ponen de relieve que la compañía ya lastraba una mala situación financiera antes de la pandemia.
Air Europa fue la compañía que recibió la mayor ayuda, de 475 millones de euros, en noviembre de 2020 y que ya ha sido devuelta íntegramente, pero su nombre ha salido a relucir en distintos casos de corrupción, como en el caso Koldo por la presunta intermediación del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El antiguo consejero delegado, Javier Hidalgo, testificó en el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo contra el exministro y sus colaboradores cercanos y aseguró que nunca había pagado ningún tipo de dádiva. De hecho, se quejó de que el rescate fue “el préstamo con peores condiciones que se han dado no en España, sino en el mundo entero”.
Por otro lado, el juez de Madrid Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias o intrusismo profesional, entre otros, ha tratado de investigar el rescate de la aerolínea al creer que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudo mediar. Sin embargo, la Audiencia de Madrid ha frenado el intento en varias ocasiones.
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