A lo largo del siglo pasado, los lobos ibéricos se extinguieron de amplísimas zonas de España. No se extinguieron ellos, los matamos nosotros. En el sureste desaparecieron hacia 1930, con los últimos lobos que matamos en la sierra de Baza, las Alpujarras y Sierra Nevada. Casi en paralelo sucedió lo mismo en Catalunya, donde en 2025, tras casi 100 años de ausencia, han vuelto a criar ejemplares de la subespecie italiana procedentes de Francia. En la Comunitat Valenciana desaparecieron hacia 1950. En Andalucía y Extremadura a finales de 1990, lo que supuso la exterminación de los últimos lobos sureños, animales con rasgos ecológicos peculiares y quizás con restos genéticos de los lobos levantinos sugeridos como subespecie por el naturalista Ángel Cabrera a principios del siglo XX. Solo el norte de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid han sido áreas de una tímida recolonización en las últimas décadas gracias a ejemplares ibéricos procedentes del cuadrante noroeste ―Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León― donde la especie no dejó de estar presente en ningún momento, aunque con periodos de mayor o menor persecución, notables cambios en la distribución y disminuciones de abundancia territoriales.
Matar 100 ejemplares, como ya ha sucedido en los montes asturianos y cántabros, es una muestra de populismo rural que desprecia el conocimiento científico y la ética
A lo largo del siglo pasado, los lobos ibéricos se extinguieron de amplísimas zonas de España. No se extinguieron ellos, los matamos nosotros. En el sureste desaparecieron hacia 1930, con los últimos lobos que matamos en la sierra de Baza, las Alpujarras y Sierra Nevada. Casi en paralelo sucedió lo mismo en Catalunya, donde en 2025, tras casi 100 años de ausencia, han vuelto a criar ejemplares de la subespecie italiana procedentes de Francia. En la Comunitat Valenciana desaparecieron hacia 1950. En Andalucía y Extremadura a finales de 1990, lo que supuso la exterminación de los últimos lobos sureños, animales con rasgos ecológicos peculiares y quizás con restos genéticos de los lobos levantinos sugeridos como subespecie por el naturalista Ángel Cabrera a principios del siglo XX. Solo el norte de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid han sido áreas de una tímida recolonización en las últimas décadas gracias a ejemplares ibéricos procedentes del cuadrante noroeste ―Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León― donde la especie no dejó de estar presente en ningún momento, aunque con periodos de mayor o menor persecución, notables cambios en la distribución y disminuciones de abundancia territoriales.
Esta regresión en el área de distribución histórica fue uno de los argumentos que llevaron a la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies con Régimen de Protección Especial (LESRPE) en 2021, cuarenta años después de las primeras campañas en favor de la protección del lobo surgidas en la década de 1980 con precursores como Félix Rodríguez de la Fuente o José Antonio Valverde.
No es un problema económico, muy lejos desde luego de cifras “espeluznantes”
Apenas cuatro años después, en marzo de 2025, en el marco de la tramitación parlamentaria de la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, el PP introdujo enmiendas en unas disposiciones de esa ley para extraer al lobo del LESRPE, contando con el apoyo de Vox, Junts y PNV para su aprobación. En las semanas inmediatamente posteriores a esta maniobra ejecutada al margen de cualquier norma relativa a la conservación de la naturaleza y que ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Defensor del Pueblo, los gobiernos de Cantabria, Asturias, Galicia y La Rioja anunciaron planes para matar ejemplares. Las dos primeras, con la aprobación de la muerte de 94 animales en la suma de ambos territorios, son las comunidades que de forma más virulenta ponen en marcha estos eufemísticamente llamados “planes de control”.
Contra esta persecución auspiciada por algunos gobiernos autonómicos, distintas organizaciones han puesto en marcha una batería de acciones jurídicas, destacando el despliegue impulsado desde el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, pero también desde entidades como WWF, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico o Ecologistas en Acción, con el apoyo de un buen número de entidades repartidas por todo el territorio. Fruto de ese esfuerzo, que cuenta con un amplio respaldo social, es la paralización cautelar dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre las resoluciones aprobadas por el Gobierno gallego, si bien es el único tribunal que atendió los criterios científicos aportados en los recursos presentados por distintas organizaciones en todas las comunidades que han iniciado planes de eliminación de lobos. Llama en positivo la atención que el TSXG adoptase la medida cautelar al considerar acertadamente la afección que la muerte de lobos en Galicia tendría para los núcleos de la vecina Portugal, toda vez que la población de lobos compartida entre ambos países debe ser tenida por una sola población de la subespecie ibérica.
