La primera pareja de las tres que hoy tratan de enterrar el hacha de guerra ya ha llegado al edificio judicial en el centro de Barcelona. Son los padres de Laura (nombre ficticio) que, tras separarse, siguen sin acordar aspectos clave de la custodia de la menor. Su divorcio ha sido duro, áspero: contencioso, como el 20% de los 40.000 que se registran cada año en España y en los que están involucrados menores. Un juzgado de familia dictó sentencia sobre el caso, pero la han recurrido. Así que tres años después, y con la hija ya enfilando la adolescencia (13), siguen enfrascados en litigios. La pareja accede a una sala de vistas de la Audiencia de Barcelona, el órgano que tendrá la última palabra. Pero esta vez no han venido a pelear: van a someterse a un proceso de mediación.
La obligación de abrir un diálogo antes de acudir a los tribunales en divorcios provoca un choque entre detractores y partidarios que ha llegado al Congreso
La primera pareja de las tres que hoy tratan de enterrar el hacha de guerra ya ha llegado al edificio judicial en el centro de Barcelona. Son los padres de Laura (nombre ficticio) que, tras separarse, siguen sin acordar aspectos clave de la custodia de la menor. Su divorcio ha sido duro, áspero: contencioso, como el 20% de los 40.000 que se registran cada año en España y en los que están involucrados menores. Un juzgado de familia dictó sentencia sobre el caso, pero la han recurrido. Así que tres años después, y con la hija ya enfilando la adolescencia (13), siguen enfrascados en litigios. La pareja accede a una sala de vistas de la Audiencia de Barcelona, el órgano que tendrá la última palabra. Pero esta vez no han venido a pelear: van a someterse a un proceso de mediación.
La sala ha sido adaptada para hacerla más amable a ese fin: se sientan frente a una mesa, el uno al lado del otro, acompañados de sus abogados. La mediación es su última oportunidad para acordar por sí mismos lo que, de otra forma, acabará decidiendo un tribunal. “Supongo que no quieren dejar en manos de tres desconocidos la crianza de su hija”, les dice Raquel Alastruey, una de los tres magistrados que dictarán el fallo, a modo de provocativa invitación para que aprovechen el proceso de diálogo por el bien de su hija. “[Laura] es empática y se ha puesto en sus zapatos. Pero si quieren ganar esta batalla entre ustedes, quizá perderán la guerra, que es la niña”, sigue. El padre la mira hierático, compungido, mientras las lágrimas caen por el rostro de la madre. Aceptan quedarse y hablar.
La magistrada recuerda que el proceso es gratuito (lo financia el Departamento de Justicia de la Generalitat catalana) y que todo lo que hablen allí es confidencial. Después, les deja a solas con la mediadora, cierra la puerta y se dirige a su despacho a toda prisa. Es miércoles, el día de la semana que reserva para las mediaciones (suelen durar más de dos horas), y hay trabajo. “Miro cada expediente y varío un poco el discurso. Pero hay una idea que les transmito siempre, y es que dejar en manos de tres jueces organizar aspectos de la crianza es tanto como hacer dejación de la responsabilidad parental”. Una funcionaria entra en la sala para avisarle de que la segunda pareja ya está aquí.
El padre y la madre, ambos profesores, ocupan otra sala en la planta baja. Tienen dos hijos (ocho y 14 años) y la primera sentencia, que hace seis meses fijó una custodia compartida con días alternos, no les satisfizo. “Estáis litigando y, si queréis una sentencia por autoridad, la tendréis que cumplir. Pero creo que es mejor que no haya sentencia, que podáis acordar la forma, los horarios, todo… Vuestros hijos merecen que os sentéis a hablar, que expreséis qué miedos o desconfianzas os impiden gestionar en común su crianza”, explica Alastruey, que cuenta con un máster en mediación y es una de las magistradas integradas en el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), una entidad que aboga por la resolución alternativa de conflictos.
De vuelta en su despacho, y ante la noticia de que la tercera mediación prevista para el día se cancela (uno de los padres no ha podido acudir), Alastruey defiende las bondades del proceso de mediación en asuntos de familia y alerta de que está en riesgo por una iniciativa de un grupo de abogados que ha tenido eco en el Congreso de los Diputados.
La ley de eficiencia en la justicia, en vigor desde abril de 2025, estableció la obligación de acudir a vías alternativas —llamadas Medios Adecuados de Solución de Controversias o MASC— antes de acudir a los tribunales en los procesos de familia, incluidos los que afectan a menores. “Es un cambio cultural y social, con la mirada puesta en un mayor recurso al diálogo en lugar de la judicialización directa”, defiende Sofía Torras, directora del Centro para la Resolución Alternativa de Conflictos del Colegio de la Abogacía de Barcelona y defensora de la ley.
Las medidas se pusieron en marcha con la mejor voluntad, para evitar el exceso de litigios y agilizar los procedimientos. Pero su aplicación práctica ha sido cuestionada, con especial énfasis, por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), que ha mostrado su rechazo con el argumento de que esa obligación dificultaba y retrasaba la protección de los hijos.
Las exigencias de los abogados fueron acogidas por las formaciones políticas. El PP presentó una proposición no de ley y finalmente el Congreso aprobó en noviembre, por 185 votos a favor, una enmienda del PNV que insta al Gobierno a suprimir esa obligatoriedad. “El Parlamento ha escuchado las demandas de la abogacía especializada y, sobre todo, de los niños, niñas y adolescentes. La obligatoriedad incide de forma grave en los menores, que se quedan sin una respuesta rápida a cuestiones vitales como las pensiones alimenticias, las visitas de los padres o el uso de la vivienda”, declaró entonces la presidenta de AEAFA, Lola López-Muelas.
Para la asociación GEMME, la evidencia empírica muestra que las soluciones alternativas no deberían marginarse. Y menos en asuntos de familia. “Los niños quieren que su padre y su madre se entiendan. Muchos sufren porque no son capaces de ponerse en su piel, o porque son incapaces de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en si han de ir de colonias”, dice Alastruey, que ha elaborado un breve informe sobre los dos primeros meses de aplicación del programa de la Generalitat en la fase de apelación, la última oportunidad para desescalar el conflicto y sacarlo de los tribunales: ha habido “acuerdos” en un 56% de los casos (cinco de los nueve que aceptaron iniciar la mediación).
En separaciones y divorcios con menores de por medio, hay muchas cosas que decidir: las guardas, el régimen de relaciones personales, las controversias al ejercer la potestad parental, los gastos extraordinarios, el uso de la vivienda familiar o la contribución alimenticia. La mayoría se resuelven de forma pacífica: el 80% son de mutuo acuerdo, fruto de la negociación entre abogados. Pero hay un 20% que son contenciosos. Para ellos, según Alastruey, sigue habiendo esperanza en la mediación, incluso en fases muy avanzadas del conflicto. “Esas parejas han dejado de amarse, pero no se han desvinculado: se vinculan con el odio y con la rabia. Por los niños, hay que evitar que eso pase. Y la única forma es darles una oportunidad para que hablen, uno al lado del otro”.
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