José Luis Mateo (Palma, 1970) es consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad del Gobierno de Baleares desde el mes de julio. El hasta ese momento diputado del Partido Popular en el Parlamento, trata ahora de aplacar la crisis de la vivienda, especialmente agresiva en su territorio. Mateo, doctor en Derecho, es consciente de la gravedad del problema: “Tenemos muy claro que la caravana no puede ser una solución habitacional”, afirma por videollamada el consejero, que reside en la capital balear en una casa de su propiedad. Entre sus objetivos están ampliar el parque de alquiler asequible para residentes captando viviendas vacías y no descarta, si la Unión Europa abriera esa puerta, llegar a prohibir la compra de casas por parte de inversores extranjeros.
El consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad del Gobierno de Baleares reconoce que las soluciones a corto plazo son complicadas, pero confía en poder sacar al mercado en torno a 7.000 casas con alquileres asequibles gracias a un primer plan de choque
José Luis Mateo (Palma, 1970) es consejero de Vivienda, Territorio y Movilidad del Gobierno de Baleares desde el mes de julio. El hasta ese momento diputado del Partido Popular en el Parlamento, trata ahora de aplacar la crisis de la vivienda, especialmente agresiva en su territorio. Mateo, doctor en Derecho, es consciente de la gravedad del problema: “Tenemos muy claro que la caravana no puede ser una solución habitacional”, afirma por videollamada el consejero, que reside en la capital balear en una casa de su propiedad. Entre sus objetivos están ampliar el parque de alquiler asequible para residentes captando viviendas vacías y no descarta, si la Unión Europa abriera esa puerta, llegar a prohibir la compra de casas por parte de inversores extranjeros.
Pregunta. Recientemente los ciudadanos de Baleares se han manifestado por la crisis de la vivienda. ¿Qué piensa cuando ve estas protestas?
Respuesta. Somos muy conscientes de que el problema de la vivienda nos atañe a todos y nos tenemos que involucrar. Es un problema multifactorial, en el que además tiene que ver el tema insular porque somos un territorio limitado y eminentemente turístico, en el que el alquiler vacacional también juega un papel importante.
Tenemos muy claro que la caravana no puede ser una solución habitacional. Estamos abiertos a colaborar con el Gobierno de la nación y me parecería ridículo y una irresponsabilidad no sumar esfuerzos. Otra cosa es que, lógicamente, no compartamos algunas de esas soluciones, pero no compartir no significa no colaborar o no querer solucionar el problema.
P.El Parlamento aprobó en mayo una ley de medidas urgentes en materia de vivienda. ¿Qué contempla?
R. Las principales medidas de esta ley, que proviene del decreto de emergencia habitacional,son que puedan transformarse locales de negocio en vivienda, que se pueda dividir una vivienda grande o que determinados edificios puedan ampliar alturas, siempre estudiando la capacidad de carga.
Ojalá fuera posible, pero las soluciones a corto plazo son complicadas. En ese sentido, las dos primeras medidas ya pueden empezar a dar resultados, junto con el programa que acabamos de poner en marcha, Lloguer segur (Alquiler seguro), para conseguir pisos vacíos de particulares. Es una medida para los ciudadanos, de hecho, uno de los requisitos para ser inquilino es tener cinco años mínimo de residencia en Baleares.
P. Sin embargo, el Gobierno ha cuestionado la constitucionalidad de esta ley. ¿Se va a poder aplicar?
R. Por parte del Gobierno nos llegaron discrepancias sobre nuestra ley. El motivo es que el instrumento adecuado para tomar esas medidas corresponde a cada municipio a través de su planeamiento, pero si lo dejamos en manos de los ayuntamientos puede llevar cinco, seis o incluso diez años. El decreto ley de emergencia perdería su razón de ser, creemos que desde el Gobierno van a apreciar que estamos ante una medida de urgencia. Además, es importante decir que no es una normativa que se impuso a los ayuntamientos.
Y luego hay otro tema sobre el que se cuestiona la posible constitucionalidad: el registro obligatorio de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API). Es cierto que no tiene visos de prosperar; la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez nos dijo que era complicado mantenerlo porque desde Europa estaban siendo tremendamente estrictos con este tema.
P. ¿Cuál ha sido la respuesta de los ayuntamientos?
R. El 80% se ha sumado en mayor o menor medida.
P. ¿Hay cuantificadas cuántas viviendas podrían salir al mercado con este plan?
R. En este primer plan de choque, que incluye las iniciativas del decreto ley de emergencia más el programa build to rent, que es construir viviendas de alquiler a precios asequibles y que es de iniciativa público-privada, esperamos obtener 4.000 viviendas.
No me olvido, porque es importantísimo, de la promoción pública de vivienda en alquiler. Además, con el programa Alquiler Seguro pretendemos obtener de 2.000 a 3.000 casas que están vacías. Creemos que hay un porcentaje muy elevado de propietarios que no sienten seguridad jurídica suficiente para alquilar, que temen no poder cobrar la renta. En esas viviendas se fija un precio máximo de tasación por parte de los API y los administradores de fincas porque intentamos, en la medida de lo posible, evitar la especulación.
P. ¿Cómo se evita en este caso la especulación?
R. En Mallorca y Menorca, el precio máximo que un propietario puede cobrar al mes es de 1.500 euros. Y en el caso de Ibiza y Formentera se pone un límite mayor, 2.100 euros. La Administración asume un 30% del pago de la renta, de forma que lo máximo que puede pagar un inquilino en el caso de Mallorca y Menorca son 1.050 euros al mes, y en el caso de Ibiza y de Formentera, son 1.470 euros. Además, para evitar la especulación, los API y los administradores de fincas cobran una cantidad fija de 1.500 euros.
P. Baleares presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de vivienda. ¿De ninguna manera van a declarar zonas tensionadas en su región?
R. No, este es uno de los puntos que pusimos sobre la mesa en la reunión de trabajo con la ministra de Vivienda. Aquí nadie está inaplicando la ley de vivienda porque es la comunidad autónoma la que tiene competencias directas. Creemos que la medida de topar el precio del alquiler no ha dado resultados, acaba tensionando más el mercado y, por lo tanto, también aumentando los precios. Creemos más en incentivar al propietario.
P. Ha estado encima de la mesa en varias ocasiones la posibilidad de limitar la compra de viviendas por extranjeros. ¿Se aplicará?
R. El problema que nos encontramos es que en la actualidad la Unión Europea no lo ve aplicable. Pero si contáramos con el apoyo a todos los niveles, si desde Europa se otorga esa posibilidad, nosotros somos los primeros que la pondremos sobre la mesa.
P. ¿Existen incentivos fiscales o económicos para que los promotores hagan vivienda asequible?
R. Estamos explorando todas las vías, estamos pensando en incentivos, pero también me gustaría que quede patente una cosa: el problema de la vivienda es de todos y todos tenemos que abrocharnos el cinturón. Le decimos a constructores y promotores que el margen de beneficios se debe estrechar. La Administración pública está haciendo un esfuerzo no visto hasta la fecha.
P. Uno de los problemas de las islas es la vivienda turística, con un alto porcentaje de oferta ilegal. ¿Cómo lo van a combatir?
R. Estamos ante uno de los factores que influyen en la falta de vivienda. Es imprescindible la lucha contra la oferta ilegal. Por desgracia, durante los últimos ocho años se ha hecho muy poco, pero ahora los consejos insulares y los propios ayuntamientos se están mostrando implacables con medidas tremendamente severas y restrictivas. A esos propietarios les ofrecemos una salida, que es sacar la vivienda al mercado del alquiler de larga duración.
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