Nuevo giro de guion inesperado en la investigación sobre las supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, un informe en el que alerta de que los 65.367 criptoactivos USDT (en la actualidad con un valor de 62.800 euros) que la magistrada ordenó bloquear en octubre por ser propiedad supuestamente del empresario y exfubolista Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, amigo y socio del expresidente de la federación, habían desaparecido cuando los investigadores trataban de transferirlos a una cuenta segura para asegurar que nadie los pudiera desviar. El documento policial señala a cuatro ciudadanos colombianos como presuntamente implicados en la maniobra y destaca la vinculación de uno de ellos con el propio Nene, al que responsabiliza en última instancia de la misma. La UCO ha pedido a la jueza que dicte una orden internacional de busca y captura contra los cuatro sospechosos.
La jueza rechaza por ahora llamar a declarar a Piqué y Aldama
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, que investiga las supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales ha rechazado por ahora llamar a declarar como investigado al exfutbolista del FC Barcelona y la selección española Gerard Piqué, además de interrogar como testigo al empresario Víctor de Aldama, pieza clave del caso Koldo de corrupción y expresidente del Zamora CF. En una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada considera que ambas diligencias, pedidas por la acusación ejercida por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, no tienen “en este momento procesal con la causa”. La decisión puede ser recurrida.
La petición de interrogar a Piqué se planteó después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera al Juzgado un informe con los últimos avances de las pesquisas en el que concluía que el exfutbolista del FC Barcelona y la selección española Gerard Piqué fue “parte activa” en el contrato de la Supercopa de España de fútbol ahora bajo sospecha. El acuerdo para la disputa de los partidos de esta competición en aquel país se plasmó en un acuerdo por 264 millones de euros firmado en 2019 entre el entonces mandatario de la Federación, una empresa saudí y la mercantil Kosmos, de la que es fundador y presidente Piqué, que cobró una comisión por ello. Para justificar la testifical de Aldama, la acusación esgrimía las declaraciones que hizo este en la Audiencia Nacional en la causa que se sigue por el supuesto amaño en la adquisición de mascarillas para diversos organismos de la Administración, en la que denunció que su equipo no consiguió una plaza en la Segunda B, tercer escalón del fútbol español, por la influencia de Piqué en la federación que entonces dirigía Rubiales.
La Guardia Civil pide a la jueza una orden de busca y captura para los cuatro ciudadanos colombianos que desviaron los fondos y a los que la investigación vincula con Javier Martín, ‘Nene’
Nuevo giro de guion inesperado en la investigación sobre las supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, un informe en el que alerta de que los 65.367 criptoactivosUSDT (en la actualidad con un valor de 62.800 euros) propiedad supuestamente del empresario y exfubolista Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene, amigo y socio del expresidente de la federación, que había ordenado bloquear había desaparecido cuando los investigadores trataban de transferirlos a una cuenta segura para asegurar que nadie los pudiera desviar. El documento policial señala a cuatro ciudadanos colombianos como presuntamente implicados en la maniobra y destaca la vinculación de uno de ellos con el propio Nene, al que responsabiliza en última instancia de la misma. La UCO ha pedido a la jueza que dicte una orden internacional de busca y captura contra los cuatro sospechosos.
En el informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Guardia Civil recuerda que esta línea de investigación se inició el pasado 20 de marzo, el mismo día que la Guardia Civil realizaba las primeras siete detenciones y registraba la sede de la RFEF en la bautizada como Operación Brodie. Ese día, los agentes recibieron la llamada de C. V. B., quien aseguraba que había realizado inversiones en criptoactivos a un empresario de Granada que podía estar presuntamente implicado en la trama desmantelada. Se refería a Nene, un exjugador que nunca pasó del tercer escalón del fútbol español, metido a empresario hotelero tras dejar el balón y que mantenía una estrecha relación de amistad con Rubiales. De hecho, él era la persona que se encontraba con el expresidente de la federación en República Dominicana cuando se produjeron aquellos primeros arrestos.
