Esta pregunta no es retórica. Resume la realidad que revela la propuesta de resolución provisional de los Proyectos de Generación de Conocimiento de 2025, los PID, herederos de lo que durante décadas hemos llamado Plan Nacional. Estas ayudas de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sostienen a miles de grupos de universidades, hospitales y centros públicos de investigación. No son un complemento: constituyen, en la práctica, la “gasolina mínima” para el funcionamiento cotidiano de buena parte de la ciencia española.
“Esta limitación presupuestaria dificulta afrontar los experimentos complejos que hoy exige buena parte de la investigación en múltiples campos”, denuncian los autores
Esta pregunta no es retórica. Resume la realidad que revela la propuesta de resolución provisional de los Proyectos de Generación de Conocimiento de 2025, los PID, herederos de lo que durante décadas hemos llamado “Plan Nacional”. Estas ayudas de la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sostienen a miles de grupos de universidades, hospitales y centros públicos de investigación. No son un complemento: constituyen, en la práctica, la “gasolina mínima” para el funcionamiento cotidiano de buena parte de la ciencia española.
Veamos las cifras: la convocatoria ha movilizado este año cerca de 698 millones de euros. De ellos, se proponen financiar 3.422 proyectos por un total de 433,6 millones de euros en costes directos (los que van directamente a los grupos de investigación tras descontar gastos institucionales). El resultado es, por tanto, una media de unos 127.000 euros por proyecto. La mayoría son de tres años, y de ahí nuestra pregunta inicial: menos de 50.000 euros anuales.
Esta limitación presupuestaria dificulta afrontar los experimentos complejos que hoy exige buena parte de la investigación en múltiples campos. En biomedicina, por ejemplo, tecnologías como la transcriptómica espacial, los análisis de célula única o los estudios genómicos en colecciones amplias de pacientes tienen costes elevados, pero resultan cada vez más necesarios para desarrollar proyectos ambiciosos y competitivos. Cualquiera de dichos experimentos puede consumir por sí solo, ese presupuesto medio anual.
La evolución de los últimos años permite entender mejor el problema. Los costes directos han crecido alrededor del 5.5% respecto al año pasado, pero en el mismo período, el número de proyectos solicitados ha aumentado en un 10%, así que la dotación media permanece prácticamente estancada desde el 2022.
No se trata de negar los avances. La inversión española en I+D alcanzó en 2024 los 23.931 millones de euros, aumentando un 6,9% respecto al año anterior. Pero una cifra puede ser simultáneamente un máximo histórico y resultar insuficiente. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se celebra un máximo histórico (1,50% del PIB), mientras Suecia, Bélgica, Austria, Finlandia, Alemania y Dinamarca invierten alrededor del 3% de su PIB o más. Estados Unidos y Japón superan el 3,4%, y Corea del Sur se acerca al 5%. Nuestro récord sigue siendo, por tanto, un nivel claramente insuficiente. Tampoco hemos cerrado la brecha en innovación: el European Innovation Scoreboard de 2025 mantiene a España en la categoría de “innovador moderado”, en el puesto 15 de la Unión y con un rendimiento equivalente al 92,7% de la media europea. Por tanto, en vez de hablar de “máximo histórico” quizá sería más adecuado hablar de seguir con la “tendencia histórica” de inversiones por debajo de nuestros competidores internacionales.
Curiosamente, se espera que con esa infrafinanciación el personal investigador de nuestro país obre milagros: se piden publicaciones de alto nivel, patentes, transferencia y captación de financiación supercompetitiva a nivel europeo. Todo ello, y además de formar a nuevas generaciones de científicos y científicas. Sin embargo, en esta resolución provisional solo aproximadamente uno de cada tres proyectos recibirá un contrato predoctoral (1.156 ayudas a 3.422 proyectos concedidos). Por otra parte, con los fondos concedidos difícilmente se podrá contratar otro personal especializado, postdoctoral y técnico, esencial también para desarrollar una ciencia cada vez más compleja. Después, lamentamos la precariedad, las carreras interrumpidas, la dificultad para atraer talento y la marcha al extranjero de profesionales que hemos formado con recursos públicos. La ciencia no se puede realizar “sin manos”.
La infrafinanciación no solo reduce el número de experimentos, sino que condiciona el tipo de ciencia a la que aspirar. Cuando conseguir un proyecto es cada vez más difícil y perderlo puede comprometer la continuidad de un laboratorio, se penaliza el riesgo. Se aumenta el número de propuestas con objetivos previsibles. Así, un sistema que proclama buscar innovación termina premiando la prudencia.
La falta de recursos también amenaza la calidad. Obliga a reducir muestras, limitar réplicas, posponer validaciones o fragmentar una misma investigación entre distintas convocatorias. Por otra parte, se exige reproducibilidad, pero no siempre se financian las réplicas; se exige validación, pero no siempre se cubre el coste de validar; se exige transferencia, pero con frecuencia faltan recursos para superar la distancia entre un resultado experimental y una aplicación real.
Es importante que no se trata de cuestionar el trabajo de la Agencia Estatal de Investigación ni el de sus paneles. La AEI distribuye los recursos disponibles y debe seguir mejorando la evaluación, la transparencia y los plazos, pero no determina por sí sola la dimensión de la inversión del país. La responsabilidad fundamental es política. El Gobierno y el Parlamento deben decidir si los PID son una convocatoria destinada a sostener realmente la ciencia española o simplemente un mecanismo para distribuir la insuficiencia de la manera más ordenada posible.
Se necesita más que incrementos testimoniales. Desde distintas entidades científicas llevamos años solicitando que se duplique la partida destinada a I+D+I. El presupuesto debe crecer de acuerdo con el aumento de solicitudes, la inflación y el coste real de cada disciplina. Hay que financiar más proyectos sin diluir su dotación, establecer umbrales mínimos viables, aumentar los contratos asociados y mantener calendarios previsibles. Pero del mismo modo, los presupuestos y la estrategia de financiación deben anticiparse al futuro: qué ciencia va a necesitar nuestra sociedad en un entorno altamente competitivo.
Seguir celebrando la capacidad de nuestros científicos y científicas para hacer “mucho con poco” no es motivo de orgullo. La cuestión de fondo no es solo qué ciencia puede hacerse con menos de 50.000 euros al año. La cuestión es qué ciencia estamos renunciando a hacer, qué talento estamos dispuestos a perder y cuánto tiempo más pretendemos exigir excelencia internacional financiando la investigación como si fuera una actividad de bajo coste.
Marisol Soengas, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO.
Xosé Bustelo, Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, CIC.
José M. Torralba, Universidad Carlos III de Madrid.
José A. Esteban, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, CBM-CSIC.
Jesús Pérez Gil, Universidad Complutense de Madrid, UCM.
Ciencia en EL PAÍS
