El presidente de Estados Unidos contempla enviar al Caribe al portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’, que ahora está en el Golfo Pérsico El presidente de Estados Unidos contempla enviar al Caribe al portaaviones ‘USS Abraham Lincoln’, que ahora está en el Golfo Pérsico
Donald Trump advierte ahora de que la toma de Cuba es «casi inmediata», cuestión de un breve espacio de tiempo. En un acto en Florida, … el presidente de Estados Unidos dijo el viernes que un portaaviones norteamericano, el ‘USS Abraham Lincoln’, podría situarse frente a la isla una vez concluida la guerra con Irán. La frase sonó en parte a provocación política de cara a las elecciones de medio mandato, pero llegó el mismo día en que la Casa Blanca firmó una orden ejecutiva que amplía de forma significativa las sanciones contra el Gobierno cubano y contra quienes sostengan sus sectores clave.
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Zigor Aldama
El comentario de Trump fue directo: «Vamos a tomar Cuba casi inmediatamente», dijo durante un acto del Forum Club of the Palm Beaches, en Florida. Después añadió una referencia a la guerra de Irán: «Primero terminaremos eso. Me gusta terminar el trabajo».
Según sus declaraciones, un portaaviones estadounidense podría regresar de Oriente Próximo, acercarse a la isla y detenerse «a unas 100 yardas» de la costa. Para Trump bastaría esa demostración de fuerza para que La Habana cediera. «Dirán: muchas gracias, nos rendimos», afirmó entre risas y aplausos.
La Casa Blanca no aclaró de inmediato si el presidente hablaba en tono de broma, de amenaza política o de una posibilidad real sobre la mesa. Lo cierto es que Trump no anunció ningún plan militar formal, ningún calendario y ninguna orden contra Cuba. Pero tampoco habló en el vacío. Sus declaraciones se produjeron en una jornada en la que la Administración promulgó una nueva orden ejecutiva para ampliar el régimen de sanciones contra la dictadura de La Habana.
La medida, publicada por la Casa Blanca, sostiene que las políticas y acciones del Gobierno cubano constituyen una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El texto se apoya en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La Administración acusa a La Habana de represión, corrupción, apoyo a actores hostiles y colaboración con servicios de inteligencia y grupos contrarios a los intereses estadounidenses.
Grandes compañías pueden replantearse su inversión en la isla por las sanciones de Washington
El alcance de las sanciones es amplio. Según la Casa Blanca, la orden permite ir contra personas, entidades o afiliados que apoyen el aparato de seguridad del régimen cubano, participen en corrupción gubernamental o estén implicados en violaciones graves de derechos humanos. También alcanza a agentes, funcionarios o apoyos materiales del Gobierno cubano. La medida bloquea propiedades e intereses financieros de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe en términos generales transacciones con ellos por parte de personas o empresas de Estados Unidos.
Es más una advertencia frontal, dado el embargo que pesa sobre la isla. Además llega después de que haya habido conversaciones entre miembros del régimen castrista y funcionarios estadounidenses en México.
La novedad más relevante está en las sanciones secundarias. La nueva orden autoriza castigos contra personas, empresas o instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten transacciones significativas con entidades cubanas sancionadas. Eso cambia el cálculo para compañías no estadounidenses que operan en la isla y que hasta ahora intentaban separar sus negocios en Cuba de sus actividades en Estados Unidos. Es la sanción más importante para empresas no norteamericanas desde el inicio del embargo hace décadas.
Sectores de energía y defensa
El decreto puede afectar a sectores enteros de la economía cubana. La orden menciona energía, defensa, materiales relacionados, metales, minería, servicios financieros y seguridad, además de cualquier otro sector que Washington determine. En la práctica, ofrece a la Administración una herramienta flexible para castigar no solo a dirigentes cubanos, sino también a empresas extranjeras, bancos, intermediarios y gobiernos que mantengan relaciones económicas relevantes con estructuras vinculadas al régimen.
Durante la primera Administración Trump, la empresa española Meliá se convirtió en uno de los principales símbolos de la presión de Estados Unidos sobre las empresas extranjeras presentes en Cuba. Washington activó en 2019 el Título III de la llamada Ley Helms-Burton, que permite demandar a compañías que operen sobre propiedades confiscadas por el castrismo, y aplicó también el Título IV, que prevé restricciones de entrada en EEUU a directivos de esas empresas. En 2020, la cadena española confirmó que su consejero delegado, Gabriel Escarrer, tenía prohibida la entrada en Estados Unidos por la gestión de hoteles en la isla. Fue un aviso directo al sector turístico español: hacer negocios con activos vinculados al régimen cubano podía tener consecuencias legales, financieras y personales en territorio estadounidense.
Para la dictadura en Cuba, el riesgo inmediato es, además de una invasión anunciada desde un acto en Florida, el estrechamiento de un cerco económico difícil de sortear. Si las sanciones secundarias se aplican con dureza, empresas energéticas, mineras, financieras y turísticas pueden replantearse su exposición a la isla. Bancos extranjeros pueden cerrar operaciones por miedo a quedar atrapados por Washington. Proveedores de combustible pueden retirarse. Y un país ya golpeado por apagones, falta de divisas, deterioro del turismo y crisis migratoria puede quedar aún más aislado.
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