La investigación reveló que, efectivamente, Nené invirtió en agosto de 2022, junto a otras dos personas, 60.000 euros en criptoactivos y que estos fondos pasaron poco antes del inicio de la Operación Brodie a un monedero virtual bajo su control con la supuesta intención entonces de retirarlos en República Dominicana, donde tenía negocios. De hecho, en uno de los móviles intervenidos a Nene los agentes encontraron dos “frases semillas” (claves privadas de 12 palabras necesarias para poder realizar transacciones desde una dirección con criptoactivos) que, según las pesquisas, están vinculadas a 140 direcciones donde supuestamente se podrían ocultar más fondos en monedas virtuales. Con estos datos, la UCO solicitó a la empresa de criptomonedas que bloquease temporalmente este dinero, medida que en octubre respaldó la jueza Rodrigo con la indicación de que esos fondos fueran transferidos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), un organismo creado por el Ministerio de Justicia a finales de 2015 para administrar el embargo de bienes bloqueados e intervenidos a personas condenadas.
Sin embargo, el nuevo informe de la Guardia Civil, fechado el pasado 16 de diciembre detalla que, cuando el 11 de noviembre iban a transferir los fondos no pudieron porque alguien había aprovechado la empresa que los custodiaba los había desbloqueado para que los investigadores hicieran un primer traspaso de prueba con 10 criptomonedas para hacerse con esos fondos trasladándolos a dos monederos en sendos movimientos realizados con tan solo un minuto de diferencia. Los agentes comenzaron a rastrear entonces el camino seguido por los criptoactivos, que fueron saltando de un monedero virtual u otro, y a identificar a las personas que presuntamente habían realizado esas sucesivas transferencias. Las pesquisas han permitido concretar que en la maniobra participaron presuntamente Tito Alejandro A, P., Juan Camilo P. A., Carlos Mario A. C. e Ismael José S. todos ellos de nacionalidad colombiana.
La UCO pone el foco en el último, Ismael José S., del que destacan que “habría tenido una mayor participación en la detracción de los fondos” y era la persona que “tiene el control” del monedero virtual donde se remitieron en primer lugar los más de 65.000 USDT antes de ser de nuevo transferidos a otros. Los agentes destaca que, cuando se produjo el bloqueo inicial de los criptoactivos, esta persona se puso en contacto con ellos por correo electrónico e intercambió, sin identificarse, varios mensajes para preguntar por qué habían sido intervenidos judicial y asegurarles que él era “el propietario” de la dirección del monedero donde estaban alojados, además de tener la frase semilla para manejar los fondos.
En el último de esos mensajes, del 23 de noviembre, Ismael José S. insistía en su preocupación por el hecho de que esos fondos fueran retirados “sin habérselo comunicado previamente” e insistía en que un cliente suyo era “el dueño absoluto” de los mismos y que, por ello, ponía a este en copia en el mensaje. Los agentes comprobaron que la dirección que esta persona puso en el correo electrónico era, precisamente, una de las que era titular Nene, el socio de Rubiales. “A través de este último correo, S. confirmó que Javier [Martín] era el dueño de los fondos alojados” alejado en el monedero, destacan los agentes. Y concluyen, por tanto, que el socio del expresidente de la RFEF “se habría valido de, al menos,” los cuatro ciudadanos colombianos identificados “para impedir” que las criptomonedas pasasen a estar bajo control judicial, como había ordenado la magistrada.
La jueza rechaza por ahora llamar a declarar a Piqué y Aldama
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, que investiga las supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales ha rechazado por ahora llamar a declarar como investigado al exfutbolista del FC Barcelona y la selección española Gerard Piqué, además de interrogar como testigo al empresario Víctor de Aldama, pieza clave del caso Koldo de corrupción y expresidente del Zamora CF. En una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada considera que ambas diligencias, pedidas por la acusación ejercida por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, no tienen “en este momento procesal con la causa”. La decisión puede ser recurrida.
La petición de interrogar a Piqué se planteó después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera al Juzgado un informe con los últimos avances de las pesquisas en el que concluía que el exfutbolista del FC Barcelona y la selección española Gerard Piqué fue “parte activa” en el contrato de la Supercopa de España de fútbol ahora bajo sospecha. El acuerdo para la disputa de los partidos de esta competición en aquel país se plasmó en un acuerdo por 264 millones de euros firmado en 2019 entre el entonces mandatario de la Federación, una empresa saudí y la mercantil Kosmos, de la que es fundador y presidente Piqué, que cobró una comisión por ello. Para justificar la testifical de Aldama, la acusación esgrimía las declaraciones que hizo este en la Audiencia Nacional en la causa que se sigue por el supuesto amaño en la adquisición de mascarillas para diversos organismos de la Administración, en la que denunció que su equipo no consiguió una plaza en la Segunda B, tercer escalón del fútbol español, por la influencia de Piqué en la federación que entonces dirigía Rubiales.
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