La fecha clave para arrojar algo más de luz sobre la financiación singular que exige Cataluña está más cerca: el Gobierno y la Generalitat formalizarán este lunes una propuesta que pretende dar el pistoletazo de salida al nuevo marco. La cita llega cerca de un año después de que PSC y ERC pactaran un nuevo modelo de financiación para la comunidad catalana, un esquema que, a priori, se asemeja mucho al modelo foral de País Vasco y Navarra y que ha llevado a políticos y académicos a rasgarse las vestiduras por la amenaza para el Estado autonómico —por el potencial de restarle una porción trascendente de recursos—. Sin embargo, a medida que la negociación avanza, se asoma otra pregunta: ¿sería posible extender el planteamiento catalán al resto de comunidades y dar más equidad al sistema de financiación? Según una simulación realizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la respuesta es afirmativa, pero con muchos matices. Porque, como se dice, el diablo está en los detalles.
Extender la financiación singular al resto de comunidades exigiría garantizar la solidaridad interterritorial y calcular un cupo justo para mejorar la equidad, según un estudio del IVIE
La fecha clave para arrojar algo más de luz sobre la financiación singular que exige Cataluña está más cerca: el Gobierno y la Generalitat formalizarán este lunes una propuesta que pretende dar el pistoletazo de salida al nuevo marco. La cita llega cerca de un año después de que PSC y ERC pactaran un nuevo modelo de financiación para la comunidad catalana, un esquema que, a priori, se asemeja mucho al modelo foral de País Vasco y Navarra y que ha llevado a políticos y académicos a rasgarse las vestiduras por la amenaza para el Estado autonómico —por el potencial de restarle una porción trascendente de recursos—. Sin embargo, a medida que la negociación avanza, se asoma otra pregunta: ¿sería posible extender el planteamiento catalán al resto de comunidades y dar más equidad al sistema de financiación? Según una simulación realizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la respuesta es afirmativa, pero con muchos matices. Porque, como se dice, el diablo está en los detalles.
La fórmula propuesta por el estudio, publicado este viernes y enmarcado dentro del Proyecto IVIE Lab, se asienta sobre varios pilares. El documento propone un criterio de reparto del cupo que tendrían que abonar todas las comunidades al Estado basado en la igualación del esfuerzo fiscal. También plantean un compromiso de solidaridad entre territorios para que se puedan prestar servicios públicos semejantes, elevando el grado de nivelación del 75% actual al 80%, y, por último, una participación de las comunidades forales en este nuevo modelo, que elevaría en 6.000 millones de euros sus transferencias al sistema. “¿Existiría por esta vía un posible avance en la dirección de mejorar la equidad? Sí”, responde Francisco Pérez García, director de investigación del IVIE y uno de los autores del informe. “Pero advertimos que también la podría empeorar”, alerta.
Para desentrañar esta jerga técnica se puede empezar por el principio del espinoso asunto. El PSC y ERC pactaron en julio de 2024 un modelo financiación distinto para Cataluña, bautizado como singular, que supone que la comunidad empiece a recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos que se generan en su territorio. En contrapartida, pagaría al Estado una cantidad por los servicios que la Administración general del Estado (los ministerios) presta en el territorio —defensa, carreteras—, además de una cuota de solidaridad para nivelar los servicios públicos que prestan las comunidades, de forma que todas dispongan de suficientes recursos para garantizar un nivel parecido de atención a los ciudadanos. La fórmula de cálculo de estas dos cantidades aún se desconoce y no será fácil diseñarla para contentar a todas las autonomías, pero el funcionamiento calca el vigente en las comunidades forales, con la diferencia de que su aportación de estas a la solidaridad es prácticamente inexistente. En el resto de autonomías de régimen común es al revés: el Estado es quien reparte una bolsa común de recursos entre territorios, en función de distintos criterios (población en edad escolar, dispersión geográfica, envejecimiento), nutridos con ingresos tanto autonómicos como estatales.
El informe, elaborado por Francisco Pérez García y Juan Pérez Ballester, propone que el nuevo cupo del hipotético sistema se determine igualando el esfuerzo fiscal de cada territorio. Es decir, la ratio entre presión fiscal y PIB por habitante. De esta forma, las autonomías más ricas contribuirían más a financiar el Estado. Emplear la capacidad fiscal —la capacidad de recaudación tributaria, que tiene que ver con la renta per cápita—, o la presión fiscal —la ratio entre recaudación y nivel de ingresos—, serían soluciones que ampliarían las diferencias —ya grandes por los distintos recursos del que disponen los territorios— en los importes del cupo a pagar.
El segundo paso es el relativo a la solidaridad. En el actual sistema de financiación de las comunidades de régimen común, que lleva desde 2014 pendiente de una revisión, existe un instrumento de nivelación importante, representado por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF). Se trata de una bolsa de dinero que se alimenta con el 75% de los recursos tributarios de cada comunidad y se distribuye entre territorios en función de los habitantes ajustados (con criterios demográficos) para garantizar la financiación de los servicios públicos básicos como la sanidad, educación o prestaciones sociales. El 25% restante se lo quedan las autonomías. En general, según diversos estudios, este fondo es bastante equitativo y genera poca dispersión de gasto. El problema está en el resto de fondos del sistema de financiación, que contribuyen a distorsionar el modelo. Por eso, y a la luz de que cada comunidad tiene capacidades fiscales diferentes, la nivelación de los recursos es parcial.
El 75% de recursos que alimenta el fondo de garantía procede de un cálculo que se hizo en 2009, cuando entró en vigor el sistema actual: representaba el peso que tenían los servicios públicos fundamentales sobre el gasto total de las comunidades. Con los años, el Ministerio de Hacienda considera que ese porcentaje ha subido hasta el 80%, que es la nivelación de recursos que propone el documento.
Con estos cambios, ganarían sobre todo las autonomías que ahora mismo están infrafinanciadas, aquellas que reciben del sistema recursos por debajo de la media (Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha), pero también a Madrid y Cataluña, que reciben fondos cerca de la media pese a su potente capacidad fiscal.
La última parte de la ecuación tiene que ver con las comunidades forales. Si el sistema de concierto solidario se extendiera a País Vasco y Navarra, su participación comparada con la actual debería crecer en unos 6.000 millones de euros entre el cupo y la cuota de solidaridad.
El IVIE concluye que emplear el criterio de distribución del cupo basado en el esfuerzo fiscal y combinarlo con una mayor nivelación parcial reduce las diferencias en los recursos finales entre territorios una vez abonados ambos importes. En otras palabras, la extensión del cupo a otras comunidades —sobre todo si son ricas— puede agravar el problema de nivelación si no va acompañada de una contribución a la solidaridad adecuada.
Otra cosa es que la fórmula sea asumible políticamente, también a la luz de que algunas comunidades, las que actualmente están mejor financiadas, perderían recursos con un sistema de cupo solidario, que el Estado podría compensar con una inyección de unos 4.685 millones si se emplea el criterio del esfuerzo fiscal. “Nadie quiere perder en el acuerdo”, evidencia Pérez. “El diablo está en los detalles”.
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