Tres empresas dominan el negocio del reparto de comida en España: Just Eat, Glovo y Uber Eats. La primera viene operando con asalariados y la segunda acaba de completar la transición a ese mismo modelo, tras años defendiendo el sistema por cuenta propia. Después del cambio en Glovo, Uber Eats es la única de las tres que sigue desarrollando parte de su actividad con autónomos, una práctica en el punto de mira del Ministerio de Trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado una investigación al modelo actual de autónomos de Uber Eats, según confirman fuentes conocedoras de la situación.
Glovo y Just Eat, enfrentados en la justicia
Las otras dos grandes empresas del sector, Glovo y Just Eat, están enzarzadas en una guerra judicial. La segunda, la única que ha aceptado plenamente la ley rider desde el principio, denunció a Glovo por competencia desleal en diciembre del año pasado. Le reclama 295 millones de euros en daños y perjuicios. A la vez, el consejero delegado de Glovo se defiende de la acusación de cometer un presunto delito contra los derechos de sus trabajadores, castigado con penas de prisión de seis meses a seis años. La Fiscalía le acusa de “menoscabar y suprimir” los derechos laborales de sus repartidores por su insistencia en operar con falsos autónomos.
Las otras dos compañías que copan el reparto de comida a domicilio, Glovo y Just Eat, operan con asalariados
Tres empresas dominan el negocio del reparto de comida en España: Just Eat, Glovo y Uber Eats. La primera viene operando con asalariados y la segunda acaba de completar la transición a ese mismo modelo, tras años defendiendo el sistema por cuenta propia. Después del cambio en Glovo, Uber Eats es la única de las tres que sigue desarrollando parte de su actividad con autónomos, una práctica en el punto de mira del Ministerio de Trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado una investigación al modelo actual de autónomos de Uber Eats, según confirman fuentes conocedoras de la situación.
Este periódico ha contactado con la Inspección para conocer el estado de la investigación. El organismo inspector indica que no comenta actuaciones por el deber de sigilo. Fuentes al tanto de las pesquisas precisan que acaban de empezar y que se encuentran en una fase muy inicial.
La empresa confirma que la investigación a su modelo actual está en marcha: “Estamos cooperando plenamente con la Inspección de Trabajo y seguiremos colaborando con el Gobierno para asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”. Un portavoz de la compañía defiende que “Uber Eats cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera”.
El escrutinio de Trabajo a Uber Eats no es una sorpresa. Cuando Glovo anunció el cambio en su modelo, este periódico preguntó al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, si esta compañía era la siguiente tarea de Inspección. “Si hay alguna otra empresa, con independencia de su tamaño o de su fuerza, que está incumpliendo la ley rider en este momento, sobre ella caerá también el peso de la ley con toda su intensidad. No va a haber excepciones“, contestó el número dos del ministerio.
Entonces también dijo que con la ley rider, aprobada en 2021 con respaldo sindical y patronal, se decidió que “en nuestro país el modelo para el delivery es laboral». “Es el único posible. Te llames Glovo, Uber Eats, Just Eat o como te quieras llamar, no hay espacio para un modelo de falsos autónomos. Hay que enfrentarlos a la soberanía de la ley, a las sanciones, al descrédito público que supone erigir tu negocio sobre la precariedad. No merece la pena”, agregó.
Modelo híbrido
El modelo de Uber Eats en España es híbrido: una parte trabaja asalariada a través de subcontratas [que en el sector se conocen como flotas] y otra lo hace por cuenta propia, como autónomos. La compañía no detalla a cuántos repartidores emplea en cada modelo. “En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen”, indica un portavoz de la compañía.
