Tal y como han hecho antes países como Libia, Túnez o Marruecos, el Gobierno de Mauritania ha comenzado a aplicar una política de mano dura respecto a la emigración irregular que ya se deja sentir. En los cuatro primeros meses del año, el Gobierno mauritano ha interceptado a más de 30.000 migrantes, según fuentes gubernamentales, de los cuales miles han sido expulsados a la fuerza y el resto permanecen en centros de detención, ha desmantelado unas 80 redes de emigración irregular, frente a 148 todo el año pasado, y ha enviado a prisión a 119 personas vinculadas a esta actividad. En esos mismos cuatro meses hasta Canarias han llegado 10.538 personas por vía marítima irregular, lo que representa un descenso del 33,8% respecto al mismo periodo de 2024.
El país africano intensifica las expulsiones a Senegal y Malí, cuyos gobiernos protestan por el trato recibido por sus ciudadanos
Tal y como han hecho antes países como Libia, Túnez o Marruecos, el Gobierno de Mauritania ha comenzado a aplicar una política de mano dura respecto a la emigración irregular que ya se deja sentir. En los cuatro primeros meses del año, el Gobierno mauritano ha interceptado a más de 30.000 migrantes, según fuentes gubernamentales, de los cuales miles han sido expulsados a la fuerza y el resto permanecen en centros de detención, ha desmantelado unas 80 redes de emigración irregular, frente a 148 todo el año pasado, y ha enviado a prisión a 119 personas vinculadas a esta actividad. En esos mismos cuatro meses hasta Canarias han llegado 10.538 personas por vía marítima irregular, lo que representa un descenso del 33,8% respecto al mismo periodo de 2024.
A finales de 2023, Mauritania empezó a convertirse en el principal punto de salida de cayucos hacia Canarias, cogiendo el relevo de un Senegal que, tras tres años de inestabilidad, ponía fin a su crisis política en marzo de 2024. Para ese entonces, las embarcaciones cargadas con ciudadanos de Malí, Senegal, Gambia, Guinea e incluso países asiáticos como Bangladesh o Pakistán salían prácticamente a diario desde las ciudades mauritanas de Nuadibú y Nuakchot, lo que en buena medida explica que en 2024 llegaran casi 47.000 personas a Canarias, el año con más arribadas de su historia. La falta de medios de vigilancia y la corrupción policial facilitaron la explosión de un inmenso negocio del que muchos se beneficiaban.
Conscientes de ello, las autoridades españolas, y de su mano las europeas, redoblaron sus esfuerzos de cooperación. El presidente español, Pedro Sánchez, visitó el país en dos ocasiones en 2024. La primera en febrero, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, para anunciar una inversión conjunta de más de 500 millones de euros, y la segunda en agosto para prometer vías de emigración legal y proyectos de formación para sus jóvenes. Las autoridades mauritanas aseguraron que hacían lo que podían para frenar el flujo de cayucos hacia Canarias, pero fuentes del sector de la seguridad revelaban que podían hacer mucho más y que miembros de las propias fuerzas policiales estaban implicados en este negocio.
Ocho meses después de la última visita de Sánchez, la situación ha cambiado. Desde comienzos de 2025, el Gobierno mauritano ha intensificado los controles para pedir documentación, tanto en las carreteras como en las principales ciudades. Como consecuencia, en Nuakchot, capital del país, los migrantes son cada vez menos visibles. En este periodo, el Gobierno ha detenido a unos 30.000 que se encontraban en situación irregular en este país o que habían cruzado la frontera por lugares no habilitados, según aseguran fuentes gubernamentales. Para ello se han habilitado centros de detención en hangares y almacenes de las fuerzas de seguridad. La intención del Gobierno es expulsarlos, lo cual ocurre con los africanos a través de la frontera terrestre con Malí y Senegal y con los asiáticos mediante vuelos de expulsión, según las mismas fuentes.
El ministro del Interior, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, aseguró la semana pasada en una sesión parlamentaria que estos migrantes irregulares son acogidos “en centros dotados de servicios como la alimentación, agua, electricidad e instalaciones sanitarias” donde sus derechos son respetados y que sus procesos de expulsión se llevan a cabo “conforme a las convenciones internacionales, a la soberanía nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. El titular de Interior añadió que “nuestro país, como todos, tiene todo el derecho a reglamentar y controlar la circulación de extranjeros en su territorio, un derecho que es cada vez más importante teniendo en cuenta el número creciente de migrantes que entran de manera irregular en nuestro territorio”. Estas expulsiones no afectan a quienes tienen el estatuto de refugiado, unas 300.000 personas, en su mayor parte malienses.
Sin embargo, no todos piensan igual. El pasado mes de marzo, la ministra de Exteriores de Senegal, Yacine Fall, denunció “un trato inhumano” sufrido por sus ciudadanos expulsados de Mauritania y anunció la apertura de negociaciones con las autoridades de este país para aclarar las condiciones de estas devoluciones. De hecho, el Gobierno senegalés ha comenzado a rechazar las expulsiones de ciudadanos de Gambia y Guinea a través del puesto fronterizo de Rosso, lo cual se negocia en este momento entre los dos ejecutivos. Asociaciones de derechos humanos también han elevado la voz para denunciar casos de malos tratos y violencia durante el proceso. A finales de marzo, el Gobierno de Malí expresó su “indignación” por el trato recibido por sus ciudadanos. El ministro de Malienses en el Exterior, Mossa Ag Attaher, aseguró en rueda de prensa que unos 1.800 ciudadanos de este país habían sido expulsados desde Mauritania “en las últimas semanas”.
El pasado 10 de abril, una delegación mauritana encabezada por su ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Salem Ould Merzoug, viajó hasta Malí para explicar a las autoridades de este país las nuevas medidas de control migratorio. Durante su comparecencia en Bamako, explicó que en 2024 se localizaron 500 cadáveres de jóvenes africanos cerca de las costas y que en 2025 ya eran un centenar, “una tragedia humana que tenemos que combatir juntos”, según manifestó. En los últimos meses, decenas de cadáveres fueron encontrados en la playa de La Gúera, en el sur del Sahara Occidental, muy próximo a Nuadibú.
Además de la detención y expulsión de migrantes, Mauritania ha intensificado su lucha contra quienes organizan las salidas de cayucos. Según dijo el titular de Interior en el Parlamento, la Gendarmería ha desmantelado unas 80 redes y ha enviado a prisión a 119 personas desde principios de año. Entre los detenidos se encuentran algunos miembros de las fuerzas de seguridad que participaban del negocio: hace un mes, un gendarme y un policía basados en Rosso fueron identificados por cobrar dinero a cambio de dejar entrar en el país a personas sin documentación.
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