El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el real decreto para la regularización extraordinaria con el que prevé que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. Se trata de “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, ha apuntado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha destacado que el texto “cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica”, además de contar con “todas las garantías legales y el aval de importantes organismos y estudios”.
El Ejecutivo aprieta al PP, que hace dos años la apoyó: “Feijóo ha elegido estar con Vox y no con la patronal o la Iglesia”
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el real decreto para la regularización extraordinaria con el que prevé que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. Se trata de “uno de los grandes hitos de esta legislatura”, ha apuntado Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha destacado que el texto “cuenta con una triple legitimidad: la social, la política y la económica”, además de contar con “todas las garantías legales y el aval de importantes organismos y estudios”.
El Ejecutivo ha tenido que cambiar la norma por recomendación del Consejo de Estado y endurecer sobre todo lo relativo a antecedentes penales, pero confía en que estos cambios no alteren el éxito de la iniciativa y no quede más gente fuera de la prevista. Para ello el Gobierno se pone a disposición de los inmigrantes para ayudarles a pedir esos antecedentes a sus países si estos no los envían a tiempo. El Ejecutivo insiste en que estos son casos excepcionales, porque la mayoría sí logra que le manden esos documentos.
“Son personas que conviven entre nosotros, con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos, que dan vida a nuestros pueblos, a nuestras calles, y que a partir de hoy podrán disfrutar con garantías de plenos derechos y cumplir sus obligaciones”, ha apuntado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Saiz ha cargado contra el PP, que hace dos años sí apoyó la regularización, y votó a favor de su tramitación presionado por la Iglesia, una de sus grandes impulsoras, pero ahora se opone radicalmente. “Al PP le cuesta cada vez más seguirle, el PP más desubicado de la historia”, ha dicho Saiz. “El PP tenía que elegir si estaba al lado de la iglesia, de los sectores productivos, de la patronal y los sindicatos, o al lado de Vox, y a eso atribuyo ese cambio de un PP que dio luz verde a la iniciativa legislativa popular en el Congreso y ahora rechaza la regularización. Esto se debe a los pactos con Vox. El PP intentó que la Comisión Europea la rechazara y le han dicho que forma parte de la soberanía española. Y el Consejo de Estado también avala que se haga a través de una reforma del reglamento de la ley de extranjería”, ha rematado la ministra.
Saiz ha detallado que los inmigrantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo y que también se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y tarjeta sanitaria del territorio en el que residan, y ha apuntado que el permiso “tendrá una vigencia inicial de un año” y que posteriormente, estas personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el reglamento de extranjería, “lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema”. El Ejecutivo minimiza el efecto de los cambios que ha tenido que introducir por el informe del Consejo de Estado, y sostiene que siempre se exigió el certificado de antecedentes penales, aunque antes, en casos difíciles, bastaba con una declaración voluntaria si no llegaban esos documentos y ahora son obligatorios.
“Sabemos que hay mucha gente esperando este proceso y hemos diseñado un plan operativo con muchísimo trabajo y cariño que esté a la altura del reto que supone. Queremos asegurarnos de que todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder y no se resienta la atención habitual de los servicios públicos”, ha recalcado la ministra portavoz. El proceso se podrá iniciar de forma telemática desde el próximo jueves 16 de abril, es decir, un día después de que se publique en el Boletín Oficial del Estado, y de forma presencial desde el 20 de abril.
El presidente del Gobierno ha defendido la regularización en una carta enviada a la ciudadanía a través de las redes sociales en la que ha escrito que se llega a este momento “gracias a cientos de organizaciones y a más de seiscientas mil personas que, durante años, han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento a través de una iniciativa legislativa popular”. Sánchez cuenta que la medida es un acto de “normalización”, ya que reconoce “la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana” y que también es “un acto de justicia con nuestra propia historia”.
El PP anunció este lunes una ofensiva jurídica y parlamentaria contra la regularización, pese a que en 2024 votaron a favor en el Congreso de los Diputados. Ahora, los populares argumentan que la medida “es mala para quienes han seguido la ley, para quienes están por venir; es mala para la ciudadanía en su conjunto, que ve cómo se depauperan los servicios públicos sin que el Gobierno haga nada”, indicó la vicesecretaria Alma Ezcurra, que este martes ha apuntado en una entrevista en Radio Nacional de España otras de las razones para oponerse, como que “nadie sabe cuántas personas se van a acoger” y que puede producir un efecto llamada. “Nos parece que tomar una medida de este calibre sin saber cuántas personas se van a acoger es una temeridad. En términos generales, el PP se opone a las regularizaciones masivas, creemos que esto tiene que ser un criterio individualizado, siempre vinculado al empleo y con requisitos muy estrictos. Porque si no, el mensaje que lanzamos al mundo es que la irregularidad tiene premio; y eso, entre otras cosas, produce que gente que está muy desesperada se eche en brazos de las mafias y pueda perder la vida en el mar”, ha argumentado.
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