El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública va a establecer una bonificación mínima obligatoria del 25% en las tarifas de telecomunicaciones para ciudadanos con rentas bajas dentro del nuevo Servicio Universal de Telecomunicaciones que entrará en vigor en 2027. Según el proyecto de real decreto al que ha tenido acceso EL PAÍS / CincoDías, la medida ampliará el paraguas de protección social a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV), lo que supone extender estas tarifas reducidas a cerca de 800.000 hogares en todo el país.
El nuevo servicio universal obligará a los operadores a rebajar la tarifa a perceptores del ingreso mínimo vital y eleva la velocidad mínima a 100 megas
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública va a establecer una bonificación mínima obligatoria del 25% en las tarifas de telecomunicaciones para ciudadanos con rentas bajas dentro del nuevo Servicio Universal de Telecomunicaciones que entrará en vigor en 2027. Según el proyecto de real decreto al que ha tenido acceso EL PAÍS / CincoDías, la medida ampliará el paraguas de protección social a los beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV), lo que supone extender estas tarifas reducidas a cerca de 800.000 hogares en todo el país.
El documento, que saldrá este miércoles a audiencia pública, redefine las condiciones del servicio universal de telecomunicaciones para garantizar la asequibilidad de la conexión fija. La normativa impone a todas las operadoras del mercado la obligación de ofrecer estos descuentos dentro de su ámbito de cobertura, eliminando el modelo vigente donde la responsabilidad recaía exclusivamente sobre un operador designado. El objetivo de la Administración es que el coste del servicio no suponga una exclusión para los colectivos con menor capacidad económica.
No obstante, y a diferencia de lo que ocurre con el bono eléctrico, que permite acceder a precios mucho más asequibles que los de mercado, en el sector de las telecomunicaciones existen tarifas reducidas tan agresivas que pueden competir holgadamente con los precios estándar pese a esos descuentos oficiales.
Velocidad mínima
Junto a las medidas de precio, el reglamento propone un incremento en la calidad mínima del acceso a internet. La velocidad de la conexión fija incluida en el servicio universal pasará de los 10 megabit por segundo (Mbps) actuales a un mínimo de 100 Mbps. Con esta actualización, España se situará como el primer país de la Unión Europea en integrar esta capacidad de banda ancha dentro de los servicios básicos garantizados por ley para la totalidad de la población, independientemente de su ubicación geográfica.
El departamento que dirige Óscar López fundamenta esta decisión en el despliegue de infraestructuras de fibra óptica y redes móviles 5G, así como en la mejora de las prestaciones de las redes satelitales. Estas tecnologías permitirán alcanzar el umbral de los 100 Mbps en zonas rurales o remotas donde hasta ahora la conectividad era limitada. La normativa asegura así que servicios de teletrabajo, administración electrónica y videollamada en alta definición estén disponibles para todos los usuarios bajo el marco del servicio universal.
Fin de la exclusividad de Telefónica
El nuevo decreto introduce también un cambio estructural en la prestación del servicio. Telefónica, que hasta ahora actuaba como el único operador encargado de asegurar el servicio universal, dejará de tener esa exclusividad. A partir de la entrada en vigor de la norma, todos los operadores de telecomunicaciones tendrán la obligación legal de ofrecer el acceso a internet y el servicio telefónico fijo con las condiciones de calidad y precio establecidas en el reglamento.
Esta modificación permite a los usuarios elegir libremente entre las compañías que operen en su zona, manteniendo siempre el derecho a solicitar la tarifa bonificada si cumplen los requisitos de renta. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará que las ofertas comerciales de las operadoras respeten el descuento mínimo del 25% y que no existan barreras técnicas que impidan el acceso de los hogares vulnerables a estas prestaciones.
En materia de inclusión, el proyecto refuerza las obligaciones de los operadores hacia las personas con diversidad funcional. Las compañías deberán mantener una oferta suficiente de terminales adaptados para usuarios con discapacidad motriz, visual o auditiva. Además, el texto establece un hito técnico para junio de 2027: tanto los operadores como las Plataformas 112 deberán tener operativa la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT).
Este sistema garantiza una comunicación fluida y simultánea mediante texto para personas con dificultades auditivas o de habla, integrando los servicios de emergencia en los estándares modernos de accesibilidad digital. El coste de implementación de estas funcionalidades deberá ser asumido por las empresas del sector como parte de sus obligaciones de servicio público, sin que ello suponga un recargo adicional para el abonado con necesidades especiales.
El calendario fijado por el Ministerio para la Transformación Digital prevé que este nuevo régimen jurídico entre en funcionamiento el 1 de enero de 2027. Este periodo de carencia permite a las operadoras adaptar sus sistemas de facturación y sus catálogos comerciales a la nueva estructura de descuentos y a los requisitos de velocidad. Asimismo, la Administración podrá coordinar con la Seguridad Social el cruce de datos necesario para identificar de forma automática a los beneficiarios del IMV que tengan derecho a la rebaja tarifaria.
El proyecto de real decreto inicia ahora su fase de exposición pública para recibir aportaciones del sector y de las asociaciones de consumidores. Una vez concluido este proceso y recabados los informes preceptivos, el texto será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. La medida se enmarca en la estrategia estatal para cerrar la brecha digital y asegurar que el desarrollo de las infraestructuras de nueva generación se traduzca en una mejora de la cohesión social y territorial.
Hasta que se modifique la norma, Telefónica debe prestar el servicio universal hasta el 31 de diciembre de 2026 al no haberse presentado ninguna compañía a la licitación pública para cubrir este servicio en el último concurso. Se trata ya de un procedimiento habitual, puesto que todos los anteriores concursos desde la liberalización de las telecomunicaciones han quedado desiertos. La causa es que ninguna de las operadoras con red está interesada en prestar este servicio al considerarlo deficitario, por lo que es el Gobierno el que se ve en la obligación de designar por decreto a Telefónica para cubrirlo año a año.
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