Cinco meses y medio después de la mayor catástrofe que ha asolado Valencia, la dana que dejó 228 muertos, la máxima responsable política imputada, la exconsejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, ha acudido este viernes a declarar tras esquivar a decenas de víctimas que le increpaban al grito de “¡Mazón, dimisión!”, “¡Mazón, asesino!”, y “¡Mazón, putero!”
La exconsejera imputada, que ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia entre gritos de “Mazón, asesino”, sostiene que “no tenía experiencia ni conocimiento” sobre catástrofes
Cinco meses y medio después de la mayor catástrofe que ha asolado Valencia, la dana que dejó 228 muertos y una senda de destrucción, la máxima responsable política imputada, la exconsejera de Justicia e Interior del Gobierno de Carlos Mazón durante la riada, Salomé Pradas, ha cruzado este viernes el acristalado enjambre de oficinas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Lo ha hecho para declarar y contar su verdad tras esquivar a decenas de víctimas que le increpaban al grito de “¡Mazón, dimisión!”, “¡Mazón, asesino!”, y “¡Mazón, putero!”
Entre lágrimas, la exconsejera, que solo ha aceptado responder a su defensa, ha afirmado ante la jueza que carecía de experiencia y conocimiento en la gestión de emergencias. “Había muchos técnicos que se tenía que coordinar entre ellos” ha precisado en alusión a funcionarios autonómicos y del Gobierno central. Y ha echado la culpa de la catástrofe al Ejecutivo de Pedro Sánchez, según relatan a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración, que se ha desarrollado entre las 10.15 y las 13.00 horas de este viernes.
Pradas ha defendido a Mazón durante su comparecencia. Ha asegurado que le informó en varias ocasiones durante la aciaga jornada de lo que estaba ocurriendo y que no se retrasó ninguna decisión clave por la tardanza del president en llegar al Cecopi, el órgano de emergencias de la Generalitat desde donde se envió la alerta tardía a móviles.
En una maniobra claramente exculpatoria, Pradas ha expuesto ante la magistrada que ella –que orgánicamente era la máxima responsable de Emergencias de la Generalitat- no dirigía nada. La exmandataria trata de abundar así en la tesis del desconocimiento para protegerse del precipicio penal. Y, por eso, ha esgrimido ante la instructora que es una mera licenciada en Derecho y profesora de Mercantil y que carecía de formación en materia de emergencias antes de desembarcar en el puesto, en julio de 2024. “No había ejercido cargo político ni institucional relacionado con emergencias hasta ese momento”, ha declarado, según las mismas fuentes.
En su estrategia para alejarse del foco, la exconsejera ha afirmado que el Cecopi –el órgano de emergencias de la Generalitat que coordinó la tragedia- estaba formado también por miembros del Ejecutivo central, como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. Y ha defendido que el Estado “tiene competencias” en materia de esta modalidad de catástrofes naturales, según las mismas fuentes.
Sobre el desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia, esta exalto cargo de Mazón ha declarado que nadie le habló del peligro de la infraestructura, que, a consecuencia de la tromba, desató una gran ola que sepultó municipios valencianos como Catarroja o Paiporta. “Nunca nos dijeron que el Poyo se podía desbordar”, ha dicho. También ha recordado que el día de la tragedia estuvo con Laura Sáez, alcaldesa de la localidad valenciana de Carlet, uno de los municipios que más daños materiales sufrió durante la gota fría. Pradas ha aportado un listado de un centenar de llamadas. Se trata de comunicaciones con responsables de Emergencias, Presidencia de la Generalitat, el president, según las mismas fuentes.
La exalto cargo de Mazón ha indicado que el director del mando avanzado era el responsable de los bomberos de Valencia durante la dana, José Miguel Basset, según las mismas fuentes.
