Era una semana muy difícil para la coalición. Aunque lo sabían muy pocas personas, y ni siquiera se había tratado en la comisión de secretarios de Estado, la que prepara el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez había decidido soltar este martes la bomba política: el Gobierno aprobó 10.471 millones de euros más para gasto en seguridad y defensa, con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB este año, dos antes de lo previsto.
Sánchez mandó parar a Marlaska porque se jugaba no solo el equilibrio del Gobierno sino su propia imagen como líder contra la ultraderecha israelí. Pero en IU creen que habrá más curvas
Era una semana muy difícil para la coalición. Aunque lo sabían muy pocas personas, y ni siquiera se había tratado en la comisión de secretarios de Estado, la que prepara el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez había decidido soltar este martes la bomba política: el Gobierno aprobó 10.471 millones de euros más para gasto en seguridad y defensa, con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB este año, dos antes de lo previsto.
Es una cantidad enorme. Para dar una idea, aunque el PIB ha crecido mucho desde entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, con su famoso “me cueste lo que me cueste” de mayo de 2010, anunció para 2011 un recorte de 10.000 millones de euros, una cantidad similar. Ese ajuste hundió al PSOE durante muchos años, tanto que no volvió a ganar unas elecciones hasta 2019, con Sánchez al frente. Esto no es un ajuste, Sánchez garantiza que no se tocará el gasto social, pero no deja de ser un salto enorme en un asunto muy delicado para una coalición progresista con el trasfondo del rearme europeo.
Y sin embargo, aunque parecía que este asunto pondría en serio peligro la coalición, estaba todo pactado dentro del Gobierno, y el Consejo de Ministros fue bastante tranquilo. El día anterior, Sánchez y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y cabeza visible del socio minoritario de la coalición, habían tenido una larga conversación política. El presidente le explicó que España tiene que cumplir sus compromisos internacionales, que no puede quedarse fuera, que necesita responder a la llamada de sus socios del norte y este de Europa, que exigen ampliar el gasto en defensa, y de la propia OTAN, que está presionando. Díaz contestó que Sumar no apoyaría este aumento del gasto y se desmarcaría con la fórmula habitual, con observaciones en el Consejo de Ministros, pero acordaron que nada se rompería.
En el Consejo habló Ernest Urtasun, ministro de Cultura, fijando la posición de Sumar, apelando a las observaciones, en las que se habla de un aumento del gasto “verdaderamente exorbitado sin que se hayan sentado las bases en la UE para una verdadera coordinación de los ejércitos de los Estados miembros”. Esto es, mostró el rechazo de Sumar, pero sin tensiones. No hubo ningún cruce delicado. Todo estaba pactado de antemano. Sánchez mostró respeto hacia la posición de sus socios, como ha hecho públicamente varias veces —“es una discrepancia de hace 40 años”, llegó a decir en Bruselas, al recordar que Izquierda Unida (IU) nació precisamente tras el referéndum contra la OTAN de 1986— y planteó algo parecido a lo que dijo en público, esto es, que España debe ser solidaria con sus socios.
“El mensaje de Sánchez es claro: Europa fue solidaria con España en el covid, ahí están los fondos europeos, que nos han hecho crecer y siguen haciéndolo, y ahora somos nosotros los que debemos arrimar el hombro”, señala un miembro del Gobierno. “Además, solo el 20% del plan es armamento, el resto es desarrollo industrial o mejora de salarios de militares. Es una respuesta muy diferente a la que daría la derecha o la ultraderecha”.
Todo iba más o menos dentro de un carril de control, aunque IU exigía a Sumar más dureza en su oposición y ya se veía que el equilibrio dentro del espacio a la izquierda del PSOE es muy frágil con este asunto. Pero entonces llegó el remate: la Cadena SER reveló que Interior mantenía el contrato de compra de seis millones de euros en balas a una empresa israelí que había prometido revocar. La noticia hacía crujir la coalición, tal vez más que nunca.
Casi todas las mayores tensiones en estos cinco años han sido sobre de las armas. En 2022, ante la cumbre de la OTAN que se celebraba en Madrid, la coalición estuvo muy cerca de romperse, porque Díaz insistía en dejar constancia de su rechazo al apoyo de España a la ampliación de la Alianza, y los socialistas se oponían a que eso quedara por escrito porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado.
Esta vez no estaba solo en riesgo la estabilidad de la coalición, aunque varios ministros coinciden en que en ningún momento se planteó seriamente una ruptura, por mucho que IU llegara a dejarlo caer. El problema era que al crujido en la coalición, que ya ha sonado otras veces, se le sumaba un riesgo muy serio para la propia imagen del presidente en sectores progresistas dentro y fuera de España.
