PSOE y Sumar quieren acabar con la ventaja fiscal de la que disfrutan las llamadas socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). Según se conoció este lunes, el acuerdo entre los dos socios de Gobierno incluye suprimir el régimen por el que este tipo de empresas se benefician de tributar al 0% en el impuesto de sociedades. Alrededor de 120 compañías pueden verse afectadas, y perder la ventaja que disfrutan sus pares en otros 14 países europeos, si finalmente sale adelante esta modificación que previsiblemente se hará vía Presupuestos Generales del Estado para 2025. Una de las preocupaciones del sector inmobiliario es que esta medida del Gobierno expulse al capital internacional y pueda frenar las inversiones en activos como centros de datos, centros comerciales, plataformas logísticas, hoteles o en nueva oferta de viviendas.
Los socios del Gobierno proponen que estas empresas inmobiliarias paguen por el impuesto de sociedades. El sector ve peligrar inversiones en centros de datos, logística, centros comerciales, hoteles y viviendas
PSOE y Sumar quieren acabar con la ventaja fiscal de la que disfrutan las llamadas socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). Según se conoció este lunes, el acuerdo entre los dos socios de Gobierno incluye suprimir el régimen por el que este tipo de empresas se benefician de tributar al 0% en el impuesto de sociedades. Alrededor de 120 compañías pueden verse afectadas, y perder la ventaja que disfrutan sus pares en otros 14 países europeos, si finalmente sale adelante esta modificación que previsiblemente se hará vía Presupuestos Generales del Estado para 2025. Una de las preocupaciones del sector inmobiliario es que esta medida del Gobierno expulse al capital internacional y pueda frenar las inversiones en activos como centros de datos, centros comerciales, plataformas logísticas, hoteles o en nueva oferta de viviendas.
Estas sociedades fueron creadas por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. Pero el reglamento que las impulsó se desarrolló en 2012 bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata de una figura bastante implantada a nivel internacional bajo el nombre genérico de REIT (real estate investment trust o fondo de inversión inmobiliaria), que nació en Estados Unidos a finales de los años sesenta y que se ha expandido por casi todos los países de la OCDE.
Las socimis están dedicadas a arrendar propiedades de naturaleza urbana, no únicamente de vivienda. Invierten en la compra o construcción de edificios de oficinas, centros comerciales, centros de datos, hoteles, residencias de estudiantes y de mayores o plataformas logísticas. En el caso español, las más grandes principalmente son de actividad no residencial. Tienen como ventaja fiscal tributar al 0% (aunque con algunas excepciones). A cambio deben repartir al menos el 80% del beneficio en dividendo a sus accionistas, que sí están obligados a tributar. Además, tienen la obligación de cotizar en alguna Bolsa europea.
Un informe del despacho de abogados Clifford Chance realizado para este medio, con datos de la asociación europea inmobiliaria EPRA, recoge los países europeos donde existe esa exención. En Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Hungría, Lituania, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal cuentan con tipo cero para el impuesto de sociedades. En Grecia, a su vez, se aplica un tipo superreducido. El gobierno luso del entonces primer ministro socialista Antonio Costa se inspiró en 2019 en el éxito de la socimi española para crear las allí llamadas SIGI (Sociedades de Gestión e Inversión Inmobiliaria).
En España las socimis han tenido una muy rápida consolidación. Aparecidas sobre todo a partir de 2014, sirvieron para atraer inversión -tanto en compras como construcción de activos- en un mercado inmobiliario muy paralizado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Un informe de la asociación europea EPRA también indica que sirvieron para limpiar de activos tóxicos los balances de la banca europea.
Aunque en España estén exentas de pagar el impuesto de sociedades, la norma sí les obliga a tributar un 15% sobre el beneficio no distribuido (un cambio impulsado en 2021 por PSOE y Unidas Podemos) y un 19% sobre la proporción del accionariado de aquellos accionistas que tributen menos del 10% por sus dividendos. Empresas como Merlin Properties, la mayor del sector, pagó el año pasado 8,5 millones de euros en el impuesto de sociedades, un 8,8% de su resultado, según se recoge en las cuentas consolidadas de la firma de 2023.
Además, desde el sector se recuerda que estas empresas son una fuente muy relevante de ingresos para las Administraciones gracias a sus compraventas e inversiones a través de impuestos como AJD (actos jurídicos documentados), ITP (de transmisiones patrimoniales), IVA de alquileres, el IBI y tasas por licencias de obras. Por lo que, advierten, que un parón en esta actividad impactará directamente en las arcas públicas.
Consecuencias para el sector
Aunque el documento de PSOE y Sumar justifica la supresión del régimen fiscal en “que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”, según el documento conjunto de los socios, estas inmobiliarias se dedican a otras muchas inversiones. De hecho, una de las preocupaciones que circulaban ayer en el sector era si podían paralizar las inversiones en grandes activos como centros de datos, centros comerciales, plataformas logísticas, hoteles o, incluso, en construir nueva oferta de vivienda. Compañías como Merlin, por ejemplo, cuentan ahora con un plan de inversiones de 2.000 millones para levantar centros de datos en España.
“El capital extranjero va a dejar de venir”, alertaba una fuente empresarial, debido a que los inversores temen los cambios regulatorios y, sobre todo, hay decenas de países en el mundo donde destinar los recursos en este tipo de REIT sin impuesto de sociedades. Además, indica que la consecuencia inmediata será que estas empresas intenten mitigar el golpe fiscal con la subida de rentas (a empresas y familias, en el caso de la vivienda). La patronal de la socimis, llamada Asocimi y presidida por Javier Basagoiti, por su parte, rechazó hacer comentarios a este medio.
España se ha convertido desde 2013 en el país que más número tiene de este tipo de compañías. Aunque no es el principal mercado por capitalización, ya que muchas de ellas son pequeñas, como vehículos de patrimonios familiares que se benefician de las ventajas tributarias. En el país había 116 socimis cotizando a cierre del ejercicio 2023, según un reciente estudio de la consultora Atlas Value Management. Por capitalización, en conjunto, sumaban 25.575 millones. Entre las grandes del sector, además de Merlin, se encuentra Inmobiliaria Colonial (oficinas), Lar España (centros comerciales), Testa (viviendas), GMP (oficinas) o Montepino (logística).
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