Antes de este modelo híbrido, Uber Eats ha funcionado con otros sistemas de trabajo. Al inicio, cuando Deliveroo también era parte del mercado, solo operaba con autónomos. “Era un modelo al 100% de falsos autónomos, como el de Glovo [por entonces]. Pero cambiaron por la aprobación de la ley rider, a finales de 2021”, recordaba en un reportaje reciente de este periódico el responsable de plataformas digitales de UGT, Fernando García. Entonces era uno de esos repartidores de Uber Eats, a los que la empresa “desconectó” para pasar a un modelo de asalariados, con el objetivo de cumplir la ley rider. “Como yo”, recuerda García, “unas 4.500 personas fuimos desconectadas. No despedidas, según la compañía, desconectadas. La justicia nos acabó dando la razón, aquello fue un despido masivo”.
La reacción de Uber Eats a la ley rider fue cambiar a un modelo laboral, el que hoy mantiene para los coches VTC. No hay autónomos, pero tampoco empleados directamente por la compañía: operan con flotas, subcontratas que emplean a sus conductores. Entonces Glovo no se movió, persistió en su operativa de autónomos, lo que cambió poco después la estrategia de Uber Eats. La directora general de la empresa en España, Courtney Tims, dijo en una carta remitida a Yolanda Díaz en marzo de 2022: “Una vez transcurrido el periodo de transición, todas las empresas teníamos que adaptarnos a la nueva ley. ¿Todas? No, todas no. Glovo, la mayor empresa, líder del delivery en España, decidió seguir operando con trabajadores autónomos”.
“Mientras, vemos con impotencia cómo el Gobierno no ha conseguido hacer cumplir la ley rider. Y cómo la situación de desventaja de todas las empresas que sí la cumplimos empeora cada día. Ante esta situación, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?”, se preguntaba Tims en la misma misiva. Se contestó a sí misma poco después, en agosto de 2022, cuando Uber Eats anunció un nuevo giro: volvía a abrir la puerta a los repartidores por cuenta propia. Pasaba a un modelo híbrido, el que aún mantiene en vigor, en el que unos repartidores son asalariados vía subcontratas y otros son autónomos. La otra gran empresa, Just Eat, mantuvo el rumbo y persistió en su modelo de asalariados.
Uber Eats viene defendiendo que su nueva forma de operar con autónomos sí respeta la ley rider, en esencia porque, explican, la app no les da órdenes, da libertad al repartidor. Según especifica la compañía, el repartidor conoce el detalle del pedido antes de aceptar y no se le penaliza si lo rechaza; puede determinar el precio mínimo por kilómetro en cada pedido; y recibir únicamente ofertas que sean iguales o superiores a esa tarifa.
Los sindicatos tienen una opinión muy diferente. Creen que este modelo de Uber Eats, ahora bajo la lupa de la Inspección, no cumple con la ley rider, y vienen subrayando que el modelo anterior, cuando solo operaba con autónomos, ya fue investigado por la Inspección. “Sí hay investigaciones y sentencias, aunque no firmes, de su anterior modelo de autónomos. Con el paso del tiempo se irán confirmando multas”, decía García en diciembre del año pasado. Uber Eats suele recordar que su modelo de autónomos está obteniendo respaldo judicial en países como Portugal y que respeta la directiva europea de plataformas, que España aún no ha traspuesto.
Las cuentas anuales que la sociedad Portier Eats Spain (con la que desarrolla esta actividad Uber Eats en España) depositó en el Registro Mercantil en diciembre del año pasado contemplaban un total de 136 millones en provisiones por contingencias fiscales y legales asociadas a su modelo de contratación. Se trata de los estados contables de 2021, pero fueron formulados el 31 de julio de 2024, dos años y medio después de su conclusión.
Glovo y Just Eat, enfrentados en la justicia
Las otras dos grandes empresas del sector, Glovo y Just Eat, están enzarzadas en una guerra judicial. La segunda, la única que ha aceptado plenamente la ley rider desde el principio, denunció a Glovo por competencia desleal en diciembre del año pasado. Le reclama 295 millones de euros en daños y perjuicios. A la vez, el consejero delegado de Glovo se defiende de la acusación de cometer un presunto delito contra los derechos de sus trabajadores, castigado con penas de prisión de seis meses a seis años. La Fiscalía le acusa de “menoscabar y suprimir” los derechos laborales de sus repartidores por su insistencia en operar con falsos autónomos.
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