El caso de la menor de 14 años presuntamente vendida por su familia de Corella (Navarra) a otra familia de Mollerussa (Lleida) a cambio de 5.000 euros no va a caer en el olvido. La Audiencia de Navarra ha corregido al juez que archivó la investigación hace dos meses y le ha obligado a reabrirla. Los magistrados consideran que existen indicios sólidos de que la menor fue vendida para ser casada con un chico de 21 años, con independencia de que la adolescente, en su declaración como víctima, lo negara y asegurase que estaba con la nueva familia de forma “voluntaria”.
Los magistrados creen que hay indicios de que la adolescente, de 14 años, fue obligada a casarse y a vivir en Lleida a cambio de 5.000 euros
El caso de la menor de 14 años presuntamente vendida por su familia de Corella (Navarra) a otra familia de Mollerussa (Lleida) a cambio de 5.000 euros no va a caer en el olvido. La Audiencia de Navarra ha corregido al juez que archivó la investigación hace dos meses y le ha obligado a reabrirla. Los magistrados consideran que existen indicios sólidos de que la menor fue vendida para ser casada con un chico de 21 años, con independencia de que la adolescente, en su declaración como víctima, lo negara y asegurase que estaba con la nueva familia de forma “voluntaria”.
La resolución considera que existe “un riesgo evidente” para la menor y que “necesita de una tutela especial de protección” al haber sido víctima de trata de seres humanos y coacciones. La Audiencia de Navarra, que ha atendido al recurso que presentó la Fiscalía, considera que el archivo de la causa fue “prematuro” y sostiene que la medida de alejamiento que se impuso en su día (y que se revocó con el archivo) es “conforme a derecho”.
La investigación se cerró en su día después de que la adolescente negase haber sido sometida a un matrimonio concertado y no se reconociera como víctima de un delito. Pero esa circunstancia, en una menor de 14 años, “no puede ser sinónimo de que no sea víctima”. La protección y apoyo, según el Estatuto de la Víctima, “no es solo procesal ni depende de su posición en un proceso”, subraya la resolución.
Otro elemento que el juez tuvo en cuenta para cerrar el caso fue la falta de pruebas que acreditaran el pago: los 5.000 euros y cinco botellas de whisky que, presuntamente, cobraron sus padres por la transacción a otra familia. Pero los magistrados consideran que sí hay indicios suficientes para investigar. Por ejemplo, las fotografías aportadas por un testigo en las que aparece la menor junto a su “presunto marido” y sus suegros en el festejo de la boda.
El matrimonio forzado de una niña de 14 años no es el único delito que, presuntamente, se ha cometido en este caso. También hay indicios de que la menor fue utilizada para dedicarse a la mendicidad y al robo: los Mossos d’Esquadra la vieron pidiendo primero en Bellpuig y más tarde en Les Borges Blanques, dos municipios de la provincia de Lleida. Sus suegros fueron quienes la recogieron de allí. Aseguraron a los agentes que eran familiares y que los padres de la chica vivían en Zaragoza y no podían desplazarse porque tenían mucho trabajo. Tenían en su poder la partida de nacimiento de la joven y llegaron a exhibirla a los policías.
La menor, además, no estaba escolarizada y esa vulneración de un derecho básico, recuerda la resolución, puede “acarrear sanciones para los progenitores, que van desde multas hasta penas de tres a seis meses de prisión”. Si esa desatención es grave y se prolonga en el tiempo, la menor puede llegar a ser declarada en desamparo y, por tanto, puesta bajo la tutela de los servicios sociales.
Un testigo amenazado
La reapertura implicará que se practiquen diligencias solicitadas por la Fiscalía. Los jueces han ordenado que se tome declaración a un testigo que “facilitó datos de gran trascendencia”; en particular, el perfil de Facebook del presunto marido y de la menor, así como las fotografías del enlace en las que se les ve a ambos durante la celebración. Ese testigo, que también dio detalles sobre el precio de la venta y el lugar donde se encontraba la chica, “ha sido amenazado por la familia de la menor”, recoge el auto judicial.
Los Mossos d’Esquadra deberán aportar al juzgado de Navarra un nuevo atestado para dilucidar si los familiares de Mollerussa con los que estaba viviendo la menor al menos desde enero de 2025 “se dedican a actividades delictivas” y cuáles son sus “medios de vida”. La sala también ha pedido a los servicios sociales de la localidad de Corella que aporten el informe social y de intervención de la familia de la menor para conocer la situación de “su núcleo familiar, social y escolar”.
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