Usura para los más pobres

La Encuesta de Condiciones de Vida, del INE, publicada el pasado mes recoge varios indicadores del riesgo de pobreza de los ciudadanos. Uno de estos exponentes refleja que un 35,8% de la población no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos. Los gastos imprevistos son los causados, por ejemplo, por una avería del automóvil, la sustitución de una lavadora o una inesperada factura de la luz.

Ante tales emergencias las personas en situación de máxima precariedad, se ven forzadas a recurrir a las financieras, que ofrecen productos como los microcréditos. Se trata de cuantías muy pequeñas, pero con condiciones leoninas. Un ejemplo es el préstamo de Trive Credit de 200 euros para un plazo de 92 días. La cuantía a devolver es de 360,31 euros. Los intereses aplicados son del 1,20% por día, que representa una Tasa Anual Equivalente del 3.813%. Son casos que se anulan por usura, pero que pocos reclaman.

Los préstamos usurarios constituyen una larga batalla que los tribunales abordan desde una doble perspectiva: por una parte, mediante la ley Azcárate sobre la usura de 1908, (que anula los tipos de interés notablemente superiores al normal, actualmente seis puntos por encima de la media) y por otra, por falta de transparencia (por no explicar al cliente las consecuencias económicas del préstamo).

El 30 de enero el Tribunal Supremo anuló por falta de transparencia las cláusulas que fijaban los intereses en tarjetas revolving. Significó un gran paso adelante que implica la práctica anulación de las tarjetas de este tipo. Sin embargo, el 5 de marzo, el Alto Tribunal dictó otra sentencia en la que volvió a desconcertar. Declaró que la nulidad del contrato de una tarjeta revolving no caduca ni prescribe nunca, pero en cambio la restitución de lo cobrado abusivamente solo tiene un plazo de reclamación de cinco años. Las financieras, salvadas.

Los abusos de estos préstamos y tarjetas, que a veces encadenan de por vida a los deudores, son difíciles de reclamar por los perjudicados. El año pasado, la asociación de Jueces para la Democracia elaboró una Propuesta de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil a propósito de los contratos usurarios. El magistrado Diego Gutiérrez explica: “lo que pedimos es que la actuación de oficio ante la falta de transparencia en las cláusulas abusivas se pueda aplicar también en el caso de las tarjetas revolving, tanto para los casos de usura como por falta de transparencia”. La propuesta, sin embargo, no prosperó.

En la misma línea, Fernando Santos Urbaneja, fiscal de Defensa de los Consumidores de Andalucía, autor de la primera demanda colectiva de usuarios de Gas Natural que benefició a más de 100.000 familias andaluzas, propugna la “creación de una Fiscalía Especial de Defensa de los Consumidores”. Destaca “el enorme potencial del Ministerio Fiscal para incidir a través de del ejercicio de acciones colectivas en los distintos ámbitos que afectan a los derechos, condiciones de vida y bienestar de los ciudadanos”. Más poder a jueces y fiscales para impedir que las mayores ganancias financieras sean a costa de los más precarios.