La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), el nodo tecnológico del que dependen los datos laborales y de pensiones de millones de ciudadanos españoles, ha puesto en marcha un proceso de contratación histórica que consolida la presencia de la tecnología china en el corazón del Estado. A través de una licitación pública cuyo valor estimado asciende a los 160,9 millones de euros, el Gobierno español vuelve a confiar el soporte, la operación y el mantenimiento de sus bases de datos a los sistemas de almacenamiento de la multinacional Huawei, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días.
El Ministerio de Elma Saiz licita un megacontrato de 160 millones de euros que exige a los concursantes soporte técnico para los equipos del fabricante chino
La Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS), el nodo tecnológico del que dependen los datos laborales, fiscales y de pensiones de millones de ciudadanos españoles, ha puesto en marcha un proceso de contratación histórica que consolida la presencia de la tecnología china en el corazón del Estado. A través de una licitación pública cuyo valor estimado asciende a los 160,9 millones de euros, el Gobierno español vuelve a confiar el soporte, la operación y el mantenimiento de sus bases de datos a los sistemas de almacenamiento de la multinacional Huawei, según la documentación oficial a la que ha tenido acceso EL PAÍS/Cinco Días.
Sin embargo, el procedimiento administrativo esconde una importante particularidad legal y operativa: el contrato no se adjudica de forma directa al gigante asiático. Debido a las complejas dinámicas de la contratación pública, los pliegos técnicos obligan a las empresas terceras que resulten adjudicatarias del concurso —grandes corporaciones del sector de la consultoría y las telecomunicaciones como Telefónica, Indra o Minsait— a disponer de personal altamente cualificado y certificado para seguir explotando, gestionando y manteniendo los equipos de Huawei que ya configuran el núcleo central de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.
La documentación oficial publicada en la Plataforma de Contratación del Estado y la licitación recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 16 de junio revelan que la Seguridad Social sufre lo que en el sector de la consultoría se conoce como un “secuestro tecnológico” (vendor lock-in), según los expertos del sector consultados. El organismo no puede prescindir del hardware de Huawei sin afrontar un colapso operativo o una inversión multimillonaria para migrar sus datos a otros fabricantes. Por ello, los requisitos de capacitación técnica del nuevo contrato exigen de manera indispensable que las empresas licitadoras demuestren experiencia contrastada en la gestión de infraestructuras específicas de la marca china.
El contrato actual de servicios de operación de los sistemas de producción de la GISS está en manos de Telefónica de España S.A. Este acuerdo, que se extiende hasta el año 2027, ya opera bajo este mismo modelo: la operadora española actúa como el contratista principal ante la Administración, pero el equipamiento físico sobre el que corren los datos más sensibles pertenece a Huawei. El plazo para la recepción de solicitudes de participación expira el próximo 26 de junio mientras que la resolución de las propuestas económicas mediante fórmulas automatizadas se realizará el 20 de julio de 2026. Fuentes industriales sitúan a Telefónica e Indra como los principales candidatos para optar a la adjudicación del servicio de soporte y mantenimiento.
El valor estimado del nuevo contrato, fijado exactamente en 160.948.872,48 euros, contempla una duración inicial de explotación de 24 meses, con la posibilidad de prórrogas sucesivas que estirarían la vinculación del adjudicatario con la infraestructura de la GISS. Los pliegos del concurso licitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones imponen criterios de solvencia económica tan restrictivos que actúan como un filtro natural para el mercado: las empresas postulantes deben acreditar una cifra de negocios anual en los tres últimos ejercicios sustancialmente superiores a los presupuestos asignados a cada lote. Este blindaje financiero asegura que solo gigantes como Telefónica, Indra, Minsait o grandes uniones temporales de empresas (UTE) puedan optar a la gestión del servicio.
La infraestructura de almacenamiento masivo que Huawei mantiene en los centros de datos de la Seguridad Social aloja historiales de cotización, afiliaciones, datos de empresas, prestaciones por desempleo y los expedientes de jubilación de toda la población activa y pasiva del país. Para soportar semejante volumen de información confidencial y garantizar una alta disponibilidad sin interrupciones, el organismo cuenta con un ecosistema de hardware muy específico detallado en los inventarios técnicos de la licitación.
Los pliegos técnicos del departamento que dirige Elma Saiz especifican que el soporte se centrará en dispositivos de almacenamiento masivo propiedad del Estado, entre los que figuran tres unidades del modelo Huawei OceanStor Pacific 9520, tres unidades de Huawei OceanStor Dorado 8000 V6 y dos unidades del sistema SWS D5000-235. El nuevo contrato divide estos servicios en tres lotes de ejecución independientes: gestión de producción (Lote 1), gestión de sistemas (Lote 2) y gestión de las comunicaciones (Lote 3). En total, los analistas del sector estiman que estas cabinas de discos y sistemas de procesamiento albergan una capacidad conjunta inmediata superior a los 564 terabytes de datos netos en alta disponibilidad. Cualquier fallo en estos equipos congelaría de inmediato la tramitación de las pensiones o las altas en el sistema laboral.
Esta nueva muestra de confianza por parte del Gobierno de España hacia la tecnología de Huawei se produce en medio de una tormenta geopolítica de escala global. La Unión Europea, espoleada por los informes de ciberseguridad de Washington y las directrices de la OTAN, lleva años presionando a los Estados miembros para que apliquen las recomendaciones de la denominada 5G Cybersecurity Toolbox (la caja de herramientas de ciberseguridad para las redes de telecomunicaciones). Este documento insta a la exclusión progresiva de los proveedores calificados como “de alto riesgo”, señalando directamente a firmas de capital chino como Huawei o ZTE por sus presuntos vínculos con el marco legal de inteligencia de Pekín.
Países como Alemania, el Reino Unido, Francia, Suecia o las repúblicas bálticas han implementado vetos estrictos, obligando a sus operadores y administraciones públicas a desmantelar los equipos chinos de sus redes troncales y centros de datos críticos. Sin embargo, el Gobierno español se ha negado de manera sistemática a ejecutar un veto explícito o a introducir de forma directa a Huawei en una lista negra de exclusión. Aunque la Ley de Ciberseguridad 5G española contempla la creación de un listado de proveedores de alto riesgo, el Ejecutivo ha congelado su publicación para evitar un conflicto comercial con China y para no encarecer los costes de conectividad de las grandes telecos nacionales.
El megacontrato de la Seguridad Social no es un caso aislado, sino que se suma a una serie de polémicas licitaciones en otros departamentos estratégicos del Estado donde la tecnología de Huawei sigue ganando terreno de forma indirecta. Los ministerios de Interior y Defensa han sido objeto de debate parlamentario en diversas ocasiones tras adjudicar contratos de modernización de redes de transmisión de datos en bases militares con sistemas de almacenamiento, conmutación (switches) y routers del fabricante asiático. De igual modo, el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública adjudicó y posteriormente anuló en agosto de 2025 el contrato de la RedIRIS con equipos de Huawei, sin que un año después se conozcan los detalles de ese procedimiento ni se haya convocado un nuevo concurso, tras la noticia revelada por EL PAÍS
Desde el entorno gubernamental se defiende que, al ser empresas españolas o europeas (como Telefónica o Indra) las que gestionan el servicio a nivel de software y mantenimiento de primera línea, la seguridad nacional está plenamente garantizada. No obstante, expertos en ciberseguridad advierten de que el soporte de tercer nivel (las actualizaciones de firmware y los parches críticos de hardware) sigue dependiendo inevitablemente de los ingenieros de la casa matriz en Shenzhen, lo que abre una ventana de riesgo geopolítico inapelable.
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