EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
EL PAÍS reconstruye la dura negociación del Ejecutivo con los obispos hasta un acuerdo histórico obstaculizado por tensiones políticas, espoleado por las investigaciones periodísticas y bendecido por el Vaticano
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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La imagen era insólita. El líder de la institución con mayor poder en la Iglesia española, el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se inclinaba sobre una mesa con tapa de mármol en la sede del Ministerio de Justicia para firmar el acuerdo que durante los dos últimos años se había negado a aceptar: que la jerarquía eclesial pagase las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero bajo la tutela del Defensor del Pueblo. A su izquierda también estaban rubricando otras copias del mismo documento Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el dominico Jesús Díaz Sariego.
Tras la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, Argüello capeó las preguntas de los periodistas sobre qué había llevado al cambio de postura de la Iglesia. La CEE pasaba de definir el acuerdo propuesto por el Gobierno como “un juicio condenatorio de toda la Iglesia”, “sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado” a alabarlo y asumir su “responsabilidad y obligación”. Las hemerotecas detallan que aquel convenio representa también la firma de paz tras una dura guerra entreelGobierno y la Iglesia marcada por tensiones políticas ajenas al escándalo de los abusos —como la resignificado de Cuelgamuros o los escándalos de corrupción—, condicionadas por las relevaciones periodísticas de EL PAÍS y el impulso dado desde el Vaticano.
Este diario ha seguido de cerca durante los dos últimos años las conversaciones entre el Gobierno y la Iglesia, ha hablado con fuentes presentes y conocedoras de las negociaciones y ha tenido acceso a algunas de las cartas que se cruzaron durante todo el proceso el ministro Bolaños y los representantes de la CEE. Esta es la reconstrucción de la negociación para un acuerdo decisivo para indemnizar a las víctimas de abusos.
El recelo de la Iglesia
El punto de partida fue el 27 de octubre de 2023, cuando el Defensor de Pueblo publicó el informe sobre abusos en el ámbito religioso que un año antes le había encomendado por mayoría absoluta el Congreso. Era una respuesta institucional a la investigación de EL PAÍS que, por entonces, ya había destapado más de 600 casos y entregado a la CEE y al Vaticano un informe con más de 250 casos inéditos. La base de datos creada por este periódico contabiliza ahora 1.571 acusados y 2.948 víctimas.
El documento, de 777 páginas, incorporaba una batería de medidas entre las que figuraba la creación de un fondo estatal en el que la Iglesia colaborase aportando recursos para pagar las reparaciones “en aquellos casos que por prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar penalmente. El Defensor detallaba que era esencial que un órgano estatal supervisase cada caso y que las asociaciones de víctimas participasen también.
La línea rojas del Gobierno, señalan fuentes conocedoras del proceso de negociación, se fijaron en ese momento: la jerarquía eclesial se haría cargo de pagar en exclusiva bajo la supervisión del Estado y las víctimas estarían en el centro del proceso. Los obispos, en cambio, se posicionaron en el otro extremo, restando credibilidad al estudio del Defensor y condicionando su colaboración económica: “Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, estaríamos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos”.
El Vaticano guardó silencio y no valoró el estudio del Defensor, a diferencia de lo que el papa Francisco había hecho anteriormente cuando Francia, Australia o Alemania publicaron investigaciones similares. No obstante, anunció una convocatoria de urgencia para hablar en Roma con todos los obispos españoles. Tras la reunión, la CEE afirmó que no se habló del tema y que no hubo “un tirón de orejas”.
No obstante, fuentes de la CEE revelan ahora a este periódico que por entonces el Papa se negaba a viajar a España, entre otras cuestiones, por la gestión del escándalo de los abusos que estaba haciendo a Iglesia española. Los obispos, curiosamente, anunciaron después con detalle que diseñarían su propio plan de reparación (a lo que se habían negado siempre). El Gobierno, a través del Ministerio de Presidencia y de Justicia, comenzó a trabajar en un borrador siguiendo las directrices del Defensor.
