El Gobierno ha ampliado hasta 2030 la designación de Correos como operador para prestar el servicio postal universal (SPU) en España y ha ampliado las competencias de la empresa pública, entre otras medidas, para eludir en el corto plazo el riesgo de disolución de empresa. El Ejecutivo ha incluido esta designación, así como la de Servicio de Interés Económico General (SIEG), en el real decreto ley de medidas urgentes que aprobó este lunes en el último Consejo de Ministros del año.
El decreto amplía las competencias de la sociedad pública para prestar servicios financieros o realizar el pago de tributos y multas
El Gobierno ha ampliado hasta 2030 la designación de Correos como operador para prestar el servicio postal universal (SPU) en España, entre otras medidas para eludir en el corto plazo el riesgo de disolución de empresa. El Ejecutivo ha incluido esta designación, así como la de Servicio de Interés Económico General (SIEG), en el real decreto ley de medidas urgentes que aprobó este lunes en el último Consejo de Ministros del año.
El servicio postal universal es el conjunto de servicios postales que deben garantizarse de forma permanente en todo el territorio, con determinados estándares de calidad y a precios asequibles para los usuarios. Correos recibe una compensación por el coste adicional que le supone cumplir con estas obligaciones de servicio. El SPU incluye los envíos nacionales y transfronterizos, ordinarios y certificados, de tarjetas postales y de cartas hasta 2 kilogramos de peso, y de paquetes postales hasta 20 kilogramos.
Según el sindicato UGT, la medida aprobada por el Gobierno establece un “tratamiento más justo” en la financiación del SPU. En un comunicado, el sindicato señala que, “después de cinco años de lucha contra un intento de desguace de Correos, hoy se reinicia una nueva etapa con el impulso de un nuevo modelo de Operador Postal en España”. A su juicio, las medidas aprobadas suponen una “rectificación loable” del Ejecutivo respecto a la línea seguida en los últimos cinco años. A ese respecto, UGT reconoce el papel desempeñado por el nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, que el pasado julio firmó con UGT y CCOO, SEPI y el Ministerio de Hacienda el acuerdo marco para transformar y diversificar la empresa pública.
El plan, que afecta a la actividad de Correos en España (también tiene actividad en Portugal), marca tres prioridades: la modernización del servicio postal universal, cuya prestación ha sido criticada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por sus bajos niveles de calidad; el impulso al negocio de paquetería, con el objetivo de que represente más del 30% de la facturación del grupo; y el impulso a nuevas vías de ingresos. En este punto será clave la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG) de la administración, que Correos comenzará a asumir para compensar el declive del negocio postal clásico. Esto permitirá a la compañía prestar determinadas actividades “que constituyan un beneficio público general” y no estén siendo proporcionados por el mercado.
Nuevas tarifas postales
Por otra parte, Correos subirá un 8,54% el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta veinte gramos de peso a destinos nacionales para el próximo año 2025, al mismo tiempo que el paquete azul de menos de un kilo de peso se encarecerá un 3,85%. Se trata de la propuesta de precios enviada por el operador postal público a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo que ha resuelto que estos precios a particulares “no comprometen el principio de asequibilidad y cumplen con los principios de transparencia, no discriminación y orientación a los costes reales de prestación del servicio”.
En cualquier caso, estas subidas se encuentran por encima de la actual inflación, que en el último dato disponible de noviembre ascendía al 2,4% en su tasa interanual, aunque en España los precios de los envíos siguen muy por debajo de la media europea (ya en 2023 era de 1,33 euros). En España, el envío de una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos costará a partir del próximo 1 de enero 0,89 euros, 7 céntimos más que en 2024, año en el que el precio subió un 4%. Previamente, en 2023, aumentó otro 4%, un 7% en 2022, un 7,7% en 2021, un 8,3% en 2020, un 9% en 2019, un 10% en 2018, un 11,1% en 2017, un 7,14% en 2016 y un 10,5% en 2015, cuando costaba 0,42 euros.
Por su parte, la carta certificada de menos de 20 gramos costará 5,29 euros, un 8,62% más; la carta ordinaria internacional inferior a 20 gramos, 1,85 euros, un 8,82% más; y la carta certificada internacional del mismo peso, 6,8 euros, un 4,62% más, en estos dos últimos casos solo si el destino es Europa, incluido Groenlandia (excluido Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia). En cuanto a los paquetes, por el de menos de un kilo se pagará 16,2 euros, un 3,85% más, y por el de más de 20 kilos 45,6 euros, solo un 1,45% más. El paquete internacional de menos de 5 kilos costará 47,2 euros, un 2,05% más, si se envía a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gibraltar, Grecia, La Bahía de Guernsey, Irlanda, Italia, Isla de Jersey, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza, Ucrania y Vaticano.
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