La reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia está ya a solo un paso de ver la luz definitivamente. El pleno del Senado ha aprobado este miércoles el texto, que supone la mayor reforma en los 20 años de historia de la ley de dependencia y que pretende mejorar servicios, reducir burocracia y dar apoyos más personalizados. El proyecto de ley ha cosechado 235 votos a favor, 23 abstenciones y ningún voto en contra.
La Cámara alta envía ahora el texto al Congreso para su aprobación definitiva, que se prevé el próximo miércoles
La reforma de las leyes de discapacidad y de dependencia está ya a solo un paso de ver la luz definitivamente. El pleno del Senado ha aprobado este miércoles el texto, que supone la mayor reforma en los 20 años de historia de la ley de dependencia y que pretende mejorar servicios, reducir burocracia y dar apoyos más personalizados. El proyecto de ley ha cosechado 235 votos a favor, 23 abstenciones y ningún voto en contra.
El PP, que se había abstenido en el Congreso y acusa al Gobierno de “hipocresía social” y de haber planteado el texto “sin conocer su impacto económico”, ha incorporado sus enmiendas —tiene mayoría en la Cámara alta— y ha votado a favor de la reforma. Ahora el documento se envía de nuevo al Congreso, donde se prevé que el próximo miércoles vuelva a votarse. Es ahí donde se verá si alguno de los cambios introducidos hoy se mantiene en la redacción final.
El proyecto de ley recibió el visto bueno del Congreso el pasado julio. Tras una negociación complicada, y después de que el Gobierno aprobara vía real decreto una inyección económica sin precedentes en el sector —que implica solo entre este año y el que viene 6.200 millones de euros adicionales—, el Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de la medida, logró amarrar los votos necesarios.
Durante su paso por el Senado, donde ha habido un trámite de urgencia, se han debatido 150 enmiendas. Han salido adelante todas las presentadas por el PP (45), entre las que se encuentra la derogación en la ley educativa Lomloe de la prevalencia frente a la educación especial de la escolarización inclusiva en centros ordinarios de los alumnos con discapacidad. O que quienes obtengan automáticamente un 33% o un 65% de discapacidad por haber sido reconocidos con algún grado de dependencia puedan beneficiarse de esto a nivel tributario (en la redacción que salió del Congreso esta posibilidad queda excluida).
Pero también 11 pactadas por el PP con otras formaciones. Por ejemplo, la presentada conjuntamente con partidos como Junts o PNV para que se pueda seguir percibiendo la prestación por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave más allá de los 26 años, siempre que haya una gran dependencia y necesidades de cuidados continuos. Además, una decena de enmiendas propuestas por otros partidos han salido adelante gracias al apoyo del PP.
La realidad es que en el Congreso y en el Senado la relación de fuerzas políticas es distinta. Así que la última palabra la tiene el Congreso, que puede deshacer lo aprobado por el Senado. De hecho, la senadora socialista María del Lirio Martín ha defendido la “vuelta al texto original, que fue fruto del consenso”. Y la senadora Carla Antonelli (Más Madrid, partido que forma parte de Sumar, el otro socio en el Gobierno), ha afirmado que la reforma ha llegado a este pleno “peor de lo que entró en su día [procedente de la Cámara baja]” y ha asegurado que “saldrá adelante en el Congreso” sin las enmiendas del PP.
Por lo pronto, el Ejecutivo tiene derecho a veto de las enmiendas que impliquen un compromiso presupuestario. Por ejemplo, la que incluye el ámbito tributario al establecer una pasarela entre los grados de dependencia y discapacidad. Así que está previsto que esta y otras que acarreen compromiso presupuestario se caigan en el Congreso.
Como también lo hará, salvo que haya algún cambio de última hora, la referida a la prestación por cuidados de hijos gravemente enfermos, que permite a uno de los progenitores acogerse a una reducción de jornada de hasta el 99,9% y cobrar su sueldo íntegro. Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicaron la semana pasada que vetarán esta enmienda porque ya están trabajando en “una iniciativa legislativa” para revisar ese límite de edad y otras cuestiones, además de que están ultimando un reglamento para mejorar esta prestación.
En cualquier caso, y a falta de conocer qué modificaciones de las planteadas permanecen en la redacción final, el espíritu de ambas leyes no cambia. Esta modificación legal es un mandato de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que eliminó el término disminuido y encomendó a los poderes públicos que potencien la autonomía personal. Del proyecto de ley emana un cambio en el modelo de cuidados: que las personas puedan elegir sobre su proyecto de vida y decidir cómo ser cuidadas. Y que, si lo desean, puedan permanecer en sus casas, en sus entornos comunitarios, el mayor tiempo posible.
En la reforma de ambas leyes se reconoce la accesibilidad universal como derecho. También se crean nuevos servicios, como por ejemplo, los cuidados y apoyos en viviendas o el préstamo de productos para la autonomía personal (como andadores o sillas de ruedas eléctricas). Además, se mejoran otros ya existentes, como la posibilidad de que la ayuda a domicilio se expanda más allá de las propias casas de los usuarios y pueda darse en el entorno próximo, por ejemplo, para acompañarles al médico.
También se da la opción de que personas cercanas, aunque no sean familiares, puedan percibir una prestación económica por cuidados. Y se suprimen las incompatibilidades que introdujo el Gobierno del PP en 2012, algo que permitirá, por ejemplo, que una persona pueda recibir ayuda a domicilio y acudir a un centro de día.
El pasado julio, el Congreso, además de aprobar la reforma de ambas leyes, también convalidó el real decreto del Gobierno que eleva lo que se conoce como nivel mínimo de financiación, una de las vías para sufragar la ley de dependencia, y que consiste en una cantidad que el Ejecutivo transfiere a las comunidades autónomas por cada dependiente atendido. Este real decreto permitirá una gran entrada de dinero, y logrará que el Ejecutivo aporte en 2027 el 50% de lo que cuesta la ley, frente al 27% que aportó en 2024 (el resto corre a cargo de las autonomías), según ha explicado Derechos Sociales. Pero además, la obligación de que el Gobierno aporte la mitad de la financiación también se blinda por ley, dado que el proyecto de ley incorpora específicamente la obligación de la Administración General del Estado de aportar el 50% y las autonomías el otro 50%.
La medida constaba en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar, y también es una reivindicación de las autonomías (en los últimos años, especialmente las del PP). La financiación sigue centrando gran parte del debate. El PP ha criticado que el real decreto que aporta financiación no puede sustituir la memoria económica de la ley. “Basan su respuesta en un real decreto que, bien saben ustedes, es para cubrir las necesidades de la actual ley”, ha dicho el senador del PP Bienvenido de Arriba, quien ha pedido que se convoquen elecciones y ha afirmado que uno de los “mayores riesgos de cualquier política social” es la “frustración de quienes reciben una promesa, pero no una solución”.
Las senadoras de los partidos del Gobierno han recordado que nunca se había inyectado tanto dinero al sistema y que esta es una “reforma de país”. La socialista Marta Arocha ha asegurado que el PP y el PSOE tienen “dos modelos completamente distintos de entender el Estado de bienestar” y ha recordado que en 2012 el PP “trató por todos los medios de hacer desaparecer el sistema”, en referencia a los “más de 5.400 millones” en recortes. La senadora ha señalado que aquel año la Administración General del Estado aportó a la dependencia 1.380 millones de euros, frente a los 3.750 de 2025. Más allá de la financiación, habrá que esperar a la semana que viene para conocer si alguno de los cambios introducidos hoy se incorpora a la redacción final de la reforma.
Sociedad en EL PAÍS