Primer enfrentamiento Iglesia-Estado
El comienzo de 2024 estuvo marcado por la polémica. EL PAÍS destapó que los obispos metieron un topo en la auditoria que ellos mismos encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo sobre el escándalo y que este les filtró información de los casos recopilados para que, paralelamente, la CEE elaborase un informe propio. El documento, publicado en las vacaciones navideñas, excluía decenas de denuncias de víctimas que la Iglesia había recibido y minimizaba el problema. Por otro lado, ocultó la publicación del estudio de Cremades (cuyos resultados eran similares a los del Defensor e insistía en que la jerarquía eclesial pagase una factura millonaria por los abusos cometidos y su encubrimiento) y también filtró por error los datos personales de medio centenar de víctimas.
Estas revelaciones alimentaron el enfrentamiento entre las facciones conservadora y aperturista de la Iglesia, explican a este diario altos cargos diocesanos y de órdenes religiosas. En ese contexto (primavera de 2024) el Ministerio de Presidencia ultimaba el borrador de un plan que finalmente se aprobó en abril en el Consejo de Ministros. Las líneas fijaban que fuera la Iglesia la que corriera con el gasto de las indemnizaciones bajo supervisión estatal. Antes de presentarlo públicamente, Bolaños se había reunido con representantes eclesiásticos y percibió “una sincera voluntad” de colaborar, según comunicó ese abril ante los medios.
La realidad es que, tras la rueda de prensa del ministro para aclarar el plan, los obispos desenterraron el hacha de guerra y acusaron al Gobierno de hacerles “un juicio condenatorio”. Bolaños creó un equipo de trabajo e intentó tejer puentes con la CEE. Y lo consiguió, pero por poco tiempo. Hubo una primera reunión el 3 de junio donde el ministerio detalló su plan, una semana después de que EL PAÍS entregase al Vaticano y a la Iglesia española un informe con casi un centenar de casos y que aumentaba el porcentaje de clérigos acusados de abusos a 1,3% en las últimas décadas, un dato similar al de otros países católicos.
El Gobierno se reunió con un grupo formado por la CEE diferente del que suele representar a la jerarquía eclesial para tratar otros temas con el Estado (educación, resignificación de Cuelgamuros, inmatriculaciones, los privilegios fiscales eclesiásticos), con el que acordaron verse ese mes para que la Iglesia trasladase si finalmente participaría en el sistema de reparación que proponía el Gobierno. La cita nunca se produjo.
Bolaños se cruzó entonces varias cartas con Argüello, a las que este periódico ha tenido acceso. En la primera misiva, del 27 de junio de 2024, el ministro urgió por primera vez al presidente de los obispos a reunirse para “alcanzar un acuerdo”. Este respondió el 4 de julio que los trabajos de ese grupo “se podrían reanudar” a partir del 10 de julio, después de que los prelados aprobasen su plan.
Fue entonces cuando el ministro de la Presidencia envió la última carta advirtiendo a Argüello de que no aceptaría un plan sin “criterios y garantías públicas” como recomendaba el Defensor en su informe: “Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podría generar desconfianza en las víctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organización por las que no se sintieron amparadas en su día”.
La CEE ultimó, no obstante, a final de ese año su plan sin contar con las asociaciones de afectados. Bolaños, en cambio, se reunió con las asociaciones de víctimas. “El Gobierno estará a vuestro lado”, dijo el ministro.
Bolaños viaja al Vaticano
El Gobierno decidió cambiar de estrategia e incluyó en sus conversaciones al Vaticano. Primero lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión de 35 minutos con el papa Francisco en octubre, donde también hablaron de un tema candente: la resignificación del valle de Cuelgamuros y del desalojo de la comunidad benedictina de allí. Días después viajó Bolaños, junto a su equipo, para hablar sobre los mismos temas y explicar las líneas rojas del Gobierno.
La CEE siguió adelante con su plan, al que bautizó como PRIVA (plan de reparación integral de víctimas de abusos) y que puso en marcha en enero de 2025 desoyendo las advertencias del Gobierno y sin contar con el visto bueno de las asociaciones de víctimas.
