La cuenta atrás ya resuena en el juicio del caso Kitchen. La vista oral sobre el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, que arrancó en la Audiencia Nacional el pasado 6 de abril, se encuentra inmersa en su recta final con la fase de exposición de las conclusiones de las defensas. Este miércoles, los abogados de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, respectivos número uno y dos del Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, desarrollaron ante el tribunal sus alegatos finales y evidenciaron cómo sus estrategias se han alineado para tratar de exculparse. “Estamos ante una operación de inteligencia, no ante una operación parapolicial”, incidió el letrado del exministro, pese a que Fernández Díaz niega directamente haber tenido cualquier conocimiento sobre Kitchen. “Se trató de una operación de inteligencia lícita”, ahondó el defensor de Martínez, que obvió, por su parte, referirse a los SMS que implicaron al exministro.
La defensa del exministro Fernández Díaz recuerda que Cospedal quedó fuera del juicio pese a las “múltiples” referencias a ella en las agendas de Villarejo
La cuenta atrás ya resuena en el juicio del caso Kitchen. La vista oral sobre el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, que arrancó en la Audiencia Nacional el pasado 6 de abril, se encuentra inmersa en su recta final con la fase de exposición de las conclusiones de las defensas. Este miércoles, los abogados de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, respectivos número uno y dos del Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, desarrollaron ante el tribunal sus alegatos finales y evidenciaron cómo sus estrategias se han alineado para tratar de exculparse. “Estamos ante una operación de inteligencia, no ante una operación parapolicial”, incidió el letrado del exministro, pese a que Fernández Díaz niega directamente haber tenido cualquier conocimiento sobre Kitchen. “Se trató de una operación de inteligencia lícita”, ahondó el defensor de Martínez, que obvió, por su parte, referirse a los SMS que implicaron al exministro.
Hace más de tres meses que comenzó el juicio y, a medida que han pasado las sesiones, la coordinación entre los principales procesados se ha hecho cada vez más palpable. Sus posiciones encajan como las piezas de un puzle. El factor más destacable ha resultado el pacto de no agresión al exministro, que ha visto cómo su antiguo número dos le dejaba vía libre para tratar de echar por tierra los mensajes telefónicos que el propio Martínez aportó a la Audiencia Nacional en la fase de instrucción y que, según contó entonces, el exministro le había enviado en pleno desarrollo de la operación de espionaje. Esos SMS incluyen detalles de la trama y, en opinión de la Fiscalía Anticorrupción, demuestran que el dirigente del PP estaba al tanto del despliegue ilegal y tenía el “control” y “manejo”.
Para la defensa de Fernández Díaz era fundamental poner en cuestión esos SMS, convertidos en la gran baza de las acusaciones. De hecho, resultaron clave para sentarlo en el banquillo. En la fase de instrucción, Francisco Martínez, quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, defendió la veracidad de los mensajes y repitió que no se los había inventado, pese a que el exministro del PP insistía en que mentía. Ese enfrentamiento se verbalizó, sobre todo, durante un tenso careo entre ambos. Sin embargo, llegado el juicio, Martínez ha optado por no presentar oposición a su antiguo jefe, aunque este pusiera en cuestión su palabra y lo haya acusado, incluso, de “manipularlos”. El ex número dos de Interior ha allanado así el camino a quien fuera su superior.
Tan solo quedaba coleando una afirmación que Martínez hizo en mayo, durante su declaración como acusado en la vista, cuando dijo que el ministro le telefoneó en julio de 2013 para preguntarle si sabía de la existencia de un confidente en el entorno de Bárcenas. El letrado de Fernández Díaz también ha negado esa llamada.