Antes de entrar en el juzgado, la exconsejera ha tenido que esquivar en la calle a medio centenar de periodistas y a decenas de víctimas. Todas le han recriminado su gestión. “¡Salomé, tira de la manta!”, le ha espetado un hombre. La exdirigente ha declinado atender a los medios. Su abogado, el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Eduardo de Urbano, ha anunciado que a la salida darán su versión. Veinte minutos después, entre una nube de micrófonos, ha aterrizado en el complejo de justicia, también entre insultos, el otro exalto cargo de la Generalitat que declara este viernes por la colosal inundación, Emilio Argüeso, quien fuera número dos de Pradas como secretario autonómico de Emergencias durante las lluvias torrenciales.
A las puertas de la Ciudad de la Justicia, aguardaban a Pradas también representantes de las principales asociaciones de afectados por las lluvias torrenciales, como la primera entidad en constituirse, la Asociación de Damnificados Horta Sud, promotora de una querella contra la cúpula del Consell y que ejerce la acusación popular. Miembros de CGT, otra acusación popular, manejaban una marioneta del president con las manos pintadas de rojo como si de sangre se tratara. Agentes de la Policía Nacional han tenido que apartar a varias víctimas de la dana, que increpaban a los dos exaltos cargos del Ejecutivo de Mazón. “A todo cerdo le llega su San Martín. ¡Mazón eres un cobarde, una rata!”, gritaba con la cara desencajada una sexagenaria megáfono en mano.
Pradas y a Argüeso se sientan este viernes ante la magistrada. Ambos ex altos cargos -fueron destituidos por el president cuatro semanas después de la riada- están imputados desde el pasado 10 de marzo por los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes, que están penados con entre cuatro y tres años de cárcel, respectivamente.
Durante más de cinco meses de instrucción, Pradas ha desplegado una estrategia exculpatoria. Sus tácticas de defensa se atisbaron en el recurso de apelación que presentó en marzo. En él, se definía como “cabeza de turco”. Y cargaba contra una de las piedras angulares de la investigación: el envío de la alerta masiva a móviles que, según la jueza, se hizo mal y tarde. Y que, de haberse remitido antes de las 20.11 horas del 29 de octubre, cuando ya había decenas de fallecidos y desaparecidos, se hubieran salvado vidas en los 78 municipios azotados por la inundación.
Pradas reconoció que desconocía hasta la tarde de la catástrofe el sistema de envío de SMS masivo a móviles que, según la instructora, hubiera salvado vidas, pese a que la Generalitat lo había presentado en público meses antes.
El número dos de Pradas imputado, Emilio Argüeso, también ha recurrido a una calculada estrategia exculpatoria. El exalto cargo de la Generalitat expresó en su recurso de apelación que “no tuvo que ver” con las inundaciones y echó balones fuera al reclamar que se investigara al responsable del 112, la centralita telefónica de emergencias del Consell que, a partir de las 16.40 horas del 29 de octubre, recibió cientos de llamadas alertando del desbordamiento del barranco del Poyo, detonante de la tragedia. Argüeso ha presentado esta semana un informe pericial en el juzgado en el que aseguraba que avisó a la Generalitat de la gravedad de la catástrofe a primera hora de la tarde del 29 de octubre. “Los barrancos están a punto de colapsar”, escribió a las 14.44 de la jornada en un chat interno del Ejecutivo autónomo con 34 altos cargos y asesores.
Tras imputar a Pradas y Argüeso, la jueza también abrió la puerta a declarar de forma voluntaria como investigado a Mazón. El president rechazó esta posibilidad. La citación como imputado del jefe del Consell tiene que aprobarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el razonamiento de la jueza.
Cinco meses y medio después se desconoce qué hizo el jefe del Consell el 29 de octubre entre las 14.30 horas y las 20.28, cuando aterrizó en el Cecopi, el órgano de Emergencias de la Generalitat. Solo se sabe que el president almorzó en el céntrico restaurante de Valencia El Ventoro mientras se inundaba Valencia.
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