La revisión comienza a petición de cuatro legisladores ante la falta de cuentas públicas, mientras el Tesoro asegura que el dinero ha llegado sin demoras al Gobierno de Delcy Rodríguez y que existe un sistema de vigilancia que no ha mostrado La revisión comienza a petición de cuatro legisladores ante la falta de cuentas públicas, mientras el Tesoro asegura que el dinero ha llegado sin demoras al Gobierno de Delcy Rodríguez y que existe un sistema de vigilancia que no ha mostrado
El brazo fiscalizador del Congreso ha abierto formalmente una investigación sobre el fondo en el que la Administración de Donald Trump deposita y administra los … ingresos procedentes del petróleo venezolano. La revisión comienza cuando el propio presidente admite que la cantidad recaudada supera los 13.000 millones de dólares, pero su Gobierno sigue sin publicar las cuentas, los saldos, las comisiones ni las auditorías prometidas.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, conocida como GAO por sus siglas en inglés, ha confirmado a este medio que ha aceptado la solicitud presentada por cuatro legisladores para revisar distintos aspectos del fondo y que el trabajo ya está en marcha.
«La GAO ha aceptado la petición para revisar aspectos del Fondo Petrolero de Venezuela. Este trabajo ha comenzado recientemente y está en curso», explicó Jessica Baxter, portavoz del organismo. Por ahora no se ha hecho público el alcance de la investigación, la metodología que utilizará ni la fecha prevista para presentar sus conclusiones.
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La decisión supone un cambio relevante. Hasta ahora solo se conocía la petición formulada por los congresistas Joaquín Castro y Sean Casten y los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine. La aceptación convierte aquella iniciativa política en una fiscalización federal efectiva sobre el sistema creado por la Administración Trump para controlar el principal ingreso de Venezuela.
Más de 13.000 millones
Los legisladores reclaman que se identifiquen todas las cuentas bancarias utilizadas, su ubicación, las entidades financieras y los comercializadores participantes, las comisiones cobradas y los pagos autorizados. También quieren conocer si existen controles suficientes contra el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero, el despilfarro y los posibles conflictos de interés.
La investigación deberá analizar la actuación de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, además de las empresas y contratistas implicados. También examinará el procedimiento utilizado para decidir qué desembolsos se autorizan y si la gestión del dinero cumple las leyes estadounidenses.
El Financial Times calculó que las exportaciones venezolanas habían generado más de 13.000 millones de dólares hasta julio. El propio Trump sugirió este lunes, 27 de julio, que la cantidad real es superior.
Preguntado a bordo del Air Force One por esos 13.000 millones, respondió: «Creo que incluso más que eso», aunque no ofreció una cifra alternativa ni explicó cómo se había calculado. Añadió que Estados Unidos había recuperado varias veces el coste de la operación militar y que estaba ingresando «miles y miles de millones de dólares» procedentes de Venezuela.
El presidente tampoco aclaró el destino concreto de los fondos. Dijo primero que se empleaban en «gestionar el país» y después que podían destinarse al Ejército con la aprobación del Congreso.
Esas declaraciones introducen una contradicción adicional. La orden firmada por el propio Trump establece que los ingresos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela y que Estados Unidos únicamente los mantiene como custodio gubernamental.
El dinero, por tanto, no debería considerarse formalmente un ingreso estadounidense ni quedar disponible para financiar gastos federales. El Departamento del Tesoro lo administra, pero el Departamento de Estado decide cuándo y para qué puede liberarse. En palabras del funcionario Michael Kozak ante el Congreso: «Es su dinero, pero tienen que obtener nuestro permiso».
La estimación de más de 13.000 millones corresponde a ingresos brutos y no al saldo neto. Todavía habría que descontar transporte, seguros, comercialización, financiación, refinación y otros costes asociados a la venta del crudo.
Pero como la Administración tampoco ha publicado esas deducciones, no es posible calcular cuánto dinero debería permanecer en las cuentas, cuánto se ha entregado ya a Venezuela ni qué parte se ha destinado a comisiones y gastos de gestión.
