En La Moncloa y el Gobierno no hay muchas dudas de que el presidente, Pedro Sánchez, acudirá al Congreso para explicar la posición de España con respecto al conflicto en Irán, pero esa presencia aún no tiene agenda ni formato. El PP de Alberto Núñez Feijóo ya ha registrado una petición de comparecencia urgente porque argumenta que las decisiones adoptadas hasta ahora debilitan los intereses y la relación de España con sus socios y aliados. El precedente de lo que ocurrió hace justo 23 años con la actuación del presidente José María Aznar, en la guerra de Irak, le permite a Sánchez barajas varias alternativas, según fuentes socialistas. Aznar, entonces, acudió al Congreso antes de que EE UU declarara oficialmente la invasión y no volvió hasta 10 meses más tarde para analizar la alianza de España plasmada en la foto de las Azores tras el asesinato de siete agentes del CNI.
El expresidente compareció hace 23 años justo antes de la declaración oficial de la guerra y volvió tras el asesinato de siete agentes del CNI
En La Moncloa y el Gobierno no hay muchas dudas de que el presidente, Pedro Sánchez, acudirá al Congreso para explicar la posición de España con respecto al conflicto en Irán, pero esa presencia aún no tiene agenda ni formato. El PP de Alberto Núñez Feijóo ya ha registrado una petición de comparecencia urgente porque argumenta que las decisiones adoptadas hasta ahora debilitan los intereses y la relación de España con sus socios y aliados. El precedente de lo que ocurrió hace justo 23 años con la actuación del presidente José María Aznar, en la guerra de Irak, le permite a Sánchez barajas varias alternativas, según fuentes socialistas. Aznar, entonces, acudió al Congreso antes de que EE UU declarara oficialmente la invasión y no volvió hasta 10 meses más tarde para analizar la alianza de España plasmada en la foto de las Azores tras el asesinato de siete agentes del CNI.
El presidente Sánchez formuló este miércoles una medida declaración institucional sobre la particular posición de España en este conflicto en La Moncloa, sin la presencia de periodistas ni preguntas, y su equipo aún estudia cuando y cómo contempla informar de la situación en el Congreso.
El propio Sánchez aludió en esa primera declaración a que ahora no se quieren repetir ni los errores ni los “regalos” de hace 23 años, como definió críticamente la actuación entonces del llamado trío de las Azores, en alusión a la imagen de Aznar con el presidente norteamericano, George W. Bush, y el primer ministro británico, Tony Blair.
Estados Unidos empezó a intentar modelar la justificación de la invasión armada de Irán desde 2001, mucho antes de que el secretario de Estado de EE UU, Colin Powell, acudiera a la ONU en febrero de 2003 para aquella sesión en la que aseguró que existían armas de destrucción masiva que luego nunca se demostraron. El presidente Aznar acudió a las Cortes hasta en cuatro ocasiones en los dos meses previos al comienzo de aquella guerra, con los primeros ataques el 19 de marzo de 2003.
El 4 de marzo de 2003 Aznar fue al Congreso para buscar apoyo a la polémica resolución 1.441 presentada por Estados Unidos en la ONU, y concitó 183 votos frente a 164. Aznar no la defendió en la tribuna, lo hicieron el diputado Gustavo de Arístegui y el ya candidato para las siguientes elecciones y ministro Mariano Rajoy. El presidente popular se reservó las razones de la adhesión a ese polémico mandato en un tenso pleno del Congreso para el 18 de marzo, en la víspera del ataque.
Pero en enero de 2003 Aznar ya había llegado a justificar en un acto en A Coruña que iría al Congreso para detallar el escenario en Irak, pero sólo “cuando sea necesario, cuando haya algo sobre lo que debatir, y no sobre hipótesis de futuro”. Un mes después, en febrero de 2003, desde el Gobierno del presidente popular se precisó que decidirían sobre una eventual participación de tropas españolas en el conflicto sin consulta previa a las Cortes y que éstas serían informadas “con carácter inmediato”, pero a posteriori de la decisión. Tardaron en acudir 10 meses.
Esa postura del Gabinete de Aznar contradecía totalmente el compromiso que el propio dirigente popular había expresado por dos veces antes, durante la guerra de Kosovo, ante el pleno del Congreso de regular un mecanismo de consulta parlamentaria en caso de conflicto, admitiendo implícitamente que había ahí un vacío legal. Aquella promesa cayó en el olvido. Cuando llegó al Ejecutivo se agarró a que sería el Gobierno el que adoptaría esas decisiones en uso de sus atribuciones constitucionales en su interpretación del artículo 97 de la Constitución, según el cual “el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado”. El artículo 63.3 de la ley fundamental reserva, sin embargo, al Rey, “previa autorización de las Cortes Generales, [la facultad de] declarar la guerra y hacer la paz”.
La Ley Orgánica de Criterios Básicos de la Defensa Nacional, de 1980, reformada en 1984, afirma que “corresponde al Presidente del Gobierno la dirección de la política de defensa. En consecuencia, ejerce su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas”. Y agrega que también le corresponde “la dirección de la guerra”. Esa ley señala que “las Cortes Generales aprueban las leyes relativas a la defensa, los créditos presupuestarios correspondientes y ejercen el control de la acción del Gobierno y de la Administración Militar”. También que son las Cortes las que “otorgan las autorizaciones previstas en el artículo 63.3 de la Constitución [declaración de guerra]” y “conceden la autorización previa para los tratados o convenios internacionales de carácter militar”.
Aquel Ejecutivo de Aznar sostuvo en su favor que en 1990, tras la invasión de Kuwait, el presidente socialista Felipe González ordenó el envío al Golfo de tres buques de guerra españoles sin consultar previamente al Parlamento y que el Grupo Popular, entonces en la oposición, no discutió esa competencia. El Ejecutivo de González se había albergado bajo el paraguas de una resolución prácticamente unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que autorizaba el uso de todos los medios necesarios para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait.
El 2 de diciembre de 2003, diez meses después de la invasión y unos días después de que fueran asesinados siete agentes del CNI en la zona, Aznar sí se personó en el Congreso para, tras mostrar el pésame y consternación por esas muertes, reafirmarse en la necesidad de mantenerse en Irak con el argumento de que España tenía “una obligación de solidaridad con aquellos países de los que es aliado, y con los que comparte la misma posición en defensa de la legalidad internacional”, aseguró.
Aznar detalló entonces ante el Congreso, tras desechar la oferta de consenso del entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, el despliegue que ofrecía a la coalición invasora: el buque Galicia, dotado con capacidad médica para realizar intervenciones quirúrgicas, atención de cuidados intensivos y con camas para hospitalización; vehículos y embarcaciones con idéntico propósito; una unidad de 120 infantes de Marina, unidades del Ejército de Tierra de ingenieros y de defensa nuclear, bacteriológica y química (NBQ) con capacidades, la primera, para tareas de desminado y desactivación de explosivos, y, la segunda, con tres equipos de reconocimiento químico y radiológico, más una estación completa de descontaminación. En tareas de escolta, seguridad y apoyo del buque Galicia se envió en apenas dos días también una fragata de la Armada, la Reina Sofía, así como el buque petrolero Marqués de la Ensenada. En suma, un contingente de en torno a los 900 efectivos.
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