El sector financiero admite la inspección a buena parte de sus miembros por parte de Hacienda sobre el pago del impuesto a la banca en 2023. El Santander, el BBVA, el Banco Sabadell y Bankinter reconocen en sus cuentas anuales que el erario público ha realizado una inspección sobre los conceptos que abonaron ese ejercicio por el gravamen, que sumaron unos 700 millones el año pasado. Unicaja ya admitió un impacto de 19 millones por esta cuestión, mientras que CaixaBank no hace una mención explícita a este asunto, si bien fuentes financieras indican que también está afectada.
Las entidades firman actas de disconformidad e inician una nueva batalla legal junto a los recursos por el impuesto
El sector financiero admite la inspección a buena parte de sus miembros por parte de Hacienda sobre el pago del impuesto a la banca en 2023. El Santander, el BBVA, el Banco Sabadell y Bankinter reconocen en sus cuentas anuales que el erario público ha realizado una inspección sobre los conceptos que abonaron ese ejercicio por el gravamen, que sumaron unos 700 millones el año pasado. Unicaja ya admitió un impacto de 19 millones por esta cuestión, mientras que CaixaBank no hace una mención explícita a este asunto, si bien fuentes financieras indican que también está afectada.
Las pesquisas de la Agencia Tributaria se han centrado en dos cuestiones que reclama que incluyan las entidades en su cómputo del impuesto. La primera es la inclusión de los cupones abonados por los bonos cocos (convertibles en capital si este baja de un determinado nivel) y que son parte de los instrumentos que los supervisores instan a los bancos a emitir para absorber pérdidas.
El otro elemento en cuestión es la consideración del negocio internacional. Tal y como se define en la ley, el impuesto a la banca grava en un 4,8% el margen de interés y las comisiones generadas por los bancos en España. En su inspección, la Agencia Tributaria fuerza a las entidades a hacer una interpretación muy estricta de ello, de modo que incluyan también aquellas operaciones de financiación realizadas en el extranjero y ejecutadas en la filial en España y solo dejen fuera del cálculo de la tasa a las que se ejecuten desde alguna de las sucursales en el extranjero. Igual consideración merecen las operaciones entre filiales que supongan ingresos para la sociedad en España desde filiales extranjeras. Según subrayan fuentes próximas a las entidades, este criterio supone un grave menoscabo a la capacidad de los bancos españoles para competir con sus pares extranjeros a la hora de financiar a grandes grupos internacionales.
Las fuentes consultadas apuntan a que la inspección sigue diferente ritmo en cada entidad. En el caso de Unicaja, en la presentación de resultados del tercer trimestre, ya reexpresó las cuentas para reflejar un impacto de 10 millones en 2024 y de 9 en 2023, para abonar 88,6 millones de euros en 2024 y a unos 72,8 millones en 2023.
Después, el Sabadell firmó el 30 de septiembre de 2024 actas de disconformidad sobre este asunto e indica que ha presentado alegaciones y el acta de liquidación está pendiente de emisión. Bankinter también indica que firmó actas de disconformidad en septiembre del año pasado, que tienen pendiente de resolver las alegaciones. Estos son los dos pasos previos para recurrir las sanciones por vía administrativa, un proceso que puede terminar en una decisión final de la Audiencia Nacional.
En el caso del Santander y el BBVA parece que el proceso está en un estado algo más embrionario. La entidad que preside Carlos Torres admite que el gravamen “está siendo objeto de comprobación por parte de la Administración Tributaria”. Fuentes del banco señalan que igualmente han firmado actas de disconformidad, que está pendiente de resolución. El Santander, por su parte, afirma que “en la Administración tributaria ha comprobado el ejercicio 2023 y considera que resulta exigible un importe adicional como consecuencia de discrepancias en los criterios aplicados en la determinación de la base imponible que están siendo discutidos por el banco”.
En las cuentas de CaixaBank no existe ninguna mención al respecto, pero fuentes financieras indican que también esta afectada por la cuestión. La única referencia en el informe financiero es más genérico sobre posibles pleitos fiscales: “Como consecuencia de las diferentes interpretaciones posibles que puedan darse a la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por entidades financieras, pueden existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente que no son susceptibles de cuantificación objetiva”.
El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha sido uno de los ejecutivos bancarios más contundentes contra el impuesto, al que ha llamado “tasa CaixaBank”. Tras conocerse las primeras informaciones sobre esta supuesta inspección, afirmó que el banco no espera “un impacto material” en sus resultados por esta cuestión.
En cualquier caso, se da por descontado que los bancos abrirán un nuevo frente legal con el Estado próximamente, tras haber recurrido tanto las entidades de forma individual como las patronales de forma colectiva el primer gravamen. También preparan recursos a la conversión de esta tasa en impuesto y su prolongación durante tres años más, que aprobó el Congreso a finales del año pasado. Entre los cambios introducidos está una escala en el tipo, de modo que los bancos más grandes abonen más, o la posibilidad de deducir una parte del impuesto de Sociedades por el pago de esta tasa.
Paradójicamente en este nuevo impuesto los bancos ven un asidero para ganar a la Agencia Tributaria en la inspección. Esto es que la nueva redacción del impuesto clarifica algunos asuntos, como precisamente el cómputo de los negocios extranjeros y los cocos. Los bancos argumentarán que si el Gobierno ha considerado aclarar este punto en la nueva redacción del impuesto es porque no estaba lo suficientemente bien explicado en la primera versión y que, por tanto, cabría la interpretación más laxa que han venido utilizando.
Según sus cuentas, el Santander ha abonado 559 millones en estos dos años por este impuesto. El BBVA, por su parte, ha pagado 510 millones, por 866 millones de CaixaBank. En cuanto a las entidades medianas, Sabadell ha abonado 347 millones; Bankinter, 172 millones, y Unicaja, 142 millones. En total, los seis bancos cotizados han pagado ya unos 2.600 millones en estos dos años, más del 80% de la factura total.
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