El Ministerio de Trabajo valora “positivamente” la propuesta que ha hecho este martes la patronal en la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI), subirlo un 3%, pero cree que no es “adecuada”. Y no lo es tanto por la cifra, que queda ligeramente por debajo de la banda baja que recomienda el informe de los expertos, como por los condicionantes que lleva aparejados. Según ha relatado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reclaman bonificaciones para el sector agrario y revisar las contratas públicas. “Son clásicos populares”, ha bromeado el número dos del ministerio, ya que son las mismas peticiones que el Gobierno no concedió el año pasado y que ya provocaron, aunque las cifras propuestas no estaban lejos unas de otras, que descarrilara el acuerdo a tres. Además, los sindicatos han rechazado la posición patronal con aún más insistencia, lo que parece alejar un pacto que incluya a las empresas. No sería ninguna novedad, ya que en los últimos cuatro incrementos tampoco participaron y los suscribieron solo el ministerio y los representantes de los trabajadores.
Los empresarios proponen una subida del 3%, bonificaciones para el campo y revisar contratas públicas. La semana que viene se celebra una tercera y, previsiblemente, última reunión
La Junta Directiva de CEOE ha decidido este miércoles su propuesta sobre cuánto debería crecer el salario mínimo interprofesional (SMI): un 3%, según fuentes conocedoras de la decisión. Es una subida que casi empata con la banda baja del informe de los expertos del Ministerio de Trabajo, que plantean un incremento del 3,4% o del 4,4%. La recomendación modesta de los expertos elevaría el SMI de 1.134 euros brutos en 14 pagas hasta 1.173 y la de los empresarios hasta 1.168, solo cinco euros menos.
La propuesta patronal supondría una leve ganancia de poder adquisitivo, de dos décimas, ya que los precios cerraron 2024 en un 2,8%. Asimismo, la patronal pedirá, como el año pasado, bonificaciones en las cotizaciones de las contrataciones agrarias (uno de los sectores con más afectación del SMI) e indexar los contratos públicos a la nueva subida. Es decir, que se tome en cuenta ese aumento de los costes laborales en las contrataciones públicas en vigor. Los sindicatos proponen un alza de entre el 5 y el 6%. Este miércoles por la tarde se celebra una nueva reunión en la que cada parte expondrá sus argumentos.
El informe de los expertos de Trabajo (académicos universitarios, de los sindicatos y miembros de Trabajo, Hacienda y Economía) propone una subida hasta 1.173 euros o hasta 1.184. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido un incremento en la banda alta, de 50 euros al mes.
Esta propuesta de los empresarios camina de la mano del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Es un documento suscrito por CEOE, Cepyme, UGT y CC OO, las patronales y los sindicatos más representativos de España, en el que marcan una guía sobre negociación colectiva. Son pautas de los jefes empresariales y sindicales para las personas que concretan cada nuevo convenio. Ahí se establece la siguiente senda de subida para las retribuciones: del 4% en 2023, el 3% en 2024 y otro 3% en 2025.
Díaz viene señalando que hay “margen para el acuerdo” tanto con los sindicatos como con los empresarios para cerrar un nuevo salario mínimo. Las cifras que plantean Gobierno y patronal parecen ir en esa dirección, pero las reclamaciones paralelas amenazan con encallar el entendimiento. Las centrales rechazaron las bonificaciones agrarias el año pasado y la indexación está casi descartada: aunque Trabajo apoyó públicamente esta petición patronal en la anterior negociación, Hacienda se negó rotundamente. Otro elemento a tener en cuenta es la prometida reducción de jornada, que implicaría otra subida de costes laborales para las compañías. Los empresarios vienen protestando, además, por el alza acumulada del SMI en los últimos años y por los niveles récord de incapacidad temporal. El ministerio y los representantes de los empleados han acordado los cuatro últimos incrementos, sin la participación de los empresarios.
Hay un factor más que condiciona las conversaciones: Hacienda baraja no elevar el mínimo exento de IRPF hasta el nuevo salario mínimo, lo que obligaría a los beneficiarios a pagar en el IRPF alrededor del 42% de la subida, sea cual sea. UGT ya ha dicho que rechaza esta posibilidad, mientras que CC OO se centra en reclamar que la subida neta asegure que el SMI alcanza el 60% del salario medio. Trabajo también pide a Hacienda que, como en años anteriores, eleve el mínimo exento. El departamento de María Jesús Montero indica que no tomará una decisión al respecto hasta que no se haya pactado el aumento, informa Pablo Sempere.
El SMI, que perciben en torno a 2,5 millones de trabajadores, ha crecido un 54% desde 2018, mucho más que los precios en el mismo periodo (19%), lo que se traduce en una enorme ganancia de poder adquisitivo para estos empleados vulnerables. El Gobierno lo ha subido de 736 euros brutos al mes en 14 pagas a 1.134. El compromiso del Gobierno, por escrito en el pacto de PSOE y Sumar, es que el SMI “seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio”. De momento no se ha modificado el Estatuto.
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