Los marroquíes se han echado a las costas en pleno agosto, ajenos en su mayoría a la mayor crisis migratoria registrada hace poco más de dos semanas en la frontera de Ceuta. Por millones escapan del ardiente interior del país, con temperaturas que rayan los 50°, hasta playas del norte como las de Castillejos, colindante con la ciudad autónoma española. Sus arenales rebosan de veraneantes de la pujante clase media surgida en las grandes ciudades durante el cuarto de siglo de reinado de Mohamed VI. Pero los bañistas tienen vetado el paso con afiladas concertinas, vallas y cañones de agua a presión policiales desde dos kilómetros al sur del espigón alambrado de El Tarajal, por donde hasta 80.000 migrantes irregulares irrumpieron entre el 30 y el 31 de julio por la frontera exterior de la UE ante la aparente inhibición de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno de Rabat traslada por distintos medios un rosario de quejas por no haber sido consultado sobre la regularización, la nacionalidad para los saharauis o la devolución en caliente
Los marroquíes se han echado a las costas en pleno agosto, ajenos en su mayoría a la mayor crisis migratoria registrada hace poco más de dos semanas en la frontera de Ceuta. Por millones escapan del ardiente interior del país, con temperaturas que rayan los 50°, hasta playas del norte como las de Castillejos, colindante con la ciudad autónoma española. Sus arenales rebosan de veraneantes de la pujante clase media surgida en las grandes ciudades durante el cuarto de siglo de reinado de Mohamed VI. Pero los bañistas tienen vetado el paso con afiladas concertinas, vallas y cañones de agua a presión policiales desde dos kilómetros al sur del espigón alambrado de El Tarajal, por donde hasta 80.000 migrantes irregulares irrumpieron entre el 30 y el 31 de julio por la frontera exterior de la UE ante la aparente inhibición de las fuerzas de seguridad.
El marroquí de a pie vive de espaldas a la crisis de Ceuta. Ni siquiera atrajo el interés de los miles de turistas locales de Castillejos (donde hace semanas que no quedan apenas habitaciones libres en los hoteles) la batalla campal librada el sábado por todo un ejército policial contra centenares de migrantes subsaharianos. Pretendían asaltar con ganchos y cadenas las sucesivas vallas y verjas de la frontera española. Ninguno lo logró y casi 300 de ellos acabaron detenidos y expulsados en autobuses fletados por las autoridades hacia el mismo tórrido sur del que huyen los veraneantes marroquíes que pasean en chanclas por la orilla del Mediterráneo. El dispositivo de vigilancia seguía este domingo, aunque con un despliegue de fuerzas rebajado.
Mientras prosiguen las vacaciones, el aparato de poder oficial ha hecho el agosto con un memorial de agravios con España no explicitado antes de que decenas de miles de jóvenes marroquíes irrumpieran en Ceuta desfilando por la playa de El Tarajal ante las fuerzas de seguridad que montaban guardia en la frontera. Marruecos recibe cada año más de 150 millones de euros de la UE para el control de los flujos migratorios hacia Europa, pero sus autoridades aseguran que gastan unos 500 millones en las tareas de vigilancia. Así lo trasladó a las agencias de prensa extranjeras un alto cargo gubernamental en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.
“Los marroquíes no han actuado de forma proactiva [en la crisis migratoria]”, considera Riccardo Fabiani, director para África del Norte del centro global de análisis International Crisis Group, citado por Reuters. “Esta situación me lleva a pensar en un fallo de gestión política”, precisa este experto. Rabat insiste en que alertó a España de que la sentencia del Tribunal Supremo que suspendía la vía de la expulsión inmediata o en caliente para los migrantes irregulares llegados por el mar a Ceuta iba a traer como consecuencia un formidable efecto llamada. La misma fuente gubernamental que se reunió con un sector limitado de la prensa extranjera en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Rabat admitió que de poco hubiera servido incrementar el despliegue de seguridad en la frontera de Castillejos el 30 y 31 de julio ante la avalancha y que una intervención directa habría causado daños a los migrantes.
Desde el ala más nacionalista de la coalición gubernamental, el Partido Istiqlal (Independencia), se señala a España por intentar “endosar la responsabilidad [de la crisis] a Marruecos con evidente mala fe”. Lo sostiene en su edición del fin de semana el diario L’Opinion, órgano de expresión del Istiqlal, que también destaca el contraataque lanzado por el Ejecutivo de Rabat.
