La edad media a la que un español recibe su primera herencia ha pasado, en medio siglo, de los 35 a los 55 años. Es más, un trabajo reciente de Fedea elaborado entre otros por Nacho Conde cuantifica que el coste de este retraso es evidente, ya que por cada año adicional de demora se deduce, en promedio, la riqueza neta a largo plazo en torno a un 2%. Para muchos, los recursos llegan cuando ya se han tomado, o frustrado, buena parte de las decisiones financieras relevantes que tomamos a lo largo de nuestra vida.
Para muchos, los recursos llegan cuando ya se han tomado, o frustrado, buena parte de las decisiones financieras relevantes que tomamos a lo largo de nuestra vida
La edad media a la que un español recibe su primera herencia ha pasado, en medio siglo, de los 35 a los 55 años. Es más, un trabajo reciente de Fedea elaborado entre otros por Nacho Conde cuantifica que el coste de este retraso es evidente, ya que por cada año adicional de demora se deduce, en promedio, la riqueza neta a largo plazo en torno a un 2%. Para muchos, los recursos llegan cuando ya se han tomado, o frustrado, buena parte de las decisiones financieras relevantes que tomamos a lo largo de nuestra vida.
Estos datos son el reflejo de un país muy ahorrador, pero poco eficiente en la tarea. El patrimonio inmobiliario en manos de los mayores de 65 años se acerca al billón de euros, una cifra siete veces superior al ahorro acumulado en planes de pensiones. Es decir, más del 80% del activo de los hogares está en ladrillo. Y, como han recordado los informes Draghi y Letta, el problema europeo no es la falta de capital, sino la incapacidad de transformar ese capital en inversión productiva. Mientras nuestra balanza por cuenta corriente registra superávits cercanos al 3% del PIB, el grueso de ese ahorro está fosilizado en activos cuyo aprovechamiento se consume “in situ”, entre los muros de la vivienda donde reside el propietario.
Pero esta distribución del ahorro muestra a su vez una gran desigualdad generacional. La participación de los menores de 35 años en la riqueza neta total ha caído de algo más del 8% en 2002 al 2% en 2022. La tasa de propiedad en ese mismo grupo de edad ha pasado del 65% al 40%. Tres de cada diez jóvenes están en condiciones de comprar una vivienda hoy, pero los otros siete dependen, si quieren hacerlo, del concurso del capital familiar. De hecho, quienes lo logran no son necesariamente los más productivos, sino los hijos de los propietarios que tuvieron suerte demográfica.
Pero, dicho esto, ¿por qué tenemos el capital inmovilizado en ladrillo cuando es mucho más útil si se mueve? No cabe duda de que la construcción dé unos incentivos perversos es la principal razón de que decisiones bienintencionadas de muchos lleven a subóptimos sociales y económicos cuyos costes no somos capaces de visualizar.
Por ejemplo, la asimetría fiscal de la transmisión de este ahorro incentiva a la espera. Cuando este patrimonio se transmite por herencia, el incremento de valor que el activo ha experimentado durante toda la vida de su propietario queda fiscalmente anulado. Pero si esa misma transmisión se realizara, por ejemplo, un mes antes del fallecimiento del propietario, porque se respondiera a la satisfacción de una necesidad familiar, el donante deberá tributar por la ganancia patrimonial. La consecuencia, perfectamente racional desde el punto de vista microeconómico es que las familias se ven forzadas a esperar. Por desgracia, la muerte se convierte en el momento óptimo para transferir riqueza.
A esto se añaden otras fricciones. Algunas son culturales, bajo la idea de que la vivienda familiar se preserva intacta, sin tocar, hasta el final o institucionales, como es el usufructo vidual. Finalmente hay otras de carácter financiero, como la penetración testimonial de la transformación del activo ilíquido en líquido como es la hipoteca inversa.
Por ejemplo, frente a las más de 50.000 hipotecas inversas anuales en el Reino Unido, en España apenas se firmaron unos centenares en 2025. El producto existe, el conocimiento financiero medio no llega a él, y el resultado es que la vivienda permanece como un activo ilíquido por decisión y por inercia.
La buena noticia es que el problema, así descrito, admite tratamiento. La primera y más obvia es equiparar el tratamiento de la transmisión en vida con el de la herencia. No hay justificación económica para que el sistema trate de manera radicalmente distinta el mismo acto patrimonial separado solo por el momento en que ocurre. Si la sociedad ha decidido —y lo ha decidido en la mayoría de las comunidades autónomas— que las transmisiones familiares no deben gravarse de manera onerosa, esa decisión debería ser temporalmente neutra. Para evitar que esta transmisión de ahorro subvencione una demanda de vivienda dada una oferta inelástica, la equiparación puede condicionarse a un compromiso de permanencia, es decir, el bien transmitido debe destinarse a un uso productivo durante un periodo razonable. La medida no tiene coste presupuestario directo, por lo que no implica gastar, sino de dejar de premiar la inmovilidad.
La segunda es más sutil y potencialmente más interesante. España ya cuenta con un modelo eficiente de transmisión patrimonial en vida. Algunas comunidades, entre las que se encuentran Cataluña, Aragón, Navarra o País Vasco, regulan figuras que permiten anticipar la herencia con el mismo tratamiento que tendría la transmisión por defunción. La existencia misma de este régimen en nuestro país demuestra dos cosas. En primer lugar, que el modelo es técnicamente posible y que su ausencia en el resto del territorio no es una decisión deliberada de política económica, sino un residuo histórico. Por esta razón, en segundo lugar, hacerlo universal no requiere crear nada desde cero, sino que requiere reconocer que la igualdad de los ciudadanos ante la transmisión de su ahorro no debería depender de la comunidad en la que reside el hogar o activo a transmitir.
Sin embargo, esta realidad y propuestas solo afectan a aquellos que tienen ahorro que trasmitir, sin que ayuden inicialmente al resto de personas que están ajenas a esta posibilidad. Y como el grueso de las decisiones vitales relevantes se hacen a edades tempranas, como emanciparse, formar un hogar, emprender o formarse, la estabilidad financiera de muchos necesita capital que el mercado de trabajo no provee. Así pues, la transmisión intrafamiliar termina convirtiéndose en el principal, y casi único, mecanismo de movilidad social.
Es cierto que esta apreciación genera un debate donde algunos han propuesto políticas no sin mucho debate y, a veces, de difícil asimilación por algunos. Por ejemplo, los economistas Atkinson y Piketty, con razonamientos distintos, han defendido que sociedades con concentraciones patrimoniales como la nuestra y con transferencias hereditarias cada vez más tardías deberían plantearse alguna forma de transferencia universal de capital al inicio de la vida adulta, financiada precisamente por la fiscalidad sobre las grandes herencias. Es razonable que esta idea no goce de simpatía política y es legítimo discutirla. Pero el debate de fondo es necesario. Si aceptamos que el ahorro es escaso en el momento en que más se necesita y abundante cuando ya es tarde, alguna forma de redistribución temporal, tanto dentro de las familias como fuera de ellas para quienes no las tienen, se vuelve no una opción ideológica, sino un requisito de funcionamiento eficiente del propio mercado.
Es por ello por lo que debe ser necesario ampliar el debate sobre las consecuencias del envejecimiento a esta parcela. Más allá de un análisis de los flujos, como son salarios, pensiones y prestaciones, debemos enfocar al problema de los stocks, activos que están ahí, contabilizados y fiscalmente identificados. Lo único que hay que hacer es dejar de penalizar que se muevan en el momento en que pueden ser útiles. En pocas palabras, el ahorro español no necesita crecer, sino descongelarse.
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