La escalada tarifaria del 6,5%, e incluso de alguna décima más, a la que aspira Aena para 2026 ha disparado la tensión en las sedes de las aerolíneas con mayor actividad en España una vez que ha saltado a los medios. El cruce de impresiones entre las compañías, en el seno de la Asociación de Líneas Áreas (ALA), fue incesante durante toda la jornada de ayer y el sentimiento mayoritario es de “estupefacción” tras diez años de tarifas limitadas por ley, según comentan fuentes cercanas a las conversaciones. Si no se da ningún acontecimiento inesperado, la propuesta del gestor aeroportuario va a oficializarse en el consejo de administración previsto para el 29 de este mes. Un día después Aena presentará los resultados del primer semestre.
El sector aéreo espera la inminente publicación del informe de la CNMC sobre las causas que justifican la actualización tras diez años de congelación por ley
La escalada tarifaria del 6,5%, e incluso de alguna décima más, a la que aspira Aena para 2026 ha disparado la tensión en las sedes de las aerolíneas con mayor actividad en España una vez que ha saltado a los medios. El cruce de impresiones entre las compañías, en el seno de la Asociación de Líneas Áreas (ALA), fue incesante durante toda la jornada de ayer y el sentimiento mayoritario es de “estupefacción” tras diez años de tarifas limitadas por ley, según comentan fuentes cercanas a las conversaciones. Si no se da ningún acontecimiento inesperado, la propuesta del gestor aeroportuario va a oficializarse en el consejo de administración previsto para el 29 de este mes. Un día después Aena presentará los resultados del primer semestre.
Entre medias, es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que va a pronunciarse sobre el planteamiento de Aena con un informe que podría ver la luz incluso en lo que resta de semana. El órgano regulador, que ha estado en todo momento al tanto del proceso de negociación entre Aena y las compañías aéreas debe indicar si el incremento perseguido se ajusta a la norma en lo que toca especialmente al conocido como Índice P de la tarifa. Tal y como informó ayer este periódico, el incremento del 6,5% ó 6,6% se traduce en una subida de 68 céntimos sobre los 10,35 que Aena recibe en este 2025 como Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ).
Ese Índice P, determinante en el cálculo de las tarifas, recoge variaciones de costes en servicios esenciales para la actividad aeronáutica que están fuera del control de Aena: desde el coste unitario del personal hasta servicios como la limpieza, seguridad, control aéreo, reparación y conservación, tributos locales y la energía eléctrica. Otra variable clave es la del tráfico estimado, que está en 320 millones de viajeros este año, y, según distintas fuentes, se habrían colocado en torno a los 323 y 325 millones para 2026. Sobre esta base, la actualización tarifaria para Aena se traduce en ingresos extra por unos 220 millones de euros que deben pagar las aerolíneas.
La esperanza de estas últimas sobre una moderación en la subida reside en que la CNMC encuentre excesivamente conservadora la previsión de tráfico para 2026 y obligue a elevarla, lo que provocaría un retoque a la baja en la suma que las aerolíneas deben recaudar entre sus clientes por cada billete. De suceder, sería a final de año, cuando haya mayor visibilidad sobre el comportamiento de la demanda en el próximo ejercicio.
La Asociación de Líneas Aéreas no va a salir a comentar la esperada actualización de los precios que cobra Aena hasta que la cifra sea oficial, pero hay destacados miembros muy críticos con la subida. Esta llega, comentan, cuando las aerolíneas cargan con la volatilidad en el precio del petróleo; la exigencia del uso de combustibles sostenibles, aún caros, y unos costes disparados en mantenimiento tras los años de inflación desbocada. Además, hay referencias que tienen por devolver aún pesados créditos aportados por la SEPI durante la pandemia. Air Europa, Air Nostrum, Volotea o Plus Ultra acudieron al rescate por parte del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y pagan intereses de hasta el 9% mientras han de devolver cientos de millones de euros. Sin esa carga financiera, pero con un enfado manifiesto por el paso que está a punto de dar Aena, Ryanair ha advertido que podría acometer un nuevo recorte de actividad en España por la factura que le cobra el gestor aeroportuario, especialmente en los aeropuertos regionales.
De los 68 céntimos de crecida sobre la mesa, 45 se aplican por costes de 2024 que no pudieron repercutirse por el límite que ha impuesto durante diez años la ley 18/2014, que obligaba a una evolución máxima del 0% interanual en el periodo 2015-2025. El próximo 2026 es el primer ejercicio en que Aena escapa del corsé regulatorio que se impuso en la antesala de la salida a Bolsa en favor de la recuperación del sector turístico tras la profunda crisis financiera.
Una vez superada la negociación de las tarifas, Aena va a abrir el melón del tercer documento de regulación aeroportuaria (DORA III), que va a contener la senda tarifaria y el mapa de inversión del operador aeroportuario para el periodo 2027-2031. Con proyectos a la vista como las ampliaciones de Madrid-Barajas, Palma de Mallorca, los dos aeropuertos de Tenerife, Málaga, Alicante o Valencia, entre otros, se espera una etapa de inversiones sin precedentes que deben repercutirse en la tarifa a la vista de que Aena no recurre a los Presupuestos Generales del Estado para acometer sus proyectos. Durante el próximo lustro, y probablemente también en el siguiente, se esperan niveles de inversión muy superiores a los 1.000 millones de euros al año, desde los 450 millones de media anual que Aena ha tenido como límite en el marco de los dos primeros DORA.
La compañía que preside Maurici Lucena recibió el pasado 1 de julio el visto bueno del Consejo de Ministros para realizar inversiones adicionales por 351 millones hasta el cierre de 2026, sobre lo previsto en el DORA II 2022-2026. La totalidad de esa cuantía se irá al negocio regulador por necesidades que Aena no pudo prever en su momento para adaptar sus infraestructuras a nuevos requisitos normativos o de seguridad. Aena pondrá, por ejemplo, 84 millones en la ampliación del área terminal del aeropuerto de Palma de Mallorca, para anticipar su plazo de ejecución; 86 millones en los filtros de seguridad para la detección de explosivos, o 62 millones para reforzar la ciberseguridad.
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