“El ministro de Justicia, Abdelatif Uahbi, le ha cantado las verdades del barquero a la contraparte española”, proclama el mismo rotativo. “La política incoherente de pedir a Rabat que controle la inmigración [irregular] mientras regulariza a [más de medio millón de] sin papeles está causando problemas a Marruecos”, cita L’Opinion las declaraciones de Uahbi a la agencia Efe. “Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados”, cuestionó el ministro.
La regularización masiva de migrantes aplicada a finales de junio y la reforma legal introducida por una “jurisprudencia fronteriza” a comienzos de julio por una sentencia del Supremo son citadas también por el portal digital Barlamane como ejes del memorial de agravios de Marruecos frente a España, a la que se responsabiliza de haber “recompuesto el marco migratorio sin concertación conocida con Rabat”. Este mismo medio, considerado próximo a los servicios de inteligencia y de seguridad interior, agrega al rosario de quejas la legislación que ha avanzado el Parlamento español para la concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo bandera española (hasta la salida efectiva de las tropas coloniales) en el Sáhara, así como a sus descendientes directos. Esta normativa está previsto que sea aprobada inicialmente por el pleno del Congreso el mes que viene.
“Sin embargo, el Gobierno español ha seguido exigiendo a Marruecos que contuviera los flujos migratorios —mientras redefinía unilateralmente las condiciones de acogida y regularización en su propio territorio—, corriendo así el riesgo de perpetuar el desequilibrio que precedió al estallido en Ceuta”, recapitula así Barlamane el malestar de la estructura de poder en Rabat que está aflorando tras la avalancha sin precedentes del final de julio.

El mismo portal destaca el papel desempeñado por Uahbi, quien hasta ahora había permanecido alejado de cuestiones internacionales y diplomáticas, en la vindicación marroquí del presunto desequilibrio del statu quo migratorio a ambos lados del Estrecho. También recuerda que hay 969.000 personas con nacionalidad marroquí residiendo en la actualidad en España, que tiene “una persistente dependencia de la cooperación [migratoria] marroquí, sin haber “asociado a Rabat a sus decisiones, para garantizar el bloqueo migratorio de las puertas de Europa”.
El ministro de Justicia de Marruecos ha sido el encargado en el Gabinete de adoptar un perfil de confrontación política con España. Como uno de los principales líderes del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM, centro derecha), el ministro Uahbi está en campaña para las elecciones legislativas que se celebrarán el 23 de septiembre, en las que se perfila como ganador el candidato de esa fuerza política, Fuzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y ministro de Presupuestos.
Uahbi ha roto además un tabú vigente desde el giro dado por España en 2022 en favor de la tesis de autonomía para el Sáhara Occidental que propugna Rabat. Ha vuelto a referirse a Ceuta y Melilla como presidios ocupados. En declaraciones al canal saudí Asharq TV, resucitó desde su posición en el Gobierno una controversia que parecía estar hibernada desde hace cuatro años, al aludir a la necesidad de negociar “a largo plazo” entre ambos países el futuro estatuto de soberanía de ambas ciudades autónomas, reconocidas como frontera exterior de la Unión Europea. Al contrario que Gibraltar, administrado por el Reino Unido desde hace cuatro siglos, o el Sáhara Occidental, bajo control de Marruecos desde hace más de medio siglo, ni Ceuta ni Melilla son calificadas por Naciones Unidas como territorios “no autónomos” o pendientes de descolonización.
En la Reunión de Alto Nivel mantenida por España y Marruecos en Rabat en 2023, ambos países ratificaron el compromiso recíproco de evitar cualquier discurso u ofensa verbal sobre las respectivas soberanías territoriales, y no dar causa ni pretexto para malentendidos diplomáticos que alterasen la estabilidad bilateral. También se acordó la apertura de aduanas comerciales en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Las aduanas han sido abiertas, pero su tráfico comercial resulta insignificante, según las organizaciones empresariales de ambas ciudades autónomas. En el entendimiento de 2022 tras el volantazo sobre el Sáhara, la diplomacia española llegó a entrever un reconocimiento implícito de soberanía por parte de Marruecos sobre ambas plazas históricas norteafricanas.
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