El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a la Fiscalía la anulación, por parte de la Generalitat de Valencia, de una serie de procedimientos sancionadores de la Inspección provincial de Trabajo de la Comunidad Valenciana relacionados con trabajos tras la dana, según ha informado este viernes el departamento que dirige Yolanda Díaz. Con el traslado al ministerio público de estas sanciones anuladas, Trabajo pretende que se investigue si la Generalitat Valenciana ha incurrido en un delito de prevaricación administrativa.
El ministerio pide a la Fiscalía que investigue la revocación “arbitraria” de algunas multas que propuso la Inspección laboral
Denuncia la anulación “arbitraria” de unas sanciones impuestas por la Inspección a empresas tras la dana
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a la Fiscalía la anulación, por parte de la Generalitat de Valencia de una serie de procedimientos sancionadores de la Inspección provincial de Trabajo de la comunidad valenciana relacionados con trabajos tras la dana, según ha informado este viernes el departamento que dirige Yolanda Díaz. Con este traslado de estas sanciones anuladas al ministerio público Trabajo pretende que la investigue si la Generalitat Valenciana ha incurrido en un delito de prevaricación administrativa.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia había impuesto estas sanciones por los accidentes laborales que se produjeron de facto o por los riesgos graves ocurridos durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Según Trabajo, en estos expedientes se constataba la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores, lo que provocó que estos se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave que, en uno de los casos, se materializó en la muerte de un trabajador.
De hecho, la propia vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anunció el pasado diciembre que su departamento llevaría a la Fiscalía a la Generalitat Valenciana por anular una sanción concreta de Inspección a una Unión Temporal de Empresas (UTE), que obligó a trabajar al citado empleado que acabó falleciendo.
El Ministerio ha considerado que todos estos expedientes, incluido el del fallecido, fueron anulados por la autoridad laboral valenciana “de forma totalmente injustificada, evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores actuantes, por lo que la decisión consideramos que se revela como arbitraria y eventualmente delictiva”.
En noviembre de 2024, apenas transcurrido un mes tras el paso de la dana, Trabajo informó de que había abierto expediente sancionador a 106 empresas por incumplir presuntamente la normativa sobre prevención y riesgos laborales durante la catástrofe y, en concreto, por hacer ir a trabajar a los empleados durante una alerta naranja o roja en vigor por fenómenos meteorológicos como el sucedido en Valencia.
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