El Tesoro defiende su gestión
El Departamento del Tesoro aseguró a este medio que el dinero ha estado disponible para el Gobierno de Delcy Rodríguez sin demoras y que existe un sistema de vigilancia para garantizar que los recursos beneficien a los venezolanos.
«El Gobierno de Estados Unidos continúa apoyando la estabilización y recuperación económica de Venezuela, especialmente después de los recientes y devastadores terremotos», afirmó una fuente oficial del Tesoro.
Según esa versión, Washington trabaja desde enero con el Gobierno de Rodríguez para desembolsar rápidamente fondos destinados a gastos oficiales, incluido el pago de nóminas públicas, y para asegurar liquidez en el sistema financiero venezolano.
«Existe una supervisión del cumplimiento para garantizar que los fondos beneficien al pueblo venezolano, y los recursos han estado disponibles para el Gobierno venezolano sin demora», añadió la fuente.
La respuesta presenta como plenamente operativo un sistema de control cuya documentación no ha sido divulgada.
El Tesoro no identificó quién realiza esa supervisión, desde qué fecha funciona, qué operaciones ha examinado ni qué resultados ha obtenido. Tampoco ofreció cifras que permitan comprobar que todos los fondos solicitados por Caracas fueron liberados sin retrasos.
No se conoce cuánto dinero pidió el Gobierno venezolano, qué cantidades autorizó Washington, cuánto tiempo transcurrió entre cada solicitud y el correspondiente desembolso, ni si alguna petición fue rechazada, aplazada o modificada.
Un sistema de control total
El mecanismo concebido por la Administración Trump no consistía simplemente en levantar las sanciones y permitir que Petróleos de Venezuela recuperara el control de sus exportaciones.
Washington autorizaba qué empresas podían comprar, transportar, refinar o comercializar el crudo. También indicaba dónde debía depositarse el dinero, supervisaba los usos declarados y conservaba la capacidad de impedir cualquier desembolso.
El comprador no pagaba directamente a Petróleos de Venezuela ni al Gobierno de Rodríguez. El dinero debía ingresar en cuentas de custodia señaladas por el Tesoro.
Después de descontar los costes de la operación, el remanente quedaba bajo administración estadounidense. Caracas debía justificar qué quería pagar y el Departamento de Estado decidía si autorizaba la transferencia. El Tesoro podía enviar el dinero directamente a un proveedor, un banco, una empresa o un organismo público aprobado.
La Administración ha explicado que los fondos podían utilizarse para nóminas públicas, medicamentos, importaciones esenciales, reparación de la red eléctrica, mantenimiento de la industria petrolera, liquidez bancaria y reconstrucción tras los terremotos.
Pero no existe una relación pública completa de los proyectos financiados, los destinatarios finales ni los criterios aplicados para aprobar los pagos.
La Administración anunció que una firma externa auditaría las cuentas. Kozak identificó posteriormente a KPMG como la empresa encargada de revisar los saldos, las entradas de dinero, las transferencias y la utilización de los recursos.
Este medio contactó con KPMG para conocer el alcance de su trabajo, las operaciones examinadas y si existen informes con sus conclusiones. La firma no respondió.
El Departamento de Energía, que según declaraciones oficiales había participado en la contratación y coordinación de los auditores, tampoco contestó a las preguntas de este diario.
No se ha publicado el contrato con KPMG, sus informes periódicos ni ninguna conclusión de sus revisiones. Tampoco está claro si el control al que ahora alude el Tesoro corresponde al trabajo de esta empresa o a un mecanismo diferente.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconoció en febrero que todavía no existía un acuerdo formal de auditoría, cuando el sistema ya había comenzado a mover cientos de millones de dólares.
Posteriormente, Kozak aseguró que KPMG estaba auditando las cuentas y que la Administración produciría informes trimestrales. A finales de julio no se había publicado ninguno de esos documentos.
La duda sobre las comisiones
Una fuente conocedora de la industria petrolera venezolana describió a este medio un mercado todavía marcado por ventas con fuertes descuentos, intermediarios, sociedades de difícil identificación y estructuras comerciales opacas.
