Los contribuyentes españoles pagaron durante el año pasado casi 2.300 millones de euros de más en el IRPF por la decisión del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas de no deflactar las tarifas del impuesto sobre la renta, o lo que es lo mismo, la negativa a adaptar el gravamen a la evolución de la inflación. La cifra es oficial. La han recogido por primera vez los departamentos de Economía y Hacienda en el Informe de Progreso Anual que el Gobierno remitió la semana pasada a la Comisión Europea para detallar el cumplimiento de los compromisos macroeconómicos durante 2025 y avanzar las líneas maestras que regirán la política fiscal en el año en curso.
El Gobierno calcula por primera vez el impacto de no deflactar las tarifas del impuesto y apunta a que seguirá sin hacerlo al menos hasta 2028
Los contribuyentes españoles pagaron durante el año pasado casi 2.300 millones de euros de más en el IRPF por la decisión del Ministerio de Hacienda y de las comunidades autónomas de no deflactar las tarifas del impuesto sobre la renta, o lo que es lo mismo, la negativa a adaptar el gravamen a la evolución de la inflación. La cifra es oficial. La han recogido por primera vez los departamentos de Economía y Hacienda en el Informe de Progreso Anual que el Gobierno remitió la semana pasada a la Comisión Europea para detallar el cumplimiento de los compromisos macroeconómicos durante 2025 y avanzar las líneas maestras que regirán la política fiscal en el año en curso.
Al no realizar el ajuste en el IRPF en 2025, reconoce el documento, el Gobierno ha obtenido un incremento estructural de los ingresos de aproximadamente un 0,1% del producto interior bruto (PIB), consolidando una vía de recaudación que ha sido fundamental para lograr los objetivos fiscales y cuadrar las cuentas. En el texto, el Gobierno detalla que el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, por recomendación del Consejo Europeo para elevar los ingresos fiscales, “estableció una adición” en uno de los hitos del Plan de Recuperación “consistente en un incremento adicional de los ingresos por valor de un 0,1% del PIB hasta el cuarto trimestre del 2028″ y que se logra con la no deflactación del IRPF. De todo ello se deduce que, salvo sorpresa, el impuesto seguirá sin amoldarse a la inflación al menos hasta entonces.
El incremento de la factura fiscal a través de esta vía es silencioso y natural, ya que se produce por sí solo, sin que sean necesarios cambios normativos. Y es que, cuando los salarios suben en términos nominales para aliviar el bolsillo de los trabajadores ante la escalada de la inflación, pero no hay una actualización de los tramos, los mínimos y las deducciones del impuesto, el tipo efectivo que pagan los contribuyentes crece sin remedio y sin que necesariamente haya mejorado su capacidad adquisitiva real. Los cálculos que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas hablan de un impacto de 1.137 millones de euros extra de recaudación que habrían ido a parar a la Administración central y de otros 1.157 millones que habrían caído en manos de las comunidades de régimen común, responsables del tramo autonómico del impuesto.
La falta de adaptación del IRPF a la evolución de los precios lleva minando el poder adquisitivo de los contribuyentes desde hace años, sobre todo a raíz de la fuerte crisis energética que se desató tras el inicio de la guerra en Ucrania y que disparó el índice de precios al consumo (IPC) hasta cotas nunca antes vistas. Algunas autonomías deflactaron sus tarifas ―ya fuese en parte o en su totalidad― en los momentos en los que más sangraba la herida, mientras que Hacienda optó por reformas alternativas que reducían la carga tributaria de las rentas bajas, pero sin adecuar el impuesto a la escalada.
Son muchos los organismos y analistas que han intentado poner cifras al fenómeno en este tiempo. El Banco de España, por ejemplo, calculó hace un par de años que Hacienda ingresó alrededor de 11.000 millones adicionales entre 2019 y 2023 por no ajustar el IRPF a la evolución del coste de la vida. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) cuantificó el impacto entre 2021 y 2024 en alrededor de 9.800 millones, una cifra muy similar a la que puso sobre la mesa la Autoridad Fiscal para el mismo periodo. La Airef, además, predijo hace 12 meses que esta estrategia aportaría a las arcas públicas unos 1.800 millones anuales hasta 2031. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ha bajado al terreno estas cantidades y proyecta, para un asalariado medio, un pago adicional de 820 euros entre 2022 y 2025. Ahora, por primera vez, el Gobierno reconoce un impacto positivo de 2.294 millones, el equivalente al 0,14% del PIB.
Décima a décima, España “sobrecumplió” con los objetivos de déficit y deuda recogidos en el plan fiscal. Los ingresos, explica el documento, representaron el 41,7% del PIB y aquellos derivados de impuestos aumentaron casi un 10% anual, hasta alcanzar los 418.057 millones. Varias nuevas figuras y cambios en otras ya existentes permitieron llegar a esta cifra. Algunas fueron el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas (con una recaudación de 623 millones), el aumento de la imposición a las grandes rentas del capital (222 millones) y la no inclusión, en la base imponible consolidada del impuesto de sociedades, del 50% de las bases imponibles negativas de los grandes grupos (lo que dio paso a unos ingresos de 4.323 millones).
Para este año, el informe avanza que se doblarán los ingresos por la tributación del ahorro hasta los 472 millones y que, gracias a la imposición mínima global ―fijada en un tipo efectivo mínimo del 15% sobre los grandes grupos multinacionales―, España recaudará unos 1.700 millones adicionales cada año. Además, los nuevos impuestos sobre el tabaco seguirán aportando a las arcas casi 500 millones. Por su parte, la relajación del límite a la compensación de pérdidas reducirá los recursos en otros 1.700 millones por año, mientras que la rebaja de impuestos a las pequeñas y medianas empresas detraerá otros 300 millones. En conjunto, con todos estos cambios, el impacto fiscal será de unos 6.200 millones en 2026.
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