La medida, que prevé multas en caso de incumplimiento, entrará el próximo curso en vigor después de que el Constitucional rechazara todas las demandas presentadas por alumnas y familias La medida, que prevé multas en caso de incumplimiento, entrará el próximo curso en vigor después de que el Constitucional rechazara todas las demandas presentadas por alumnas y familias
La prohibición del uso del pañuelo en las escuelas de Austria para las niñas menores de 14 años entrará en vigor en septiembre, con el … nuevo curso. Varias demandas de alumnas y de familias de alumnas han llegado hasta el Constitucional, intentando evitarlo, pero el tribunal las ha denegado todas por inadmisibles. La decisión deja abierta la puerta, sin embargo, a nuevos recursos cuando el veto esté ya en activado.
La prohibición del pañuelo impide a las escolares austriacas menores de 14 años llevar en aulas y espacios educativos un pañuelo que les cubra la cabeza según la tradición islámica. A este veto van vinculadas disposiciones penales que, tras las primeras amonestaciones, finalmente prevén multas. Al no haber todavía entrado en vigor, pesa más la protección de los derechos de las personas afectadas que los efectos de las medidas derivadas, como las sanciones. La sentencia no aborda, sin embargo, el contenido de la prohibición del velo: «La mera posibilidad de un castigo futuro no es suficiente para poder asumir tales efectos preliminares».
«Volveremos a presentar las demandas, iremos hasta el Supremo», ha adelantado el padre de una de las cinco niñas de entre 9 y 12 años que habían acudido al Constitucional en primavera, según sus propias declaraciones defendiendo que llevan el pañuelo islámico por «convicción personal» y denunciando que la nueva ley «viola varios derechos fundamentales». Estas menores cuentan con el apoyo de la Comunidad Religiosa Islámica de Austria (IGGÖ), que rechaza claramente la prohibición.
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Enric Bonet
La nueva normativa se aplica «independientemente de si el pañuelo debe llevarse por motivos de moda, tradicionales, religiosos u otros», según una carta informativa del Ministerio de Educación dirigida a los tutores legales. El objetivo es «proteger la infancia y prevenir la apropiación política o religiosa demasiado temprana».
Niñas con «miedo»
El IGGÖ ha criticado la prohibición y alega que «la ley va dirigida exclusivamente contra las niñas musulmanas, interfiere deliberadamente con su libertad religiosa y viola la neutralidad religiosa del Estado». La ministra de Integración, la conservadora Claudia Bauer, ha respondido que «en lugar de instrumentalizar a los niños para interponer demandas, espero un compromiso claro de que las niñas de 8 años no deben cubiertas por un pañuelo«.
En paralelo al debate público, el día a día de los colegios se verá afectado. La profesora Caroline, con 25 niños a su cargo en un tercer curso de Primaria en la capital austriaca, ha denunciado que las niñas que no llevan el pañuelo «sufren acoso» y que «ninguno de los alumnos tiene alemán como lengua materna, aunque la mitad nacieron en Viena, lo que dificulta la transmisión de valores y de conocimiento».
Los profesores advierten que las niñas «tienen miedo porque les van a quitar algo que sus padres les han obligado a llevar y les han presentado como bueno durante toda su vida». Las mayores temen además que sus familias las saquen de Austria para enviarlas a países islámicos. Algunos padres amenazan a los maestros, aparentemente ajenos a que no son ellos quienes deciden, y otros anuncian que, si entra finalmente en vigor la norma, se volverán a sus lugares de origen.
(AFP)
A partir del 1 de septiembre, en caso de infracciones, el procedimiento está claramente regulado: primero, el profesor debe pedir a la alumna que se quite el pañuelo. Si cumple, el asunto queda zanjado. Si se niega, se llama a la dirección del colegio. En una conversación con la estudiante y sus padres, los responsables del centro informan sobre la prohibición y las posibles consecuencias.
Si la infracción se repite, la Dirección de Educación entra en activo y los estudiantes y los padres deben presentarse para una cita obligatoria. Si esto tampoco tiene efecto, se realiza un informe a la autoridad competente y los padres se enfrentan a multas de entre 150 y 800 euros.
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