El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, prefiere optar por el realismo frente al alarmismo a raíz del bloqueo al negocio energético en Venezuela que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que afecta a la empresa española de lleno. “Seguimos con el diálogo abierto y fluido, y seguimos trabajando y estamos en relación directa con autoridades norteamericanas para ver si encontramos mecanismos para continuar con nuestra actividad, que nunca ha sido fácil”, ha declarado durante su intervención en un foro organizado por El Español.
El consejero delegado confía en llegar a algún acuerdo con Estados Unidos tras el veto a su negocio
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, prefiere optar por el realismo frente al alarmismo a raíz del bloqueo al negocio energético en Venezuela que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que afecta a la empresa española de lleno. “Seguimos con el diálogo abierto y fluido, y seguimos trabajando y estamos en relación directa con autoridades norteamericanas para ver si encontramos mecanismos para continuar con nuestra actividad, que nunca ha sido fácil”, ha declarado durante su intervención en un foro organizado por El Español.
Imaz ha recordado que Repsol lleva trabajando en Venezuela 32 años y que el 85% de su negocio en el país es gas natural y no petróleo. En cualquier caso, ha dejado claro una cosa: “Cumplimos con la legislación”, sea la venezolana como la de las normas internacionales. “Hemos estado en todo momento y estamos con la administración norteamericana”, ha especificado antes de incidir en que la empresa “siempre ha respetado y seguirá respetando” las sanciones que se decidan”. Eso sí, todo ello no quita para subrayar su confianza en que se logre algún tipo de acuerdo.
De acuerdo a las cuentas de 2024, Repsol produjo una media de 67 millones de barriles al día en ese país y cuenta con una exposición patrimonial al país de 504 millones de euros. EE UU, por su parte, es uno de los principales mercados para la compañía española y representa en torno al 4% de sus ingresos totales.
También en esas cuentas de 2024, explicaba que “ante la relajación de las medidas coercitivas de los Estados Unidos al Gobierno de Venezuela” firmó un acuerdo con PDVSA en 2023 para la empresa que comparten, Petroquiriquire, para incrementar la producción y facilitar el pago la deuda asociada a los activos conjuntos sin que le suponga inversiones adicionales para la compañía española. De hecho, la exposición al mercado venezolano es una las cuestiones sobre las que alerta el auditor en el informe financiero del ejercicio de 2024.
En ese informe, la compañía que pilota Josu Jon Imaz como consejero delegado especifica que EE UU terminó en abril del año pasado con la licencia general que otorgaba a las compañías petroleras a operar en Venezuela. También matizaba que en mayo obtuvo una dispensa especial para operar en el país. Esta ahora ha sido revocada, según una carta enviada por la Casa Blanca a la empresa española, que ha adelantado el Wall Street Journal. Un portavoz de la compañía ha declinado hacer comentarios.
En este contexto, Repsol había disparado su negocio con Venezuela en los últimos meses. En 2024, recibió más de tres millones de toneladas de crudo de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, el doble que el año anterior. Estas cifras hacen de 2024 uno de los ejercicios en los que más petróleo ha recibido Repsol de Venezuela en 20 años, al nivel de los números de 2015, 2014 y 2006.
La decisión de Washington de este domingo también incluye a la petrolera estadounidense Global Oil Terminals, propiedad del millonario y donante del Partido Republicano Harry Sargeant III, a la francesa Maurel et Prom. Estas compañías deberán poner fin a sus operaciones en Venezuela antes del 27 de mayo. La decisión de Washington afecta también a las licencias emitidas a empresas de gas venezolano que tengan relación comercial con la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Estos permisos fueron emitidos por el Departamento del Tesoro estadounidense bajo el formato de licencias, exenciones o cartas de conformidad para permitirles operar en Venezuela y exportar el petróleo de PDVSA sin que les afecten las sanciones impuestas por Washington.
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