En junio de 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó los resultados del censo 2021-2024, un trabajo que España tiene la obligación de elaborar para actualizar el estado de conservación de las especies incluidas en la Directiva Hábitats. El censo, elaborado con los datos aportados por las comunidades autónomas, da como resultado la existencia de 333 grupos reproductores de lobos en todo el territorio español, con un escaso incremento respecto al censo 2012-2014 ―apenas un 12% más―, y un muy tenue incremento en la distribución territorial. Si sumamos a esta cifra las 60 manadas censadas en Portugal, la población ibérica, con algo menos de 400 manadas en total, aún queda lejos de los 500 grupos que se consideran la población mínima para garantizar la viabilidad genética, según un informe elaborado por la Iniciativa para los Grandes Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) por encargo de la Comisión Europea.
En enero de 2026, la IUCN en su actualización de la Lista Roja de Especies Amenazadas incluyó al lobo ibérico en la categoría de “vulnerable”, evaluación soportada por un informe elaborado por un equipo científico de primer nivel.
Podríamos seguir enumerando datos que apuntan al frágil estado de conservación de la especie a nivel español ―y portugués, población protegida desde 1988 pero que depende del flujo con los núcleos españoles―, como podríamos señalar la gravísima incidencia que los incendios del verano de 2025 tuvieron sobre muchos núcleos loberos gallegos, zamoranos y leoneses, pero la realidad es que gobiernos autonómicos de distinto signo político comparten la fijación por eliminar lobos, coincidiendo en ello desde el PP en Galicia, Cantabria, Castilla y León y La Rioja hasta el PSOE en Asturias o el PNV en Euskadi.
¿Los apenas 1.800 lobos que viven en España suponen un problema de tanto calibre como para mantener esta tensión política? Pongamos cifras.
A pesar de la dificultad para obtener datos oficiales de las propias comunidades autónomas, podemos situar en una franja que se mueve entre ocho y 10 millones de euros por año los daños que abonan los gobiernos con presencia de la especie en sus territorios por ataques a la ganadería. Un país como España, recordemos, cuarta economía europea, puede permitirse esa inversión para mantener y conservar una población sana de lobos, si atendemos a los servicios ecosistémicos que presta la presencia de depredadores y al valor en sí que tiene la conservación de la fauna.
No en vano, el Ministerio para la Transición Ecológica brindó durante los años en que el lobo estuvo protegido una partida anual de 20 millones de euros a las comunidades autónomas loberas que contemplaba la compensación por daños a la ganadería y la implementación de medidas preventivas, medidas que las comunidades han desarrollado con absoluta desgana. Pareciera que reducir y compensar los daños que sufren algunos ganaderos no sea algo prioritario.
Matar 100 lobos es una muestra de populismo rural que desprecia el conocimiento científico y la ética
Porque lo cierto es que este pandemónium en torno al lobo no es un problema económico, muy lejos desde luego de cifras “espeluznantes”, como manifestaron los consejeros de varias comunidades reunidos en Santander el pasado 30 de enero en una comparecencia para presionar a un Ministerio para la Transición Ecológica que se ha mantenido coherente con la opinión científica. Los lobos se han convertido en un elemento de discordia forzada, como lo son los menores extranjeros no acompañados y los inmigrantes; los lobos son tratados como los “okupas” del territorio rural. Y en ese contexto, estrategias electorales torticeras en territorios como Asturias y Cantabria, tratando de captar un voto rural con crecientes y preocupantes síntomas de radicalización, conducen a decisiones como la de matar a casi un centenar de lobos, incluyendo hembras gestantes o con crías recién nacidas. Matar 100 lobos, como ya ha sucedido en los montes asturianos y cántabros, es una muestra de populismo rural que desprecia el conocimiento científico y la ética. Se debe exigir a los gobiernos políticas que concilien las actividades humanas con la conservación del medio natural, políticas que vuelquen esfuerzos en la prevención de daños ―con el manejo de perros, custodia del ganado y uso de nuevas tecnologías― y campañas de divulgación. En tiempos de desinformación en los que incluso las evidencias climáticas son puestas en duda de una forma creciente, nada hay más peligroso que dejarse llevar por corrientes que van contra el conocimiento científico.
Podemos vivir sin lobos. Viviremos peor, porque los lobos juegan un papel fundamental en los ecosistemas y porque representan elementos de alto significado cultural. Pero seguramente podamos vivir sin ellos como estuvimos a punto de vivir sin linces, como posiblemente podamos vivir en pocos años sin urogallos, salmones y anguilas, especies al borde de la desaparición si no se toman medidas urgentes de conservación. Pero somos muchas las personas que no queremos vivir sin ellos o con una población de lobos recluida en reductos, sujeta al capricho político de matarlos a balazos en busca de un puñado de votos.
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