Ante la postura negativa de los obispos españoles, Bolaños regresó a Roma en febrero para reunirse con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para buscar un impulso al plan de reparación. Del mismo modo, conversó sobre el acuerdo de la resignificación del Valle de Cuelgamuros: el Ejecutivo cedió para que la comunidad benedictina permanezca allí.
El encuentro tuvo resultados positivos, pues un mes después, el secretario y portavoz de la CEE, César García Magán, que también había formado parte de las conversaciones, anunció por primera vez que la Iglesia se abría a que el Defensor revisase las indemnizaciones del PRIVA. Fuentes conocedoras del proceso comentan a este periódico que el acuerdo estaba a punto de firmarse. Pero ocurrió algo inesperado. El papa Francisco murió a finales de abril.
El ultimátum del Gobierno, el caso Zornoza y el sí de los obispos
Tras el fallecimiento de Francisco y la elección de León XIV en mayo, la relación entre la Iglesia y el Estado estalló en pedazos. Argüello y García Magán pidieron un adelanto electoral tras hacerse público la implicación de dos exsecretarios de Organización del PSOE en casos de corrupción. Volvieron a cruzarse cartas. Bolaños afeó a los obispos que no hicieran lo mismo con los casos de corrupción del PP y puso sobre la mesa la paralización del plan de reparación de víctimas, acusándoles de querer frenarlo: “Puedo entender también que la Conferencia Episcopal desee un cambio de Gobierno con el fin de que los debates sobre la reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia o la tipificación como delito de las llamadas ‘terapias de conversión’ sean más fáciles de abordar para ustedes o no se aborden en absoluto”.
La posibilidad de un acuerdo se esfumó, apuntan ahora a este periódico fuentes episcopales. Pero tras el verano, varios movimientos lo resucitaron. En octubre, Bolaños regresó al Vaticano para reunirse con Parolin, que bendijo el acuerdo del Gobierno, según ha señalado en varias entrevistas el ministro este viernes.
Por otro lado, EL PAÍS reveló el 10 de noviembre que el Vaticano investigaba por primera vez a un obispo español, Rafael Zornoza, por un caso de abusos. Esta publicación puso de nuevo el tema en la agenda pública y provocó que forzase un cambio la facción aperturista, liderada por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, vicepresidente de la CEE y miembro del Consistorio de los Obispos en el Vaticano. Esa misma semana, la dirección de la CEE acudió a Roma para visitar al papa y mantuvo un encuentro con Parolin, donde según ha revelado fuentes vaticanas al medio Vida Nueva, la Santa Sede le trasladó su visto bueno al acuerdo.
Este jueves, mientras se firmaba el convenio, Cobo anunció desde Roma que Leon XIV visitaría España, lo que puede entenderse como un gesto papal para fortalecer las relaciones con la Iglesia española y mostrar su aprobación al convenio.
Un prelado del bando aperturista confirma a EL PAÍS que en los últimos meses ha habido “obispos con miedo por los encubrimientos de casos” y que las víctimas se sienten inseguras “por cómo funcionan las oficinas de atención” de la Iglesia [dedicadas a recibir denuncias y abrir los procesos de reparación], por lo que “prefieren no denunciar”. Pero otros obispos, añade, quieren que “todo el asunto de los abusos se limpie” y que las relaciones con el Gobierno sean buenas, por lo que han empujado a favor del acuerdo. “Hay que pagar y acompañar”, dice.
Antes de que acabase el año, el Gobierno estaba decido a cumplir un ultimátum: o la Iglesia se sentaba a buscar un convenio o tomaría medidas. Fuentes conocedoras del proceso describen que el último paso fue que ministerio cediera ante varias solicitudes de la CEE (como la posibilidad de poder alegar hasta en dos ocasiones las propuestas que fije el Defensor). A finales diciembre el Ejecutivo y la Iglesia dieron por cerrado un acuerdo histórico que se fraguó durante dos años, envuelto por el contexto político, alentado por las investigaciones periodísticas e impulsado por el Vaticano.
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