El Gobierno mantendrá la autoridad final para autorizar, condicionar o bloquear cualquier operación que emprenda la tecnológica de defensa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ante la oferta de un grupo extranjero, incluyendo una potencial adquisición por parte de la alemana Rheinmetall. La dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra por las presiones de Moncloa y la fallida fusión entre EM&M y la propia Indra por el conflicto de interés entre ambas cúpulas abren la posibilidad a ese tipo de operaciones ante el interés creciente de grupos extranjeros en la firma familiar de defensa, valorada ya por encima de los 2.000 millones de euros.
La potencial venta de EM&E a un grupo extranjero pasaría obligatoriamente por el Consejo de Ministros y podría ser vetada
El Gobierno mantendrá la autoridad final para autorizar, condicionar o bloquear cualquier operación que emprenda la tecnológica de defensa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ante la oferta de un grupo extranjero, incluyendo una potencial adquisición por parte de la alemana Rheinmetall. La dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra por las presiones de Moncloa y la fallida fusión entre EM&M y la propia Indra por el conflicto de interés entre ambas cúpulas abren la posibilidad a ese tipo de operaciones ante el interés creciente de grupos extranjeros en la firma familiar de defensa, valorada ya por encima de los 2.000 millones de euros.
Sea como sea, y aunque se trata de una empresa controlada al completo por los hermanos Escribano, el Gobierno seguirá teniendo la última palabra en cualquier iniciativa corporativa que emprendan si esta viene de más allá de las fronteras nacionales. Todo ello, sumado a que la SEPI siempre ha querido que Indra tome EM&E para ganar capacidad industrial y operativa en defensa, aunque para ello exigiera que se disolviera antes la incompatibilidad de tener a un presidente que era comprador y vendedor al mismo tiempo, algo que se resolvió el pasado miércoles.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha consolidado el uso del mecanismo de control de inversiones extranjeras, conocido técnicamente como escudo antiopas, mediante una serie de intervenciones en sectores que van desde el transporte ferroviario hasta la energía y las telecomunicaciones. Esta norma, prorrogada por decreto hace poco más de un año hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque lanzada durante la pandemia para proteger al empresariado nacional de opas agresivas y oportunistas en momentos de muy baja cotización, otorga al Ejecutivo la capacidad de vetar o imponer condiciones estrictas a la entrada de capital extracomunitario —y en ciertos casos también comunitario— en empresas consideradas estratégicas para la seguridad y el orden público.
Pero en el caso de EM&M, además de esa norma antiopas, y al tratarse de una empresa de defensa, se sometería a un triple control previo: visto bueno de la Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), donde participan varios ministerios; un informe favorable del Ministerio de Defensa y, finalmente, la aprobación del Consejo de Ministros.
Según el marco regulatorio vigente para sectores estratégicos, cualquier operación de inversión extranjera en empresas vinculadas a la defensa nacional o con carácter estratégico requiere el visto bueno del Consejo de Ministros, aplicando criterios de seguridad nacional idénticos a los empleados en otras operaciones como la entrada de la operadora saudí STC en el capital de Telefónica o la fallida compra de Talgo por la húngara Ganz-Mavag.
También la propia Rheinmettal tuvo que pasar por la mesa de los martes del Gobierno cuando en 2023 abordó la compra de Expal, una firma española de municiones, por unos 1.200 millones de euros. Aquella operación todavía colea en los tribunales después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abriera un expediente a la compradora.
La normativa que rige estas operaciones internacionales se articula a través del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores. Esta legislación establece que el Estado tiene la facultad de intervenir en transacciones donde el adquirente sea una entidad extranjera y el objetivo sea una empresa española que desarrolle actividades relacionadas con la defensa, la seguridad pública o sectores críticos como la energía y las telecomunicaciones. En el caso específico de la industria de defensa, el umbral de intervención es más estricto que en otros sectores. Mientras que en otros civiles la revisión se activa generalmente a partir del 10% del capital, en empresas con contratos de defensa o acceso a información clasificada, la autorización previa es preceptiva para cualquier adquisición que supere el 5% de las acciones, o incluso porcentajes inferiores si estos otorgan derechos de voto significativos o presencia en el consejo de administración.
Fuentes administrativas confirman que el procedimiento de examen para una eventual oferta de Rheinmetall por Escribano seguiría los cauces de la JINVEX. Este organismo técnico, donde están representados diversos ministerios —incluyendo Defensa, Economía e Interior—, es el encargado de evaluar el impacto de la inversión en las capacidades industriales estratégicas de España antes de elevar una recomendación al Ejecutivo. Además, el Ministerio de Defensa deberá emitir un informe preceptivo para autorizar la venta de forma similar a lo que ocurrió cuando Rolls-Royce decidió vender la empresa vasca ITP Aero (que fabrica turbinas para aviones de combate como el Eurofighter) en 2022 al fondo estadounidense Bain Capital.
Condiciones
Una vez recibida una solicitud formal de inversión, la JINVEX dispone de un plazo legal para emitir un informe. Durante este periodo, se analiza no solo el origen de los fondos, sino también el plan industrial propuesto por el comprador. El Gobierno puede imponer commitments o condiciones de obligado cumplimiento para autorizar la operación. Estas suelen incluir: el mantenimiento de la sede social y operativa en España; la garantía de continuidad de los contratos de suministro con las Fuerzas Armadas españolas; el blindaje de la propiedad intelectual y de las patentes desarrolladas con fondos públicos o de interés nacional, y restricciones a la transmisión de información sensible a la matriz extranjera.
Si el Ejecutivo considera que los riesgos para la seguridad nacional o la autonomía estratégica no pueden ser mitigados mediante estas condiciones, tiene la potestad legal de vetar la operación de forma unilateral, basándose en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, introducido en 2020 en plena pandemia del coronavirus, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales.
Fuentes del Ministerio de Industria han reiterado que el escudo antiopas es una herramienta neutra que no busca impedir la inversión, sino asegurar que esta no comprometa la seguridad del Estado. No obstante, en el ámbito de la defensa, la discrecionalidad del Consejo de Ministros es máxima, y cualquier movimiento accionarial en Escribano que implique la pérdida de control nacional será sometido a un escrutinio exhaustivo.
El precedente de STC
La aplicación de este protocolo de seguridad nacional tiene su antecedente más reciente en la irrupción de Saudi Telecom Company (STC) en Telefónica. En septiembre de 2023, la firma saudí anunció la adquisición de una participación del 9,9% en la operadora española. Al ser Telefónica un proveedor crítico de infraestructura para el Ministerio de Defensa y poseer contratos de comunicaciones cifradas, la operación quedó sujeta a la autorización del Gobierno que tardó más de un año en formalizarla.
El paralelismo con Escribano reside en la naturaleza de su actividad. La empresa española, con sede en Alcalá de Henares, es un proveedor clave para las Fuerzas Armadas. Su cartera de productos incluye estaciones de armas remotas (RWS), kits de guiado de munición de precisión y sistemas electroópticos. Estos componentes están integrados en plataformas críticas como el vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8×8 Dragón del Ejército de Tierra.
Al igual que ocurrió con la vigilancia sobre la soberanía tecnológica en el caso de Telefónica, el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones su intención de preservar la autonomía estratégica en la base industrial y tecnológica de la defensa (BITD). La posible absorción de una firma tecnológica nacional por un gigante europeo como Rheinmetall se analiza bajo el prisma de si dicha operación garantiza el mantenimiento de los centros de decisión y las capacidades de ingeniería en territorio español.
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