El Gobierno rescata un plan con seis leyes para combatir los pseudomedios

El caso de la suspensión cautelar e indefinida de la acreditación en el Congreso de los agitadores ultras Vito Zoppellari Quiles y Bertrand Ndongo es la espita de un plan de mayor alcance impulsado por el Gobierno para combatir la actuación de los pseudomedios en distintos frentes. El Ejecutivo dispone ahora ya de media docena de proyectos de leyes, en diferentes fases de tramitación en el Parlamento, para “fortalecer la transparencia, la pluralidad y la independencia en el ecosistema informativo”. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha puesto el foco en los últimos meses para el éxito de ese plan en convencer a Junts, incluso con reuniones bilaterales, tras la ruptura de esa formación con la mayoría progresista de la Cámara en otoño, ante la evidencia de que PP y Vox no le prestarán su apoyo.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció varias de las normas del llamado plan de regeneración democrática para luchar contra la desinformación y los bulos en mayo de 2024 tras tomarse un periodo de reflexión de cinco días para decidir si continuaba o no en La Moncloa tras la aparición de varias noticias e investigaciones judiciales sobre su entorno familiar más cercano. El plan se llevó en septiembre de ese año al Consejo de Ministros e incluía un total de 31 medidas que afectaban al poder ejecutivo, al legislativo y al cuarto poder (los medios de comunicación), adaptando legislación y planes europeos, redactando nuevas leyes o modificando otras vigentes. Esa necesidad de pactos y consensos parlamentarios, en este escenario actual de complejas alianzas, es la que ha frenado en el Parlamento algunos de esos proyectos o anteproyectos. Esta es la situación actual de las seis leyes directamente afectadas que se pretenden rescatar antes de que acabe la legislatura.

Ley del derecho de rectificación (en tramitación parlamentaria). Esta ley orgánica sustituye a la actual de 1984 y la actualiza y adecua al ecosistema informativo digital. Entre sus modificaciones destaca que los usuarios de especial relevancia en redes sociales (influencers) y los medios digitales tendrán que habilitar mecanismos accesibles y visibles para solicitar la rectificación de una información falsa o inexacta.

Ley de protección del derecho al honor (aprobada en primera vuelta). La nueva ley orgánica de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen relevaría a la vigente desde 1982 para adaptar este derecho a las transformaciones tecnológicas, sociales y normativas recientes, especialmente las derivadas del entorno digital. Entre sus novedades se encuentra que se considerará ilícito el uso no autorizado de la imagen o la voz de una persona cuando haya sido generada, simulada o manipulada mediante inteligencia artificial. También regula fenómenos como los “true crimes”, calificando como intromisión en el derecho al honor la utilización del delito por su autor con fines de proyección o explotación. En el caso de las redes sociales, se establece que el consentimiento que dé un usuario para difundir sus imágenes en una red social no implica su autorización para otras.

Leyes anti‑SLAPP (aprobadas en primera vuelta). Las leyes anti-SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) son dos leyes (una orgánica y otra ordinaria) planteadas para prevenir y sancionar las demandas abusivas contra la participación pública, especialmente la de los periodistas a los que se trata de intimidar por el contenido de sus investigaciones. Prevé la legitimación de asociaciones, organizaciones y sindicatos para intervenir en los procedimientos judiciales en apoyo de la persona demandada, el establecimiento de mecanismos de desestimación temprana para demandas manifiestamente infundadas y la exigencia de cauciones más elevadas a los demandantes para garantizar el pago de costas. Asimismo, se refuerza el régimen sancionador mediante la posibilidad de imponer la condena en costas sin los límites legales ordinarios, la indemnización por daños y perjuicios, multas disuasorias y la publicación de la resolución judicial.

Ley de gobernanza democrática de los servicios digitales y medios de comunicación (aprobada en primera vuelta). Esta norma pretende adaptar la normativa española al Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. En consonancia con esa directiva europea, se tendría que crear un registro de acceso público gestionado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) donde debería constar la propiedad, las vías de financiación y la publicidad institucional que reciben los medios. La CNMC sería el organismo encargado de supervisar las operaciones de compra o fusión de medios de comunicación por su impacto sobre el pluralismo mediático.

Ley de publicidad del sector público (aprobada en primera vuelta). Esta ley actualizaría la que está en vigor desde 2006 y fijaría, con la excepción de los medios de carácter local, que un mismo medio o plataforma no podría superar el 35% de publicidad pública de su cifra anual de negocio o de la del grupo al que pertenezca. Los medios tendrían que contar con un sistema de medición de audiencias fiable de acuerdo a los criterios del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. La CNMC también se encargaría de supervisar la asignación de publicidad institucional y las administraciones públicas deberían informar anualmente de su asignación de publicidad.

Ley del derecho al secreto profesional (aprobada en primera vuelta). Esta ley regularía por primera vez en democracia, y a petición de las principales organizaciones de profesionales de la información, el derecho al secreto profesional. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Reglamento Europeo de Medios de Comunicación, reconocería el derecho de los profesionales de la información a no revelar la identidad de sus fuentes ni cualquier dato que pudiera conducir a su identificación. También permitiría rechazar la entrega de materiales periodísticos o dispositivos que pudieran comprometer dicha confidencialidad. Y prohibiría la instalación de programas informáticos de vigilancia intrusiva sobre los titulares de este derecho, salvo en supuestos excepcionales ordenados por los juzgados y tribunales, excepto en casos muy tasados.