Sánchez había prometido en el Congreso que no habrá ni compra ni venta de armamento con Israel y empresas de este país mientras siga la ofensiva militar israelí en Gaza. Ha reconocido a Palestina. Se ha sumado a la querella contra Israel en la Corte Penal Internacional. Y se mueve por todo el mundo, especialmente en los países árabes, donde es acogido con entusiasmo, como uno de los líderes mundiales que con más claridad se opone a las acciones de Israel contra los palestinos y a la política agresiva de la ultraderecha de ese país liderada por Benjamín Netanyahu. Todo eso se ponía en cuestión por el contrato para comprar balas a una empresa israelí con una participación muy activa en las acciones militares en Gaza que ya ha dejado más de 50.000 muertos.
El enfado de Sánchez con Interior era monumental, según diversas personas que pudieron hablar con él. El departamento de Fernando Grande-Marlaska, un ministro que, según diversas fuentes, no estuvo muy encima de esta decisión, había arruinado en un momento la estabilidad de la coalición, trabajada con cuidado entre Sánchez y Díaz, y la propia imagen del presidente en una cuestión tan sensible como los bombardeos sobre Gaza.
Así que Sánchez ordenó buscar una solución para darle la vuelta a esa decisión que Interior decía que era técnicamente imposible de mover. De nuevo hablaron Sánchez y Sumar, pero también sus equipos: María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y Diego Rubio, jefe de Gabinete del presidente, pusieron la maquinaria a tope para buscar una salida, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, negoció con Sumar, y finalmente se encontró una escapatoria donde Interior no la había hallado: un organismo poco conocido, la junta de material de doble uso, denegará la entrada de las balas en España “por razones de interés general”. Y así Interior podrá alegar esta decisión, ajena al contrato que anula su efecto, para rescindirlo.
A pesar de las críticas del PP, que sostiene que se va a perder todo el dinero, más de seis millones de euros, los servicios jurídicos del Gobierno creen que con esta fórmula se puede evitar pagar o como mucho afrontar alguna penalización no muy grande, porque el material no llegará nunca a España.
Como siempre que hay una tensión aparentemente irresoluble en la coalición, Sánchez optó por buscar una solución que dé una buena salida política a Díaz y en este caso también a IU, la que más presionó porque sus bases son especialmente sensibles a todos estos asuntos. Ya lo hizo también con la bronca por la tributación en el IRPF del salario mínimo. Si entonces la que tuvo que dar marcha atrás, al menos en parte, fue María Jesús Montero, esta vez Sánchez desautorizó de manera todavía mucho más evidente a Grande Marlaska, aunque en La Moncloa insisten en que no lo va a cambiar ni él va a dimitir. “Es un buen ministro”, señalan en el entorno del presidente, que siempre lo ha defendido en múltiples crisis. No parece haber ambiente de cambio de Gobierno, al menos no de momento.
La pelota de partido se ha salvado. Pero en IU, donde están especialmente preocupados y van lanzando cada vez más señales de alarma, temen que las cosas se vayan complicando mucho más en los próximos meses. En esta organización veterana de la izquierda española, que está preocupada por el futuro de un espacio ahora de nuevo fraccionado por la ruptura entre Sumar y Podemos, temen que la coalición tenga que tragar sapos aún más grandes tras la cumbre de la OTAN en La Haya (Países Bajos) en junio. Ahí se irá bastante más allá del 2%, temen en IU. Y las consecuencias políticas de eso en España son imprevisibles. “Nosotros no podemos acompañar al PSOE en ese camino de la OTAN. Nadie quiere romper este Gobierno y abrirle la puerta a la ultraderecha, pero va a ser muy difícil ese equilibrio”, señalan en IU. En Sumar, por el contrario, creen que la coalición está mostrando mucha madurez, y que la fórmula pactada entre Sánchez y Díaz para seguir adelante pactando esta discrepancia de fondo es válida.
Y en el PSOE opinan que el escenario con el foco puesto en lo internacional y en la batalla contra la ultraderecha de Donald Trump es positivo para el Gobierno progresista, porque además ven al PP muy fuera de juego. La respuesta a esa incógnita llegará en unas pocas semanas en La Haya y en los días posteriores. Pero de fondo hay algo mucho más delicado, y es la recomposición del espacio a la izquierda del PSOE, absolutamente decisivo para el resultado de las próximas elecciones. Muchas cosas se están moviendo ahí, y la tensión por el rearme europeo es una pieza más en la partida clave para el futuro de la izquierda española.
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