La reforma de las pensiones en dos fases aprobada bajo Sánchez ha resultado el fiasco que muchos anticipamos. A pesar del récord histórico en afiliación de trabajadores al sistema, sus nuevas cotizaciones, pese al incremento previsto en el mecanismo de equidad intergeneracional, no han evitado que nuestro sistema de pensiones gaste mucho más de lo que ingresa hasta llegar a presentar déficits como los 7.400 millones de euros del año pasado, que fueron cubiertos por transferencias desde el Estado y, al parecer, por un desvío sistemático de fondos europeos Next Generation, con gran enfado por parte de países europeos como Alemania.
La clave de cualquier reforma en España es reducir la alta rentabilidad del pilar público, que lo hace insostenible
La reforma de las pensiones en dos fases aprobada bajo Sánchez ha resultado el fiasco que muchos anticipamos. A pesar del récord histórico en afiliación de trabajadores al sistema, sus nuevas cotizaciones, pese al incremento previsto en el mecanismo de equidad intergeneracional, no han evitado que nuestro sistema de pensiones gaste mucho más de lo que ingresa hasta llegar a presentar déficits como los 7.400 millones de euros del año pasado, que fueron cubiertos por transferencias desde el Estado y, al parecer, por un desvío sistemático de fondos europeos Next Generation, con gran enfado por parte de países europeos como Alemania.
Si miramos la deuda oficial acumulada de la Seguridad Social, llegamos a un récord superior a los 140.000 millones de euros, que la sitúa en patrimonio neto negativo. Esa es la cifra que nos hemos gastado en pensiones, por encima de los ingresos de un sistema que, antes, estaba obligado a cerrar en equilibrio anual. En este contexto, el desvío de más de 10.000 millones de fondos Next Generation para financiar pensiones es un asunto menor que pone de relieve tres cosas: la falta de control del gasto público asociada a que no haya presupuestos; el fracaso en el uso adecuado de los fondos Next Generation y, sobre todo, la evidencia de un sistema de pensiones que evoluciona hacia el colapso financiero si nadie hace nada, empezando por corregir la errónea última reforma. La AIReF acaba de avisar del fuerte incremento del gasto que experimentaremos en 2027 por la revalorización de las pensiones tras dispararse la inflación por el cierre de Ormuz y por la demografía en el llamado efecto sustitución de viejas pensiones por nuevas, más caras.
Habrá que recordar los tres problemas estructurales que hacen insostenible, hoy, nuestro sistema de pensiones: un factor demográfico (hasta 2050, se calcula que la población en edad de trabajar se reduzca en unas 800.000 personas, mientras los mayores de 65 crecerán en más de seis millones); el factor electoral que obliga, por ley, a revalorizar pensiones por el IPC, dándoles a los mayores (que son más) un trato mucho mejor que a los salarios escasos y perdiendo poder adquisitivo los jóvenes que cotizan; el factor generosidad que hace del sistema público español uno de los más rentables en términos de lo que se cobra, en relación con lo que se ha cotizado (tasa de sustitución pensión/último salario). Los distintos cálculos realizados sobre la tasa interna de rentabilidad de nuestro sistema público de pensiones la sitúan, en todos los casos, por encima del umbral de sostenibilidad. Por todo ello, el sistema español va camino de ser el más caro de la OCDE. Incluso cumpliéndose la regla de gasto, la AIReF acaba de sacar un demoledor informe en el que dice que los ingresos han crecido al 1,4%, pero los gastos lo han hecho al 3,4%; es decir, no se “constata una mejora del sistema público de pensiones”. Por todo ello, el gasto se situará en torno al 15% del PIB, generando un déficit que hará necesario “aumentar las transferencias procedentes de la Administración central en 2,4 puntos de PIB”. En suma: el sistema, en su situación actual e incluso tras la reforma, no es sostenible por sí mismo.
El problema no es solo español. Hoy, la UE dedica el 47% del gasto en protección social a la vejez, por delante del 36% a sanidad y el 9% a familias e infancia. Incluso en España, las pensiones son hoy el principal factor corrector de las desigualdades sociales y el vector que más ha hecho crecer los ingresos medios de las familias. Si nuestra pensión media está hoy en 21.000 euros con cláusula de revalorización, el salario más frecuente es 24.000 euros y el salario medio de los menores de 25 años, 15.000 euros sin revisión automática. Solo que las pensiones se financian, en parte, con deuda pública.
Italia, España y Grecia encabezamos la lista de países problemáticos, aunque han sido Francia, Alemania y Suecia quienes han tomado la delantera en las reformas del sistema de pensiones, como gobiernos responsables y a pesar del conflicto social al que se enfrentan al hacerlo. Todos los modelos europeos, también el español, mantienen los mismos pilares que han estado presentes desde el principio, pero la reforma cambia el peso relativo de cada uno de ellos.
Partiendo de una red de seguridad y protección para los más desfavorecidos en edad de jubilación, financiada por impuestos y que en España está formada por las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, a lo que dedicamos unos 10.000 millones de euros al año, el sistema se articula en tres pilares: uno, el principal, obligatorio y gestionado por el Estado, es de prestaciones definidas y de reparto, como el nuestro. El segundo pilar son los planes de empresa, de contribución definida, gestión privada y de capitalización, que pueden ser obligatorios o no, o vincularse a la negociación colectiva; y el tercer pilar lo forman ya los planes individuales privados.
En España, los planes de empleo y los privados no han tenido la implantación prevista. Aun así, se calcula que los primeros gestionan un patrimonio de casi 40.000 millones de euros con más de dos millones de trabajadores cubiertos y los segundos, de unos 80.000 millones de euros, con casi ocho millones de partícipes, impulsados, sin duda, por los años de incentivo tributario. La clave de cualquier reforma en España es reducir la alta rentabilidad del pilar público, que lo hace insostenible, y para ello hay que equiparar su tasa de sustitución a la media europea. Actualmente, es de un 80% revalorizable, además, por el IPC, cuando lo normal sería aproximarla a un 50%. Con ello, se reduciría la actual insostenibilidad del sistema y se dejaría espacio para que los otros pilares sean atractivos y despeguen por sí mismos.
Otra de las cosas imprescindibles para España, pero imposibles sin un gran pacto transversal PP-PSOE, como fue el Pacto de Toledo.
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