A su juicio, existe un fuerte contraste entre la insistencia de Washington en que todas las operaciones están controladas y su negativa a divulgar la información que permitiría comprobarlo.
«Si todo está auditado, si todo es transparente y el dinero está llegando a los venezolanos, la pregunta es por qué no se muestran las cuentas», señaló.
La fuente sostiene que existen diferencias internas entre el Tesoro y otros departamentos sobre la administración de las cuentas y el nivel de información que debería hacerse público. Este medio no ha podido verificar de forma independiente esa supuesta disputa.
Uno de los principales interrogantes es cuánto se descuenta de cada cargamento antes de que el dinero quede disponible para Venezuela.
Fuentes consultadas anteriormente por este diario situaron alrededor del 10 por ciento, o incluso por encima, el conjunto de comisiones, porcentajes y costes de gestión. Washington nunca ha publicado una tarifa oficial ni un desglose por operación.
No se conoce cuánto cobran las comercializadoras Vitol y Trafigura, qué cantidades reciben los bancos participantes, cuánto corresponde a seguros y transporte ni si Estados Unidos aplica alguna comisión adicional por la administración de las cuentas.
Tampoco está claro cómo aparecería esa posible comisión en un estado financiero: como gasto de gestión, deducción comercial, reserva o dinero retenido en las cuentas y no transferido a Venezuela.
Vitol y Trafigura han afrontado anteriormente procesos por esquemas de sobornos relacionados con operaciones petroleras en otros países. Los legisladores no las acusan de irregularidades en Venezuela, pero consideran que esos antecedentes refuerzan la necesidad de una revisión independiente.
Cifras imposibles de conciliar
Las cantidades ofrecidas hasta ahora por la Administración han sido parciales y cambiantes.
La primera venta conocida ascendió a unos 500 millones de dólares. De esa cantidad, 300 millones fueron transferidos para pagar salarios públicos.
En marzo, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que las ventas acumuladas rondaban los 1.000 millones y que pronto generarían otros 5.000 millones. Calculó que Venezuela podía recibir hasta 1.500 millones mensuales.
En abril, Kozak aseguró que alrededor de 3.000 millones ya habían sido enviados a Venezuela. En julio, el Departamento de Estado habló de «miles de millones» desembolsados hacia la economía venezolana.
Ninguna de esas declaraciones estuvo acompañada por una tabla que relacionara los ingresos, las deducciones, los saldos disponibles y las transferencias realizadas.
El Gobierno de Rodríguez anunció además una página denominada «Soberanía Transparente», concebida para que los venezolanos pudieran seguir el destino del dinero.
Seis meses después, el portal solo mostraba una transferencia de 300 millones de dólares. No incluía el total recaudado, el saldo de las cuentas, las comisiones, los pagos a intermediarios, los desembolsos posteriores ni las cantidades reservadas para la reconstrucción.
Controlar al controlador
El sistema ha demostrado ser muy detallado a la hora de controlar a Venezuela. Solo determinadas empresas pueden operar, los contratos están sometidos a la legislación estadounidense, los ingresos deben depositarse en cuentas designadas por el Tesoro y cada gasto requiere la autorización de Washington.
La parte que todavía no se ha materializado es la que permitiría controlar a Estados Unidos.
No se conocen los saldos de las cuentas, las comisiones cobradas, los gastos de administración, los resultados de las auditorías, la relación completa de los pagos ni las cantidades destinadas a la reconstrucción.
La investigación de la Oficina de Rendición de Cuentas deberá establecer si las garantías ofrecidas por el Tesoro se corresponden con el funcionamiento real del fondo y si la Administración puede documentar el destino de una cantidad que, según el propio Trump, supera ya ampliamente los 13.000 millones de dólares.
La pregunta ya no es únicamente si Washington ha impedido que el Gobierno venezolano disponga libremente de los ingresos petroleros. También es quién controla a Estados Unidos mientras administra ese dinero y por qué, si todo está auditado como asegura, las cuentas siguen sin aparecer.
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