José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se verán este jueves, por primera vez, frente a frente con los siete magistrados del Tribunal Supremo que les van a juzgar en los próximos meses. La vista oral del exministro, su antiguo asesor y el comisionista por la supuesta trama en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 todavía no tiene fecha, pero la Sala Penal prevé celebrarlo en las próximas semanas y ha fijado para este jueves la audiencia preliminar, en la que se revisarán, entre otras cuestiones, las peticiones de las defensas de Ábalos y García para que la causa sea declarada nula y ni siquiera llegue a juicio, donde ambos afrontarán peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel. El tercer implicado, el empresario Aldama, ha reconocido los delitos y se ha beneficiado de una rebaja en la petición de penas, pero la Fiscalía Anticorrupción no contempla llegar a un acuerdo de conformidad si este pasa por aceptar la reducción adicional que reclama la defensa del empresario.
Las defensas del exministro y su antiguo asesor reclaman la nulidad de la causa de las mascarillas, mientras que Aldama reconoce los delitos de los que se le acusa
José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se verán este jueves, por primera vez, frente a frente con los siete magistrados del Tribunal Supremo que les van a juzgar en los próximos meses. La vista oral del exministro, su antiguo asesor y el comisionista por la supuesta trama en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 todavía no tiene fecha, pero la Sala Penal prevé celebrarlo en las próximas semanas y ha fijado para este jueves la audiencia preliminar, en la que se revisarán, entre otras cuestiones, las peticiones de las defensas de Ábalos y García para que la causa sea declarada nula y ni siquiera llegue a juicio, donde ambos afrontarán peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel. El tercer implicado, el empresario Aldama, ha reconocido los delitos y se ha beneficiado de una rebaja en la petición de penas, pero la Fiscalía Anticorrupción no contempla llegar a un acuerdo de conformidad si este pasa por aceptar la reducción adicional que reclama la defensa del empresario.
La vista que acoge este jueves el Salón de Plenos del Supremo es el prólogo del juicio que la Sala Penal prevé celebrar en esa misma estancia en los próximos meses. Se abordarán cuestiones técnicas preliminares que han presentado las defensas, pero gran parte de la atención estará centrada en Ábalos y Koldo García, a quienes se les verá por primera vez en público desde que ingresaron en prisión provisional el pasado 27 de noviembre. Ambos serán trasladados a primera hora de la mañana desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) al alto tribunal, al que está previsto que accedan en vehículo policial por una puerta lateral para recorrer después, a pie y custodiados, el camino hasta el Salón de Plenos.
No se prevé que el exministro y quien fuera su asesor tomen la palabra durante esta sesión, en la que, en principio, solo intervienen las defensas y las acusaciones. Tanto el abogado de Ábalos como la de Koldo expondrán una batería de cuestiones preliminares en las que denuncian supuestas vulneraciones de derechos y reclaman la nulidad de la causa. La defensa del exdirigente socialista alega, entre otras razones, que la Guardia Civil pudo llevar a cabo una “investigación clandestina” porque, asegura, empezó a investigarlo antes de que el caso llegara al Supremo y el Congreso levantara la inmunidad parlamentaria de la que entonces gozaba Ábalos como diputado. El escrito de defensa alude también a una supuesta “indefensión” por la decisión del instructor, el magistrado Leopoldo Puente, de cerrar la investigación sin practicar distintas pruebas orientadas a contrarrestar el relato de la acusación.
La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, comparte algunas quejas de la defensa del exministro y añade otras, como el hecho de que, según su relato, el antiguo asesor de Ábalos está siendo investigado “simultáneamente” y por los mismos hechos en el Supremo y en la Audiencia Nacional, donde se investiga la parte del caso que no implica directamente a Ábalos, el único aforado que había en el procedimiento hasta que renunció a su escaño hace unas semanas. García alega también una vulneración de su derecho de defensa porque el alto tribunal no ha investigado a algunos “actores fundamentales” de los supuestos delitos. En particular, la defensa reclama al Supremo que investigue a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos que fue contratada, por petición de este y con la mediación de su entonces asesor, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.
En el caso de Aldama, la defensa, ejercida por el abogado José Antonio Choclán no busca anular la causa. El comisionista ha reconocido los hechos, aunque con algunos matices respecto al relato presentado por las acusaciones, que solo han reclamado para él siete años de cárcel al considerar que está colaborando con la justicia. No obstante, la defensa pretende que esta petición de pena se reduzca aún más por la vía de aplicarle un grado mayor en la atenuante de confesión.
La ley prevé que en la vista preliminar se pueda plantear un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, pero fuentes consultadas aseguran que no ha habido ninguna conversación entre la defensa de Aldama y el ministerio público y que Anticorrupción no contempla aceptar una pena menor a los siete años.
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