Por su parte, la defensa de Martínez, ejercida por el abogado Pedro Colina, ha eludido las arremetidas del exministro y este miércoles se ha centrado principalmente en defender la legalidad de Kitchen, como ya hiciera el antiguo jefe de la Policía Nacional, Eugenio Pino, durante su declaración como acusado en el juicio. El ex secretario de Estado siempre ha mantenido que estaba al tanto de la operación y que creyó que era lícita. En esa línea ha profundizado su letrado, que ha resaltado que el dispositivo de espionaje a Bárcenas tenía como objetivo encontrar el dinero que el este podía ocultar en el extranjero. El fiscal sostiene, en cambio, que el propósio era robarle material comprometedor para altos cargos del PP que el extesorero pudiera haber guardado y que los responsables de Interior no querían que llegara a los investigadores del caso Gürtel, encabezados por el inspector jefe Manuel Morocho.
“Existía una operación real policial lícita y legal de inteligencia para buscar el dinero y el patrimonio del señor Bárcenas y su familia […] Prácticamente, una operación de Estado”, ha recalcado el abogado de Martínez, que ha deslizado que “no investigar” habría sido “verdaderamente el delito”. En esa tesis ha encontrado el apoyo del exministro: “Estamos ante una operación de inteligencia, no de una operación parapolicial, que estaba destinada a la obtención de información sobre el paradero del dinero que pudiera tener oculto Bárcenas y también de posibles testaferros”, se ha sumado el abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri.
Precisamente, Mariano Rajoy defendió esa tesis al declarar como testigo en la vista oral: “Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad”, dijo sobre la actuación urdida contra el contable del partido conservador. En su comparecencia, el expresidente del Gobierno no se limitó a negar cualquier conocimiento sobre Kitchen, como había hecho hasta entonces, sino que echó varios capotes a su antigua cúpula de Interior. “Aquí, en todo este tema, no hubo una operación política. Hubo una operación policial, cuyo objetivo fundamental era coger el dinero de Bárcenas y sus testaferros”, añadió, antes de asegurar que un ministro no está al tanto de operaciones concretas o pendiente de la captación de confidentes —la trama se aseguró la colaboración del chófer del extesorero, al que pagó con los fondos reservados—. “Sería absurdo”, remachó Rajoy.
Sobre el PP y Cospedal
La estrategia de la antigua cúpula de Interior también ha pasado por marcar distancias con la documentación sensible que podía guardar Bárcenas. La defensa del exministro ha reiterado que él nunca tuvo “ningún interés” ni ninguna “preocupación” por los papeles del extesorero: “Él no figuraba en la lista de los posibles perceptores de sobresueldos. Le daba exactamente igual la información que podía tener”, ha dicho su abogado, que también ha negado que lo hiciera para preservar su carrera política. “Él estaba en la puerta de salida de la política, del Gobierno y del PP”, ha manifestado.
Cuando fue procesado, el exministro ya puso sobre la meses la tesis de que el partido era el gran beneficiado de la trama y que, sin embargo, no se le sentaba en el banquillo como “responsable” subsidiario a “título lucrativo”. Fue un duro disparo contra la formación que no ha repetido con esa contundencia durante la vista oral, aunque sí ha dejado algún recado para María Dolores de Cospedal, ex secretaria general de los populares. La expolítica estuvo imputada durante la instrucción, pero el magistrado Manuel García-Castellón la dejó fuera del juicio.
Para reforzar su acusación, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, además de los SMS que implican a Fernández Díaz, el sumario contiene los apuntes reflejados en las agendas del comisario José Manuel Villarejo que lo vinculan con la trama —presuntas referencias, por ejemplo, a una dación de cuentas de Eugenio Pino al ministro—. Ahí se ha soltado el dardo. El abogado del exministro ha recordado que el caso se archivó contra Cospedal, pese a las “múltiples anotaciones directas” que había sobre ella. “No consideró las anotaciones suficientes para mantener la imputación”, ha apuntado la defensa. Todo ello, cuando el PSOE ha vuelto a reclamar la imputación de la ex secretaria general del PP a raíz de que el juez instructor de la propia Audiencia Nacional Antonio Piña haya ordenado a la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que busque “si, entre el material incautado” a Villarejo se “identifican” conversaciones con la dirigente popular y su expareja, el empresario Ignacio López del Hierro, que alberguen “contenido que pueda aportar indicios de criminalidad”.
España en EL PAÍS
