Un cirujano ha sido condenado a muerte y otros profesionales sanitarios sufren graves presiones por asistir a los manifestantes mientras las ONG denuncian el arresto de heridos en sus propias camas Un cirujano ha sido condenado a muerte y otros profesionales sanitarios sufren graves presiones por asistir a los manifestantes mientras las ONG denuncian el arresto de heridos en sus propias camas
Durante los primeros días de enero, los cirujanos del hospital oftalmológico Farabi, en Teherán, se percataron de que la represión de las movilizaciones populares en … Irán habían adquirido una desmesuradoa dimensión cuando comenzaron a trapasar la puerta jóvenes a quienes habían disparado con perdigones en los ojos. «Todos sufrían roturas oculares. Habían recibido impactos en los ojos de proyectiles de alta velocidad. Necesitaban intervenciones quirúrgicas urgentes», explica un responsable de la clínica. Primero llegaron unos 55 heridos de Hamedan, Qom, Azna y Aligoudarz, donde se registraron las manifestaciones más tempranas. Luego, entre los días 8 y 9, ingresaron 900 personas con uno o los dos ojos reventados. Fue necesario trasladar a casi dos centenares a otras clínicas ante el colapso del centro.
Ese mismo 8 de enero, un médico del hospital de Teherán recibió varias fotos por WhatsApp que sus compañeros habían tomado en la sala de Urgencias. «Muestran heridas de perdigones en la espalda, las manos, las cabezas. Heridas aterradoras, pero con posibilidad de supervivencia», relata a ‘The Guardian’. «Entonces, a las ocho, todo se quedó a oscuras . Internet, teléfonos móviles, mensajes, mapas… todo desapareció. Diez o vente minutos más tarde, oí disparos que resonaban por las calles. Me di cuenta de inmediato de que ya no estábamos en la misma situación». Salió a la carrera hacia el hospital. Ya era de noche. «Los nuevos pacientes que ingresaban no habían recibido perdigones, sino munición real. Balas de guerra. Eran balas diseñadas para atravesar el cuerpo. Balas que entraban por un lado y salían por el otro», describe desde el anonimato.
En el hospital Vali Asr, de Qaemshahr, decenas de heridos habían pasado por el quirófano o estaban a punto de hacerlo tras el ‘apagón’ digital. Habían sido apuñalados, tiroteados o tenían la cabeza abierta a golpes. De repente, la Policía: golpean a sus familias, seleccionan algunas camas y se quedan junto a ellas. No dejan pasar ni a parientes ni médicos mientras las víctimas se retuercen de dolor. Al menos un hombre de 49 años, dueño de un taller de carrocería, con un orificio de bala en un costado murió mientras le era prohibida la asistencia médica.
El «retiro forzoso» de las víctimas
Los hospitales son el reflejo del infierno en Irán. Tras lel sometimiento de las manifestaciones en contra del régimen, impulsadas por una crisis económica extrema, numerosos médicos y miembros del personal de enfermería han sido detenidos o citados judicialmente por prestar asistencia a los heridos. La ONU ha recibido además «múltiples informes» sobre el «retiro forzoso» de pacientes heridos, cuyo destino se desconoce después de que hombres armados entraran a por ellos en los hospitales y se los llevaran supuestamente detenidos.
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A medida que las restricciones en internet ceden, o que los trabajadores se organizan en redes paralelas utilizando la tecnología Starlink para sacar al exterior sus informes, el horror trasciende y el régimen se enfrenta a una nueva condena internacional. Estados Unidos ha exigido a Teherán que libere a todos los médicos y enfermeros detenidos. El Departamento de Estado ha instado además a la excarcelación de Alireza Golchini, un cirujano de 52 años acusado de «librar una guerra contra Dios», lo que le convierte en el primer profesional sanitario que enfrenta la pena de muerte por operar a civiles heridos de bala durante los disturbios.
Golchini también prestó asistencia en 2022 a decenas de víctimas de los enfrentamientos con la Policía y el ejército durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Ahora, en medio de las refriegas, había publicado su teléfono en las redes sociales para ponerse a disposición de quienes necesitasen ayuda. Acudieron agentes del régimen que le sacaron a rastras de su casa en Qazvin el pasado 10 de enero y se lo llevaron en una camioneta. Antes, le rompieron un brazo y varias costillas delante de su mujer y su hijo.
El cirujano figura entre los 42.000 detenidos que las ONG de derechos civiles aseguran que están en presidio en Irán tras los recientes disturbios. Unos 800, entre ellos Golchini, habrían sido condenados a muerte en juicios exprés, aunque el Gobierno niega estos extremos. Planea una oscuridad densa sobre el balance de la represión. El régimen persiste en la cifra de algo más de 3.000 muertos. En cambio, la organización informativa Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, ha verificado ya 6.000 fallecimientos y 17.000 casos bajo investigación. De los confirmados, 112 muertos son niños, otros 214 agentes del Gobierno y se cuentan decenas de ciudadanos que no tomaron parte en las manifestaciones; simplemente estaban en el peor lugar posible cuando los francotiradores y las fuerzas de seguridad empezaron a disparar.
La ropa empapada en sangre
«Incluso en desastres, se pueden recibir 20 o 30 pacientes heridos en varias horas. Esa noche, y la siguiente, fueron cientos. Uno tras otro», recuerda el médico del hospital de Teherán en ‘The Guardian’, sobre los peores días de la represión. «Estábamos salvando vidas de personas que habían sido baleadas por su propio Gobierno. Sigues operando, detenerse no es una opción, pero una parte de ti se está desmoronando», confiesa el facultativo, que desde el quirófano escuchaba el tableteo de las ametralladoras de origen ruso, «armas que no deberían estar en las calles de la ciudad».
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«Las batas de hospital, toda nuestra ropa exterior, nuestra ropa interior, todo estaba empapado en la sangre de estos jóvenes», explica un cirujano escudado bajo un nombre ficticio (Nima) a la BBC. A él le toco trabajar en un hospital de provincias. Operó a un hombre al que un francotirador había acertado con una bala en el rostro. «Entró por su barbilla y salió por la mandíbula superior». Entre sus peores recuerdos figuran decenas de jóvenes a quienes debieron amputarles alguna extremidad. «Ha habido ingresos de ciudadanos apuñalados en el tórax, los brazos y los genitales», dice un médico de guardia de Isfahán.
En esta provincia, así como en centros hopitalarios de Shahar Mahal, Lahijan, y Bakhtiari se han producido aparentemente «robos de heridos» –detenciones súbitas sin órden alguna– y el personal está siendo presionado para denunciar nuevos ingresos. Hay médicos a quienes se ha prohibido ejercer. Al menos 13.000 personas fueron asistidas en las primeras dos semanas de enero y desde entonces otras 3.000 han acudido a Urgencias. Se trataría de víctimas que en un primer momento intentaron curarse en casa o con la ayuda clandestina de profesionales para evitar los hospitales. Algunos facultativos borran de su historial el motivo del ingreso, ya que la Guardia Revolucionaria controla toda la documentación.
Más de 4.000 médicos han pedido que a sus colegas persas se les deje trabajar en libertad. La Asociación Médica Mundial también ha denunciado esta semana la «persecución» contra el colectivo y se ha hecho eco de la situación de Alizera Golchini, cuya vida «corre peligro por «esforzarse en salvar vidas». «Estas prácticas constituyen graves violaciones de los principios éticos de nuestra profesión, así como de los derechos humanos fundamentales. Los médicos deben poder desempeñar sus funciones sin obstrucciones, interferencias ni temor a represalias», ha declarado su presidenta, Jacqueline Kitulu,.
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