Los diputados y senadores afines al expresidente reclaman su absolución y que sea apartado el juez que ha ordenado la condena Los diputados y senadores afines al expresidente reclaman su absolución y que sea apartado el juez que ha ordenado la condena
Una gran conmoción vive Brasil por el impacto del arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro, que fue ordenado por el juez del Tribunal Supremo Federal, … Alexandre de Moraes. El motín protagonizado por diputados y senadores de ambas cámaras los llevó a ocupar los despachos ejecutivos donde se llevan a cabo las sesiones con la firme amenaza de obstruir las votaciones si el órgano legislativo no considera la amnistía para los implicados en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 y el ‘impeachment’ de Moraes.
Ha sido un cambio brusco. De los aplausos, Alexandre de Moraes ha pasado a ser criticado duramente. Decretar prisión domiciliaria a Bolsonaro ha sido su pecado. Unos días antes, el magistrado había subido a los altares de popularidad por la respuesta que dio a las amenazas de la subida de los aranceles de un 50% a los productos brasileños de Donald Trump. Precisamente, el Departamento de Estado de EE UU por medio de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental fue muy crítico por la decisión del juez, que calificó la medida contra Bolsonaro como una «amenaza a la democracia».
De momento, Moraes ha resistido la presión, pero miembros del Supremo han pedido su aislamiento por imponer la tobillera electrónica a Bolsonaro, con el que mantiene un pulso político y judicial desde hace varios años, lo que le ha valido el apodo de «dictador de toga» por parte del ultraconservador que presidió Brasil entre 2019 y 2023.
Moraes ha acusado a Bolsonaro de haber incumplido las restricciones judiciales que le impedían comunicarse por redes sociales o de interferir, directa o indirectamente, en las investigaciones que lo vinculan con el intento de golpe de Estado el 8 de enero de 2023, poco después de haber perdido las elecciones presidenciales con Lula da Silva, cuya derrota nunca reconoció. Aquel día miles de seguidores del ultraderechista tomaron el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto.
El boicot opositor obligó al Congreso de Brasil a levantar la primera sesión después de las vacaciones de julio. Miembros del Partido Liberal, la oposición más fuerte a Lula, se presentaron con la boca tapada con cintas adhesivas, en señal clara de entender la medida como una censura judicial. También liderados por Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, amenazaron con bloquear la normalización de las sesiones legislativas de no abrir la discusión y votación de un llamado «paquete de paz» que pide la amnistía para todos los implicados en los hechos del 8 de enero de 2023. En el paquete también incluyen la destitución de Alexandre de Moraes como magistrado.
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